La red de huachicol fiscal que involucra al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna mostró con crudeza que la estrategia de militarizar puertos y aduanas no erradicó la corrupción. Aunque la medida del expresidente buscaba cerrar espacios al crimen organizado, cuatro años después emergen pruebas de complicidad entre mandos navales y redes de contrabando. La promesa de “cero impunidad” se revela como insuficiente.

El hallazgo de más de treinta buques con combustible ingresado con documentos falsos revela que los mismos espacios denominados “enclaves de corrupción” siguieron operando bajo esquemas de colusión. Empresas privadas, agencias aduanales y funcionarios fueron parte de un engranaje que debilitó la reputación de la Marina, hasta entonces la institución de seguridad con mayor confianza ciudadana. El golpe institucional es profundo.

Los casos recientes de violencia agravan el panorama: el asesinato del contralmirante Guerrero Alcántar y la muerte del capitán Jeremías Pérez exhiben que quienes denunciaban irregularidades o estaban inmersos en estas redes terminaron silenciados. Las investigaciones apuntan a un sistema robusto, sostenido por amenazas, sobornos y pactos de impunidad. Plata o plomo, como diría el cliché, sigue marcando las decisiones.

El reconocimiento público al temple del actual almirante secretario de Marina, que decidió entregar a mandos y personal involucrado, busca reconstruir confianza. Sin embargo, persiste la pregunta central: ¿puede una institución militar depurar su interior mientras administra áreas tan vulnerables al crimen? La ciudadanía espera señales de limpieza real, no discursos, en un país que ya no tolera más traiciones a su confianza.

La vinculación a proceso del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y de otros nueve marinos por presunta participación en una red de huachicol fiscal marca un momento decisivo para la Secretaría de Marina. Es un caso aislado: se trata de un golpe institucional que exhibe el intento constante de penetración del crimen organizado en estructuras de alto nivel.

El almirante secretario Raymundo Pérez Morales tomó la decisión de poner a disposición de la justicia a su propio personal, lo que se interpreta como un gesto de gran temple.

Reconocer que hay malos elementos no debilita a la institución: la fortalece. En contraste, el silencio y la omisión habrían prolongado el daño al prestigio de la Marina, que por años fue sinónimo de disciplina y confianza ciudadana.

La gravedad del caso obliga a revisar sistemas de control interno, procedimientos de supervisión y cadenas de mando. Las investigaciones de la FGR revelan cómo el huachicol fiscal operó con complicidades que involucraron a personal de aduanas, empresas privadas y mandos navales. El costo económico y político es inmenso: millones de litros de hidrocarburo evadidos y asesinatos de figuras clave que intentaron denunciar las irregularidades.

Sin embargo, el mensaje es claro: la Marina no se cubre los ojos. Sacar a la luz estas redes implica aceptar que hubo corrupción, pero también muestra que se actúa contra ella. En un país marcado por impunidad, que la Semar exponga y entregue a la justicia a sus propios cuadros es un paso duro pero necesario.