El Instituto Nacional Electoral (INE) permitirá a los candidatos judiciales ganadores multados por aparecer en “acordeones” pagar sus sanciones en una exhibición o en abonos. La Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) informará a los sancionados; si no pagan a tiempo, la deuda se convertirá en crédito fiscal y será cobrada por el SAT. Esta flexibilidad busca facilitar el cumplimiento, evitando mayores complicaciones para los recién elegidos funcionarios.

El Consejo General del INE aprobó recientemente sanciones por 18 millones de pesos por irregularidades. De esta suma, 10.3 millones corresponden a contendientes federales. La UTF revisó más de 7,300 informes de campaña y detectó más de 8,000 faltas, pese a la prohibición de financiamiento público y donaciones. Las multas reflejan un riguroso monitoreo del proceso electoral, asegurando la transparencia.

La mayor parte de las multas, 4 millones de pesos, fue para jueces de distrito. Las sanciones para ministros de la Suprema Corte suman 1.1 millones de pesos, con multas individuales de hasta 255 mil. Se espera que estas decisiones sean impugnadas ante el Tribunal Electoral. Funcionarios del INE indicaron que se analizará la capacidad de pago de cada infractor, adaptando el proceso a sus posibilidades económicas.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ha decidido imponer multas reducidas a 176 juzgadores por el uso de “acordeones” en la reciente elección judicial. Ningún contendiente federal perdió su cargo, y solo cinco aspirantes locales fueron inhabilitados por otras irregularidades. Las multas equivalen al 10% del tope de gasto de campaña, pero se ajustarán a la capacidad de pago de cada implicado. Por ejemplo, el futuro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, pagaría 79 mil 424 pesos por apariciones en guías impresas y digitales.

Esta decisión provocó un intenso debate y una votación dividida dentro del INE. La consejera presidenta Guadalupe Taddei votó en contra, argumentando que el porcentaje de la sanción carece de sustento jurídico y corre el riesgo de ser desechado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Taddei y otros consejeros insistieron en que las guías fueron elaboradas por terceros sin un marco normativo claro.

En total, el INE acordó multas por 10 millones 364 mil 410 pesos para candidatos federales y 7 millones 975 mil 917 pesos para procesos locales. Más de 6 millones corresponden específicamente al caso de los acordeones.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que erradicar el racismo es una obligación por justicia y necesidad, y que se debe fortalecer el reconocimiento a la grandeza cultural de México y sus culturas originarias. Subrayó que la visión colonial de las castas debe quedar atrás, pues no hay razas entre humanos, sino orígenes étnicos distintos, lo que aún genera discriminación, racismo y clasismo.

Sheinbaum se refirió a la demanda del expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, quien busca eliminar de los libros de texto gratuitos un apartado sobre sus expresiones racistas hacia comunidades indígenas en 2015. Existe la posibilidad de que ministros fallen a favor de Córdova, lo que frenaría la distribución del libro “proyectos comunitarios”.

Al respecto, tras reproducir el audio de Córdova, Sheinbaum planteó esperar la resolución de la Suprema Corte. Sin embargo, advirtió que el episodio “lo vamos a seguir mencionando porque no vamos a olvidar”, reafirmando la necesidad de reivindicar la identidad nacional y rechazar cualquier mofa o violación a los derechos de los pueblos originarios.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) planea imponer sanciones económicas a 118 juzgadores electos por el uso de acordeones durante las votaciones del Poder Judicial de la Federación en junio pasado. Las multas oscilan entre 39 mil y 127 mil pesos, sin contemplar la remoción del cargo. La medida busca penalizar a candidatos, desde ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hasta jueces, que obtuvieron una ventaja indebida.

En el caso de la SCJN, el futuro presidente Hugo Aguilar Ortiz enfrentaría una multa de 39 mil 712 pesos, mientras que la ministra Loretta Ortiz recibiría la sanción más alta del grupo: 127 mil 508 pesos. Otros ministros como Yasmín Esquivel y Lenia Batres también serán multados. El Tribunal de Disciplina Judicial también verá a miembros penalizados, con multas que van de 133 mil a 146 mil pesos para figuras como Celia Maya y Bernardo Bátiz.

El INE considera los acordeones como una aportación prohibida, al beneficiar directamente a candidaturas ganadoras, y por ello propone una sanción del 10% del tope de gastos de campaña. Las multas se individualizaron según la capacidad económica y la exposición de los candidatos. Aunque Morena, PT y PVEM fueron investigados, las denuncias en su contra resultaron infundadas por falta de pruebas directas.

El INE presentó una hoja de ruta para analizar si es viable permitir el voto electrónico y por internet en todo México. Actualmente, este tipo de votación está limitado a mexicanos en el extranjero y a pruebas piloto con urnas digitales. Sin embargo, tras un fallo del TEPJF que ordena buscar opciones para personas con discapacidad, el debate se amplió a su posible uso generalizado en próximas elecciones.

Durante la sesión de la Comisión de Organización, representantes como Jaime Castañeda (Morena) expresaron cautela, señalando que cualquier ampliación debe tener base legal clara. Consejeros como Dania Ravel coincidieron en que la discusión no partió del INE, sino de un mandato judicial, y que es crucial delimitar su alcance.

El INE proyecta una estrategia a largo plazo (2025-2036), aunque advierte que debe evaluarse con rigor técnico, dado el riesgo de desigualdad tecnológica, vulnerabilidades de seguridad y la desconfianza histórica en los procesos electorales.

La agrupación Somos México, impulsada por el Frente Cívico Nacional y figuras de la Marea Rosa, avanza hacia su registro como partido político nacional. El proyecto, que adopta el nombre y logotipo SomosMX, busca representar a quienes no se identifican con el PAN, el PRI o Morena. Hasta ahora ha realizado 56 de las 200 asambleas distritales requeridas por el INE, y suma más de 40 mil afiliados, rumbo a los 262 mil necesarios.

Entre sus impulsores se encuentran Cecilia Soto, Emilio Álvarez Icaza, Guadalupe Acosta Naranjo, Edmundo Jacobo y Amado Avendaño. Con una línea de centro democrático, el partido busca aglutinar a ciudadanos de todas las regiones y causas sociales, incluyendo colectivos como madres buscadoras, padres de niños con cáncer y defensores del Poder Judicial.

De lograr el registro, SomosMX podría participar en las elecciones intermedias de 2027. Sus dirigentes aseguran que será un partido sin extremos ideológicos y con vocación ciudadana.

En respuesta al anuncio de una nueva reforma electoral por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, exconsejeros del IFE e INE, junto a académicos y periodistas, hicieron un llamado a diseñar “reglas del juego democrático” construidas por consenso y con legitimidad de origen. Rechazan cualquier intento de imposición legislativa.

En un pronunciamiento público, señalaron que la actual mayoría en el Congreso se consolidó mediante una “doble maniobra”: sobrerrepresentación en Diputados y presión política en el Senado. Advierten que reformar las leyes electorales en ese contexto compromete la normalidad constitucional y la confianza en las instituciones.

Entre las propuestas, destacan un Congreso más proporcional, con 250 diputados electos por mayoría y 250 por representación proporcional. En el Senado, plantean que todos los escaños se asignen por sistema proporcional. Además, exigen autonomía real, profesionalismo y financiamiento público equitativo, libre de recursos privados o criminales.

Los firmantes —como Lorenzo Córdova, José Woldenberg y Leonardo Valdés— insisten en que ninguna reforma debe ser unilateral. La legitimidad del voto, afirman, no nace sólo de las urnas, sino también de las reglas justas, compartidas y aceptadas por todas las fuerzas políticas. Una reforma impuesta, advierten, fracturaría esa legitimidad.En respuesta al anuncio de una nueva reforma electoral por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, exconsejeros del IFE e INE, junto a académicos y periodistas, hicieron un llamado a diseñar “reglas del juego democrático” construidas por consenso y con legitimidad de origen. Rechazan cualquier intento de imposición legislativa.

En un pronunciamiento público, señalaron que la actual mayoría en el Congreso se consolidó mediante una “doble maniobra”: sobrerrepresentación en Diputados y presión política en el Senado. Advierten que reformar las leyes electorales en ese contexto compromete la normalidad constitucional y la confianza en las instituciones.

Entre las propuestas, destacan un Congreso más proporcional, con 250 diputados electos por mayoría y 250 por representación proporcional. En el Senado, plantean que todos los escaños se asignen por sistema proporcional. Además, exigen autonomía real, profesionalismo y financiamiento público equitativo, libre de recursos privados o criminales.

Los firmantes —como Lorenzo Córdova, José Woldenberg y Leonardo Valdés— insisten en que ninguna reforma debe ser unilateral. La legitimidad del voto, afirman, no nace sólo de las urnas, sino también de las reglas justas, compartidas y aceptadas por todas las fuerzas políticas. Una reforma impuesta, advierten, fracturaría esa legitimidad.

La elección judicial del pasado 1 de junio acumula 950 impugnaciones, según reportes del TEPJF e INE. De ellas, solo una ha sido resuelta a fondo, mientras que la mayoría fueron desechadas por improcedencia, extemporaneidad o falta de interés jurídico.

Este miércoles, la Sala Superior podría anular una magistratura penal en Nuevo León, luego de que el magistrado Reyes Rodríguez propusiera invalidar el resultado porque la candidata ganadora no acreditó el promedio de 9.0 requerido por convocatoria. El caso implicaría convocar a una elección extraordinaria.

En paralelo, el INE fiscaliza los gastos de campaña de más de 7,700 aspirantes, y detectó que al menos 600 no entregaron sus informes a tiempo. Si se confirma algún rebase, podrían imponerse multas o perder candidaturas. Además, una consultora fue sancionada por omitir su metodología en encuestas, mientras que se descartaron faltas en actos públicos donde participaron tres ministras.

Roberto Gil Zuarth advirtió que la 4T podría usar el mecanismo de cancelación de candidaturas judiciales con fines políticos. Según el ex senador, existe el riesgo de que el procedimiento se utilice para excluir perfiles incómodos, más allá de los casos con antecedentes criminales documentados.

La advertencia surge tras la solicitud del Congreso al INE para retirar a 26 aspirantes, algunos bajo investigación penal. Aunque se justifica una depuración real, Gil cuestiona los criterios poco transparentes que podrían abrir la puerta a decisiones discrecionales desde el poder.

Si bien se requieren filtros para evitar que el crimen organizado infiltre al Poder Judicial, usarlos como herramienta para consolidar control político socava la legitimidad del proceso. Convertir una necesidad institucional en un instrumento de exclusión partidista marcaría un grave retroceso democrático en la pretendida reforma de justicia.