La Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados planteó 50 modificaciones a la nueva Ley General de Aguas y a la Ley de Aguas Nacionales, con el fin de acotar sanciones y precisar definiciones penales. Entre los ajustes, se establece que sólo se castigará la extracción ilegal del líquido, sin penalizar el desvío de cauces para uso doméstico o agropecuario familiar. También se introduce el dolo como criterio para determinar el robo de agua y se fija la proporcionalidad de las penas según el volumen sustraído.

El dictamen detalla sanciones que van de tres meses a cinco años de prisión según la gravedad del daño hidráulico y la cantidad involucrada. Para volúmenes menores de 50 mil litros, se prevén penas más bajas y multas de hasta 200 UMA, mientras que volúmenes superiores implicarán castigos mayores. La comisión explicó que los cambios buscan mayor precisión jurídica y evitar ambigüedades en la aplicación de la ley.

En paralelo, la presidenta de la Cámara, Kenia López Rabadán, recibió a representantes agrícolas, ganaderos y de servicios hídricos, quienes entregaron nuevas propuestas de ajuste. La legisladora llamó a las bancadas a mantener sensibilidad durante la discusión, que se llevará al pleno esta semana. Diputados de Morena señalaron que las reformas responden a la necesidad de sancionar casos graves sin criminalizar prácticas de subsistencia.

La Conagua aseguró que es falso que la reforma a la Ley de Aguas Nacionales impida heredar derechos de agua. Además, su titular, Efraín Morales, explicó que el binomio tierra-agua permanece garantizado y que los nuevos propietarios seguirán recibiendo títulos cuando adquieran una propiedad. Señaló que la iniciativa solo elimina la transferencia entre particulares para evitar el acaparamiento.

Asimismo, Morales afirmó que la herencia se ha usado como argumento de desinformación y que la reforma busca impedir la concentración de grandes volúmenes en manos de grupos con poder económico. Conectado con ello, detalló que también se prohibirán cambios de uso que desviaban concesiones agrícolas hacia desarrollos industriales o inmobiliarios. Aseguró que estos ajustes buscan ordenar y transparentar el sistema.

Por otra parte, anunció la creación de un registro público de aguas para conocer beneficiarios, volúmenes y condiciones de cada título. Además, informó que se fortalecerán sanciones contra el robo de agua y se creará un fondo de reserva para comunidades indígenas. Finalmente, indicó que la discusión continuará en la Cámara de Diputados, donde se analizan ajustes al dictamen.