El pueblo wixárika celebró que su ruta sagrada de peregrinación hacia Wirikuta fuera inscrita como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Sin embargo, el Consejo Regional Wixárika advirtió que la lucha no ha terminado: exigen que se cancelen todas las concesiones mineras nacionales y extranjeras en la Sierra de Catorce y el Bajío de Wirikuta, territorios que consideran sagrados y vitales para su cultura y espiritualidad.

En una conferencia realizada en el Museo Nacional de Antropología, el coordinador del Consejo, Maurilio Ramírez, denunció que las amenazas del extractivismo y la agroindustria siguen vigentes, con más de 78 concesiones activas en la zona. Aunque el INAH reconoció la importancia del sitio, evitó comprometer al gobierno a revocar dichas licencias, limitándose a mencionar que no se permitirán nuevas explotaciones.

El reconocimiento de la UNESCO es un paso histórico, pero los wixaritari insisten: no basta con los títulos. La defensa real del territorio sagrado exige acciones concretas del Estado.

El INAH busca que el Servicio de Protección Federal (SPF) asuma la seguridad de sus recintos a nivel nacional. Esta decisión surge por el incumplimiento de dos empresas privadas que no cumplieron con sus contratos de vigilancia, llevando incluso al cierre temporal de museos clave como el de Antropología. Diego Prieto, director del INAH, coordina este cambio con la Secretaría Anticorrupción, aunque el SPF podría ser más costoso.

La incapacidad de las empresas privadas generó una reducción del 40% de custodios en la Ciudad de México con mínimo ahorro. Tras los cierres, se reinstaló la Policía Auxiliar en la capital, mientras se busca rescindir los contratos privados. Si el SPF se concreta, las empresas perderían 27 contratos en el país, valorados en casi 198 millones de pesos.

Este movimiento plantea la necesidad de una seguridad más robusta para el patrimonio cultural nacional. Además, las mismas empresas aún brindan servicios al INBAL, lo que subraya la importancia de evaluar la eficacia de la contratación de seguridad privada en instituciones culturales.