La elección judicial del pasado 1 de junio acumula 950 impugnaciones, según reportes del TEPJF e INE. De ellas, solo una ha sido resuelta a fondo, mientras que la mayoría fueron desechadas por improcedencia, extemporaneidad o falta de interés jurídico.

Este miércoles, la Sala Superior podría anular una magistratura penal en Nuevo León, luego de que el magistrado Reyes Rodríguez propusiera invalidar el resultado porque la candidata ganadora no acreditó el promedio de 9.0 requerido por convocatoria. El caso implicaría convocar a una elección extraordinaria.

En paralelo, el INE fiscaliza los gastos de campaña de más de 7,700 aspirantes, y detectó que al menos 600 no entregaron sus informes a tiempo. Si se confirma algún rebase, podrían imponerse multas o perder candidaturas. Además, una consultora fue sancionada por omitir su metodología en encuestas, mientras que se descartaron faltas en actos públicos donde participaron tres ministras.

Roberto Gil Zuarth advirtió que la 4T podría usar el mecanismo de cancelación de candidaturas judiciales con fines políticos. Según el ex senador, existe el riesgo de que el procedimiento se utilice para excluir perfiles incómodos, más allá de los casos con antecedentes criminales documentados.

La advertencia surge tras la solicitud del Congreso al INE para retirar a 26 aspirantes, algunos bajo investigación penal. Aunque se justifica una depuración real, Gil cuestiona los criterios poco transparentes que podrían abrir la puerta a decisiones discrecionales desde el poder.

Si bien se requieren filtros para evitar que el crimen organizado infiltre al Poder Judicial, usarlos como herramienta para consolidar control político socava la legitimidad del proceso. Convertir una necesidad institucional en un instrumento de exclusión partidista marcaría un grave retroceso democrático en la pretendida reforma de justicia.