La ministra Lenia Batres volvió a impulsar ante la Suprema Corte un proyecto para que las indemnizaciones por muerte o incapacidad se calculen con la Unidad de Medida y Actualización. La propuesta, previamente retirada, reaparece sin modificaciones pese a cuestionamientos de especialistas y advierte que las reparaciones bajarían a alrededor de 565 mil pesos, frente a montos mayores cuando se usa el salario mínimo como referencia.

Asimismo, el proyecto busca resolver una contradicción entre criterios de las extintas salas del tribunal respecto a la desindexación salarial. Batres sostiene que su planteamiento responde al mandato constitucional de emplear la UMA para multas e indemnizaciones. Sin embargo, críticos señalan que esta interpretación reduciría la protección para víctimas de accidentes, negligencia médica o delitos, generando retrocesos en garantías ya consolidadas.

De aprobarse, el criterio podría convertirse en jurisprudencia obligatoria para tribunales federales y locales. Ello implicaría establecer montos de reparación uniformados a la baja en todo el país, con efectos directos para miles de familias afectadas. Especialistas advierten que el cambio favorecería estabilidad administrativa, pero limitaría el acceso a compensaciones proporcionales al daño sufrido.

La Suprema Corte analiza la posibilidad de reabrir procedimientos concluidos mediante la figura conocida como “nulidad de juicio concluido”, lo que ha generado debate dentro y fuera del ámbito judicial. La discusión tomó relevancia tras la postura de la ministra Lenia Batres, respaldada por Sara Irene Herrerías, Loretta Ortiz, Irving Espinosa y Hugo Aguilar. Según esta visión, el recurso podría ampliarse incluso en casos no previstos de forma explícita por la ley.

En contraste, especialistas y actores del sector jurídico advirtieron que permitir la revisión de sentencias firmes podría debilitar la seguridad jurídica y propiciar que asuntos ya resueltos vuelvan a litigarse. Además, señalaron que un cambio de este tipo podría afectar la confianza económica, la actividad empresarial y la percepción de estabilidad institucional en el país.

Durante la discusión, la ministra Loretta Ortiz anunció que presentará un proyecto para definir los límites y alcances de esta figura excepcional. Con ello, el Pleno continuará evaluando si la revisión de juicios cerrados puede aplicarse sin comprometer la certeza jurídica ni alterar la naturaleza definitiva de las resoluciones judiciales.

Durante la ceremonia de toma de protesta de Gilberto Bátiz García como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la ministra de la Suprema Corte Lenia Batres Guadarrama fue captada cabeceando y aparentemente dormida en plena sesión solemne, hecho que rápidamente generó comentarios en redes sociales.

El evento, realizado en la sede del Tribunal, reunió a ministros, magistrados, legisladores y autoridades electorales. Mientras Bátiz García exponía los ejes de su gestión —colegialidad, cercanía ciudadana y justicia con rostro humano—, cámaras de medios y asistentes notaron el momento en que la ministra Batres parecía dormitar por varios segundos.

La situación contrastó con el tono solemne de la ceremonia, en la que el nuevo presidente del TEPJF destacó su compromiso con la independencia judicial y la democracia. Hasta el momento, Lenia Batres no ha emitido comentario alguno sobre el incidente.

Durante la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la ministra Lenia Batres Guadarrama generó polémica al citar un reglamento municipal como fundamento para validar cobros locales, omitiendo la jerarquía constitucional de las normas. Su intervención fue corregida en el momento por la ministra María Estela Ríos González.

Batres sostuvo que el Reglamento Interior del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón era la “norma sustantiva” que permitía los cobros fiscales municipales, en lugar de la ley de ingresos correspondiente. Ríos le recordó que los reglamentos se encuentran subordinados a las leyes y a la Constitución, conforme a la pirámide de Kelsen.

El incidente desató nuevas críticas hacia Batres, quien ha sido señalada por su falta de rigor técnico en discusiones jurídicas. El episodio reaviva el debate sobre el nivel de preparación y el papel de los nuevos integrantes del máximo tribunal del país.