La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, afirmó que la entrega de propuestas de los 32 Oples a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral representa una defensa de su permanencia. Señaló que su labor es especializada y que la minuciosidad de los procesos locales sería imposible de replicar plenamente desde el ámbito federal.

Tras concluir las audiencias en 30 entidades, Taddei acompañó a representantes de los Oples para solicitar que se considere su papel en la instalación de casillas y conteo transparente de votos. Indicó que la propuesta colegiada del INE seguirá en discusión y destacó que habrá planteamientos consensuados y otros que se presentarán individualmente, conforme a la experiencia de cada consejería.

La consejera aclaró que el borrador filtrado la semana pasada era solo un insumo interno y que el documento final se trabajará en los próximos días. Consideró que aún están en tiempo, dado que la iniciativa podría discutirse en San Lázaro hasta febrero, pese a que el Ejecutivo prevé entregarla a mediados de enero.

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción se reunió con el titular del Órgano Interno de Control del INE, Víctor Hugo Carvente, para conocer los avances del organismo en materia de fiscalización, control interno y modernización administrativa. El presidente de la comisión, Ricardo Sóstenes Mejía, subrayó la importancia de mantener diálogo permanente sobre el desempeño institucional.

Carvente explicó que el informe expone resultados en temas como prevención, asuntos jurídicos, transparencia y protección de datos personales, además de la implementación de un nuevo modelo de fiscalización. Destacó que no se han requerido softwares externos y que el cumplimiento en declaraciones patrimoniales alcanzó cifras récord entre el personal del instituto.

En la ronda de intervenciones, diputadas y diputados solicitaron información sobre blindaje de datos, posibles responsabilidades administrativas, mecanismos contra clonación de credenciales y criterios para revisiones patrimoniales. También expresaron inquietudes sobre los retos que enfrenta el órgano interno para sostener procesos de fiscalización con recursos limitados y garantizar decisiones imparciales frente a crecientes exigencias públicas.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró improcedente la queja presentada por el Partido Acción Nacional (PAN) contra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por presuntos actos de promoción indebida durante su concentración en el Zócalo capitalino y en diversas entidades.

El órgano resolvió que se trata de un “acto consumado de manera irreparable”, por lo que no proceden medidas cautelares. En cuanto a los eventos estatales, determinó que se trata de “hechos futuros de realización incierta”. Además, señaló que la documentación presentada no demuestra relación directa entre los actos y la promoción del informe de gobierno.

El INE precisó que el posible uso indebido de recursos públicos deberá ser analizado por el Tribunal Electoral. En otro tema, partidos locales exigieron equidad presupuestal y representación en el Consejo General, al señalar que los partidos nacionales operan con “doble prerrogativa” en los estados.

Observadores electorales entregarán al INE un informe final donde acreditan prácticas irregulares en la elección judicial del 1 de junio. Entre los hallazgos se registraron reparto de acordeones dentro y fuera de casillas, acarreo, coacción del voto e incluso la presencia de funcionarios federales influyendo en el electorado. En total, se reportaron 488 incidentes en más de 51 mil casillas observadas.

Los testimonios describen desde votantes con acordeones enviados por WhatsApp hasta escrutadoras dictando cómo marcar boletas con apoyo de celulares. En algunos casos, se constató que ciudadanos votaban en pareja sin justificación, mientras en otros, presuntas funcionarias de programas sociales orientaban directamente a los asistentes durante simulacros y la jornada.

Las propuestas de los observadores piden prohibir el ingreso de propaganda y sancionar la inducción del voto mediante acordeones. El informe coloca al proceso bajo un fuerte cuestionamiento: ¿qué valor tiene la validación institucional si persiste la manipulación en la base misma de la elección?

El Instituto Nacional Electoral dio por concluido el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial con la entrega de 13 constancias de mayoría, alcanzando un total de 79 cargos asignados. La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, destacó que este ejercicio no fue solo una innovación, sino una evolución cultural que marca un precedente en la elección de integrantes de los tres poderes mediante voto popular.

Durante la sesión extraordinaria, Taddei subrayó que las constancias otorgadas representan un compromiso con la certeza jurídica y la voluntad ciudadana, al atender resoluciones del Tribunal Electoral en materia de nulidades, paridad de género e idoneidad académica. Enfatizó que todas las personas electas cuentan con idéntico valor jurídico y democrático, sin importar si su triunfo se definió en cómputo inmediato o tras revisión jurisdiccional.

El proceso, inédito en la historia nacional, consolida un nuevo modelo de legitimidad en el que la justicia se ejerce con base en el voto popular. No obstante, plantea el reto de que este avance no se limite a la forma, sino que también garantice independencia y confianza ciudadana en la práctica cotidiana del Poder Judicial.

El Instituto Nacional Electoral entregó constancias de mayoría a 45 ganadores de la elección judicial que no cumplían con los promedios mínimos en la licenciatura o en materias de especialidad. El Tribunal Electoral resolvió que el INE no tenía atribuciones para verificar ese requisito, por lo que las candidaturas fueron reconocidas oficialmente.

De las constancias otorgadas, 19 correspondieron a personas juzgadoras y 26 a magistrados y magistradas, en su mayoría beneficiados por criterios de paridad o por no alcanzar los promedios estipulados. Los nuevos nombramientos abarcan diversos circuitos judiciales en entidades como Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Puebla y Querétaro.

La consejera presidenta Guadalupe Taddei afirmó que la resolución acatada respalda la legalidad y equidad de género. Sin embargo, el hecho de que perfiles con calificaciones insuficientes asuman cargos judiciales plantea un dilema de fondo: ¿prevalece la igualdad formal sobre la exigencia académica mínima?

La Segunda Sala de la Suprema Corte concedió un amparo a Lorenzo Córdova para eliminar su mención en un libro de texto de sexto grado, al considerar que vulnera su derecho al honor. Sin embargo, la resolución no tendrá efecto en el ciclo escolar 2025-2026, pues los materiales ya fueron distribuidos.

La SEP informó que en la nueva edición impresa ya no aparece el nombre del exconsejero presidente del INE, sustituyéndose por la referencia a “un exfuncionario”, aunque la versión digital aún conserva la mención. La dependencia señaló que revisará la edición digital y acatará lo ordenado en posteriores publicaciones.

El caso reabre el debate sobre la responsabilidad de los contenidos educativos y su impacto en la imagen pública de figuras políticas. La precisión histórica y el respeto a derechos deben coexistir en los materiales escolares, evitando sesgos que distorsionen el aprendizaje y la memoria colectiva.

La Segunda Sala de la Suprema Corte concedió un amparo al exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, obligando a la SEP a eliminar una mención sobre él en libros de texto gratuitos. En el ejemplar de sexto año se afirmaba que Córdova “se mofa de los representantes de las naciones originarias”, lo que fue considerado por la Corte como una afectación a su derecho al honor.

Con tres votos a favor y dos en contra, se ordenó frenar la distribución de los libros y modificar su versión digital. El amparo fue promovido tras considerar que se mostraba al exfuncionario como “una persona discriminatoria y violenta”, sin su consentimiento, basándose en una grabación filtrada en 2015. La SEP retomó ese audio como ejemplo de discriminación, lo que generó controversia jurídica.

Aunque el caso apela al derecho a la reputación, también pone en juego el principio de educación crítica y objetiva. ¿Debe la memoria institucional proteger figuras públicas o cuestionarlas? La resolución de la Corte sienta un precedente incómodo para el debate público en los libros escolares.

Gerardo Fernández Noroña acusó a la oposición de evadir el debate sobre la reforma constitucional conocida como “la Barredora”, que busca desaparecer órganos autónomos como el INAI y el INE. Señaló que no han querido discutir porque “no tienen manera de justificar su cobardía” y aseguró que Morena impulsará esta transformación sin freno.

El diputado sostuvo que dichos organismos no sirven al pueblo y que deben ser eliminados para dar paso al segundo piso de la Cuarta Transformación. Ante la falta de acuerdos, advirtió que la mayoría oficialista avanzará sin modificaciones, confiando en que los votos y la legitimidad electoral alcanzan para imponer los cambios.

Lo preocupante no es solo la intención de reformar, sino el tono con que se pretende hacerlo. Si el Parlamento se vuelve un simple trámite, la democracia corre el riesgo de ser arrasada junto con las instituciones que hoy se buscan desaparecer.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, expresó su respaldo a la reforma electoral que Claudia Sheinbaum anunció como prioritaria. Aunque el contenido final aún no se conoce, Monreal argumenta que su bancada actua con “unidad y responsabilidad” para sacar adelante el proyecto en el Congreso.

La iniciativa contempla la reducción de legisladores plurinominales, ajustes al financiamiento público de los partidos y posibles cambios en la integración del INE. El morenista aseguró que la propuesta será revisada con apertura, pero bajo el compromiso de respaldar a la presidenta electa en sus reformas.

El respaldo automático de la bancada oficialista deja abierta la pregunta sobre el papel real del Congreso en este sexenio. Más que deliberación democrática, se vislumbra una maquinaria legislativa lista para obedecer, no para debatir.