Un vehículo registrado a nombre de Javier Robles Aguirre, exalcalde de Rosarito y actual funcionario del Instituto de Servicios Educativos de Baja California, fue utilizado para quemar una patrulla de la Fiscalía estatal en la Unidad Antisecuestros de Tijuana. El ataque ocurrió la madrugada del domingo, apenas horas después de otro incendio provocado en las instalaciones de la FGE en Otay Centenario.

Las primeras indagatorias apuntan a que la camioneta GMC Acadia 2019, color azul y sin reporte de robo, circuló en la zona fronteriza previo al atentado. El caso revive las investigaciones contra Robles Aguirre, quien acumula averiguaciones por tráfico de influencias, fraude y peculado, además de aparecer como socio de una empresa sancionada por Estados Unidos por nexos con el Cártel de Sinaloa.

El exalcalde priista, con una trayectoria marcada por cargos públicos estatales y federales, mantiene vínculos empresariales con personajes identificados como operadores financieros de alto nivel del crimen organizado. El episodio coloca nuevamente bajo la lupa las conexiones entre estructuras gubernamentales y redes del narcotráfico, dejando un rastro de impunidad que erosiona la confianza ciudadana.