Con 339 votos a favor, 100 en contra y 4 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo particular la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, enviada ahora al Senado para su análisis constitucional.

El dictamen incorpora cambios propuestos por Ricardo Monreal, entre ellos la reducción de la pena para servidores públicos que omitan denunciar casos de extorsión, que pasará de 10 a 20 años, a un rango de 5 a 12 años de prisión. También se añaden principios de interculturalidad e interseccionalidad, y se establece que la reparación del daño se realizará con recursos de extinción de dominio.

Durante el debate, legisladores del PAN y PRI criticaron la disminución de sanciones al considerarla un retroceso frente a la impunidad, mientras que Morena y PT defendieron la proporcionalidad penal y la creación de un marco único nacional contra la extorsión.