El caso de Irma Hernández, maestra jubilada y taxista asesinada en Veracruz, ha desatado indignación nacional. La mujer fue secuestrada el 18 de julio y apareció días después sin vida, luego de que se difundiera un video donde, de rodillas y rodeada de hombres armados, pedía a sus compañeros taxistas pagar “la cuota”. Las autoridades detuvieron a dos presuntos responsables.

La presidenta Sheinbaum prometió que no habrá impunidad. Sin embargo, evadió pronunciarse sobre la brutalidad del crimen y pidió esperar a que la fiscalía aclare los hechos. Aseguró que existe una estrategia contra la extorsión “que está dando resultados”, aunque el asesinato evidenció que los cobros del crimen organizado siguen imponiéndose en zonas controladas por grupos armados.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, llamó a denunciar los intentos de extorsión, mientras la fiscalía confirmó que Irma falleció tras un infarto provocado por agresiones. En el operativo se aseguraron armas, drogas y celulares, pero no se ha confirmado si hay más órdenes de aprehensión contra integrantes del grupo criminal.

El asesinato de Irma revive el debate sobre la violencia estructural en el transporte público y la inseguridad cotidiana. Organizaciones civiles y legisladores han acusado que el gobierno ignoró los riesgos que enfrentan conductores en zonas dominadas por el crimen. La respuesta institucional, hasta ahora, parece insuficiente.