Investigaciones federales revelaron que la empresa Ingemar manipulaba bitácoras de transporte para encubrir el tráfico ilegal de combustibles robados. Según la información, se registraban rutas falsas y volúmenes alterados con el fin de evadir controles y dar apariencia de legalidad a las operaciones.

La red habría operado con complicidad de transportistas y funcionarios, facilitando el movimiento de huachicol desde puntos de extracción clandestinos hasta centros de distribución. El caso se vincula con pérdidas millonarias para Pemex y riesgos ambientales por manejo inadecuado de hidrocarburos.

Este episodio muestra cómo el huachicoleo se sostiene con estructuras administrativas que ocultan su rastro. Sin supervisión estricta y sanciones efectivas, el delito seguirá drenando recursos públicos y comprometiendo la seguridad energética del país.