México registró en 2025 su mayor volumen histórico de importaciones de granos, con 40.7 millones de toneladas entre enero y octubre, según datos de la ANAM. El aumento, impulsado por un récord de compras de maíz amarillo y blanco, revela un fenómeno complejo que combina presión de la demanda interna, efectos de la sequía y distorsiones del mercado internacional. Aunque la Secretaría de Agricultura afirma que no hubo caída productiva significativa, expertos señalan que la sequía en estados clave como Sinaloa redujo rendimientos y elevó la dependencia del exterior.

El incremento del consumo de proteína animal —vinculado al alza del salario mínimo y a la salida de millones de personas de la pobreza— también elevó el uso de granos para forraje. A ello se suma la política de exención de aranceles del Pacic, que incentivó a grandes empresas a importar a menor costo. Analistas destacan que el maíz estadounidense, subsidiado y mayoritariamente transgénico, entra al país a precios más bajos que la producción nacional, creando una brecha que impacta a agricultores mexicanos y refuerza la dependencia de insumos externos.

Aunque México es autosuficiente en maíz blanco para consumo humano, la producción de maíz amarillo —clave para la industria alimentaria y pecuaria— no cubre la demanda. La falta de tecnificación y el bajo rendimiento por hectárea agravan este rezago: mientras Estados Unidos obtiene más de 11 toneladas por hectárea, México promedia menos de cuatro, con excepciones como Sinaloa. La vulnerabilidad hídrica también pesa: la escasez de agua para riego y el deterioro ambiental limitan la capacidad de expansión agrícola.

Especialistas coinciden en que, sin una estrategia de largo plazo que combine inversión en tecnificación, manejo sustentable del agua y fortalecimiento de pequeños y medianos productores, México seguirá expuesto a variaciones externas. El récord de importaciones, más que un dato aislado, es un síntoma de una dependencia estructural que el país aún no logra revertir.

Productores de maíz del Bajío retomaron anoche el diálogo con autoridades federales en la Secretaría de Gobernación, tras varios días de bloqueos carreteros en distintos estados. En la reunión con el titular de Sader, Julio Berdegué, y el subsecretario César Yáñez, plantearon cuatro demandas centrales para definir un precio justo del grano.

Los agricultores piden que el gobierno no oficialice el precio base de 5 mil 200 pesos por tonelada, planteado por la Sader, y solicitan fungir como intermediario con la industria para garantizar una tarifa equitativa. También exigen elevar el apoyo gubernamental de 850 a mil pesos por tonelada y establecer mesas permanentes de trabajo sobre las reglas de operación.

Como muestra de buena voluntad, liberaron parcialmente algunos bloqueos carreteros y anunciaron una tregua temporal. Sin embargo, advirtieron que, si no hay acuerdos en los próximos días, reanudarán las movilizaciones y podrían escalar las protestas a nivel nacional.