Elementos de la Secretaría de Marina abatieron en Sinaloa a Pedro Insunza Coronel, alias El Pichón, señalado como operador cercano a Chapo Isidro y buscado por autoridades de Estados Unidos. La dependencia informó que el enfrentamiento ocurrió durante recorridos de seguridad, cuando los uniformados fueron agredidos y respondieron al ataque. En la zona también se realizaron cateos vinculados al grupo criminal.

Asimismo, en una operación paralela fue detenido en España Alejandro Reynoso Jiménez, presuntamente relacionado con el CJNG y acusado de operar narcobodegas en Jalisco. Autoridades señalaron que su captura está ligada a actividades de exportación de precursores químicos y equipamiento usado en la producción de drogas sintéticas. Se destacó que ambos golpes podrían afectar estructuras operativas dedicadas al tráfico internacional.

Por otra parte, la Marina confirmó la detención de dos integrantes de la célula de El Pichón y el aseguramiento de armas, vehículos y droga. En los inmuebles cateados se localizaron laboratorios clandestinos con cristal, fentanilo y precursores químicos. La Semar afirmó que estos resultados contribuirán a disminuir la producción de sustancias ilícitas en la región.

Nuevos documentos de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) señalan que personal naval bajo el mando de Rafael Ojeda Durán —entonces jefe de la Octava Región Naval— participó en la alteración del basurero de Cocula y del río San Juan en octubre de 2014. Según el informe, los marinos manipularon bolsas y encendieron hogueras dos días antes de que aparecieran restos atribuidos a Alexander Mora Venancio, uno de los 43 normalistas desaparecidos.

La participación de la Marina en esas operaciones fue clave para cimentar la llamada “verdad histórica” presentada por la PGR de Jesús Murillo Karam y la AIC de Tomás Zerón. Esa versión oficial, hoy desacreditada, aseguró que los estudiantes fueron incinerados en Cocula y que no había pruebas de su paradero. La CoVAJ sostiene que se sembraron evidencias para sostener un relato que buscaba cerrar el caso con rapidez y deslindar al Ejército.

Un video entregado en 2021 muestra cómo marinos descargaron bultos en el basurero, los incineraron y después trasladaron restos al río San Juan. Pese a ello, la Secretaría de Marina respondió en 2020 que solo había dado seguridad perimetral a la PGR. Para los investigadores, la institución no solo vigiló, sino que intervino directamente en la manipulación del escenario del crimen.

Las revelaciones reavivan las dudas sobre la complicidad de mandos militares en el ocultamiento de la verdad. Aunque López Obrador defendió públicamente a Ojeda Durán en 2022, la CoVAJ advierte que la Marina aún guarda información crucial sobre lo ocurrido. A once años de la tragedia, la impunidad persiste y la exigencia de verdad y justicia sigue siendo una herida abierta para las familias y la sociedad mexicana.

Un expediente de la Fiscalía General de la República señala que Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda, pasaron de encabezar redes de contrabando de huachicol al narcotráfico. Según reportes de inteligencia y testimonios, al menos en 41 ocasiones bajo su mando se coordinaron funcionarios de la Agencia Nacional de Aduanas, personal portuario y mandos navales para facilitar el trasiego de hidrocarburos ilegales y drogas.

La investigación sostiene que ambos hermanos construyeron un control sistemático sobre las aduanas marítimas del país, utilizando su rango militar y el respaldo de altos mandos para encubrir operaciones criminales. La red habría operado en puertos estratégicos, donde se combinaban prácticas de corrupción institucionalizada con la participación de estructuras del crimen organizado.

El caso expone la fragilidad del modelo de militarización de las aduanas impulsado en el sexenio de López Obrador, que prometía frenar la corrupción y terminó cuestionado por su opacidad. La revelación obliga a preguntar si las fuerzas armadas están preparadas para tareas civiles sin replicar las mismas redes de poder que buscan combatir.

Durante la ceremonia previa al desfile militar por el 215 aniversario de la Independencia, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, afirmó que la institución dio un “golpe de timón” contra la corrupción y la impunidad. Reconoció que altos mandos navales estuvieron involucrados en el robo y tráfico de combustible, pero subrayó que “hubiera sido imperdonable callarlo”, al recalcar que la Marina actuó con honestidad y transparencia.

Ante la presidenta Claudia Sheinbaum, representantes del gabinete y delegaciones extranjeras, Morales aseguró que cualquier desafío será enfrentado con honor, lealtad y deber. Sin mencionar directamente a los implicados en la red de huachicol fiscal, sostuvo que la decisión de exponer los hechos fue un ejercicio de congruencia y compromiso con el pueblo, al reiterar que “la verdad nos fortalece y la justicia nos determina”.

El almirante destacó que con la Cuarta Transformación no hay marcha atrás en el combate a la corrupción y que la Marina seguirá siendo una de las instituciones más confiables del país. Sin embargo, el reto pendiente es profundo: más allá de los discursos, el verdadero desafío será evitar que estos esquemas ilícitos vuelvan a enquistarse en estructuras de poder, lo que pondría a prueba la credibilidad del Estado mexicano.

En Palacio Nacional, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, reportó que en once meses de la administración de Claudia Sheinbaum se han detenido más de 32 mil 400 personas por delitos de alto impacto. Además, se aseguraron 16 mil armas de fuego y 245 toneladas de droga, incluidas millones de pastillas de fentanilo.

El funcionario detalló que en coordinación con Ejército y Marina se desmantelaron mil 400 laboratorios clandestinos de metanfetamina en 22 estados. Con ello, el Gobierno sostiene que la violencia ha disminuido, destacando un descenso del 32 por ciento en los homicidios dolosos, con agosto de 2025 como el mes más bajo desde 2015.

Aunque los indicadores apuntan a una tendencia positiva, la verdadera prueba estará en si estas estadísticas se traducen en una percepción ciudadana distinta y en un entorno cotidiano más seguro para millones de personas.

La vinculación a proceso del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y de otros nueve marinos por presunta participación en una red de huachicol fiscal marca un momento decisivo para la Secretaría de Marina. Es un caso aislado: se trata de un golpe institucional que exhibe el intento constante de penetración del crimen organizado en estructuras de alto nivel.

El almirante secretario Raymundo Pérez Morales tomó la decisión de poner a disposición de la justicia a su propio personal, lo que se interpreta como un gesto de gran temple.

Reconocer que hay malos elementos no debilita a la institución: la fortalece. En contraste, el silencio y la omisión habrían prolongado el daño al prestigio de la Marina, que por años fue sinónimo de disciplina y confianza ciudadana.

La gravedad del caso obliga a revisar sistemas de control interno, procedimientos de supervisión y cadenas de mando. Las investigaciones de la FGR revelan cómo el huachicol fiscal operó con complicidades que involucraron a personal de aduanas, empresas privadas y mandos navales. El costo económico y político es inmenso: millones de litros de hidrocarburo evadidos y asesinatos de figuras clave que intentaron denunciar las irregularidades.

Sin embargo, el mensaje es claro: la Marina no se cubre los ojos. Sacar a la luz estas redes implica aceptar que hubo corrupción, pero también muestra que se actúa contra ella. En un país marcado por impunidad, que la Semar exponga y entregue a la justicia a sus propios cuadros es un paso duro pero necesario.

El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, fue detenido junto a su hermano Fernando por encabezar una red vinculada al llamado huachicol fiscal. La aprehensión, realizada el 2 de septiembre, lo convierte en el funcionario de mayor rango capturado durante la administración de Claudia Sheinbaum. La red combinaba complicidades de instituciones públicas y actores privados en la comercialización ilegal de combustibles.

La Fiscalía General de la República informó que las investigaciones derivaron de una denuncia del propio Ojeda y se extendieron por dos años, revelando la participación de empresarios, exfuncionarios aduanales y al menos cinco marinos en activo. En operativos recientes, también se aseguraron 10 millones de litros de combustible y decenas de vehículos.

El caso evidencia la magnitud del crimen organizado dentro de estructuras estatales y abre un debate sobre la corrupción en mandos de alto nivel. La pregunta crítica es si este golpe será suficiente para contener la infiltración de redes criminales en instituciones de seguridad.

El titular de la Secretaría de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, afirmó que el Gobierno federal mantiene una política de cero tolerancia a la corrupción. En conferencia del 7 de septiembre, defendió el prestigio institucional de la Semar y aseguró que no se permitirá impunidad en actos de servicio bajo ninguna circunstancia.

El mensaje ocurre tras la detención de 14 personas vinculadas con el contrabando de huachicol fiscal, operativo que derivó en el decomiso de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tampico, Tamaulipas, en marzo pasado. La operación fue uno de los mayores aseguramientos en la materia y evidenció la capacidad de coordinación federal.

Acompañado de Omar García Harfuch y Alejandro Gertz Manero, Morales Ángeles subrayó que enaltecer a la institución exige acciones firmes contra la corrupción. El desafío será sostener estos discursos con procesos judiciales efectivos que eviten percepciones de impunidad.