El contralmirante Fernando Farías Lagunas, prófugo desde agosto, promovió un nuevo juicio de amparo para intentar detener la orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada vinculada al huachicol fiscal. El recurso fue presentado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Penal, dirigido a la jueza de control Nancy Selene Hidalgo. El juez Rubén Darío Noguera le dio cinco días para precisar los actos que busca impugnar, de lo contrario el amparo no será admitido.

Anteriormente, Farías había solicitado otra suspensión, misma que fue negada. Además, la Fiscalía General de la República solicitó una nueva orden de captura luego de que el marino no acudiera por segunda ocasión a comparecer en el Altiplano, donde sería imputado formalmente por integrar una red dedicada al tráfico ilícito de hidrocarburos.

Por otra parte, Farías es señalado como parte de una estructura de corrupción dentro de Semar que permitió el contrabando de combustible mediante 32 embarcaciones. En septiembre, 14 presuntos integrantes de la red —entre ellos su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna— fueron detenidos y vinculados a proceso.

La llamada “apertura del sector energético”, impulsada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, no solo fragmentó el monopolio estatal: también abrió la puerta al huachicol fiscal, una red de contrabando y evasión que floreció al amparo de la liberalización petrolera. Tras la reforma de 2013, cientos de terminales privadas comenzaron a operar sin controles eficaces, mezclando combustible legal con gasolina robada o de contrabando.

La Comisión Reguladora de Energía y la Secretaría de Energía autorizaron más de mil permisos entre 2015 y 2018 sin mecanismos de verificación sólidos. A partir de entonces, surgieron importaciones simuladas, exportaciones ficticias y un mercado negro que drenó miles de millones de pesos al erario. “El Estado perdió control efectivo sobre un sector estratégico”, resume el diagnóstico elaborado en 2018 por el nuevo gobierno federal.

Desde 2019, la estrategia para combatir el huachicol cerró ductos, canceló permisos irregulares y auditó operaciones. Sin embargo, el daño estructural persiste: la privatización desordenada debilitó la soberanía energética y fortaleció al crimen organizado, que encontró en las terminales privadas una nueva ruta de extracción y lavado.

Hoy, bajo la administración de Claudia Sheinbaum, se intenta revertir ese legado. Un grupo interinstitucional y un sistema digital de trazabilidad buscan seguir, en tiempo real, cada litro de combustible importado o vendido. El gobierno reporta 200 mil millones de pesos recuperados en ingresos fiscales, aunque el desafío es mayúsculo: desmantelar el negocio ilegal que nació de una reforma pensada, irónicamente, para “modernizar” al país.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación de un grupo interinstitucional para consolidar una base nacional de datos que dé seguimiento diario a la importación, producción y venta de combustibles. El propósito, explicó, es garantizar la trazabilidad y transparencia en toda la cadena energética.

Recordó que, conforme a la ley, Petróleos Mexicanos es la única empresa autorizada para producir combustibles en el país. Con la nueva plataforma, se busca detectar irregularidades, mejorar la supervisión del mercado y prevenir actos de corrupción en la distribución y comercialización.

Sheinbaum subrayó que la medida responde al hallazgo de un buque con huachicol en Tamaulipas el pasado marzo. Desde entonces, dijo, se reforzaron los protocolos de control en puertos y aduanas. Con este sistema, cada litro de combustible deberá tener un registro verificable desde su ingreso al país hasta su venta final, fortaleciendo la seguridad energética nacional.

La red de huachicol fiscal que involucra al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna mostró con crudeza que la estrategia de militarizar puertos y aduanas no erradicó la corrupción. Aunque la medida del expresidente buscaba cerrar espacios al crimen organizado, cuatro años después emergen pruebas de complicidad entre mandos navales y redes de contrabando. La promesa de “cero impunidad” se revela como insuficiente.

El hallazgo de más de treinta buques con combustible ingresado con documentos falsos revela que los mismos espacios denominados “enclaves de corrupción” siguieron operando bajo esquemas de colusión. Empresas privadas, agencias aduanales y funcionarios fueron parte de un engranaje que debilitó la reputación de la Marina, hasta entonces la institución de seguridad con mayor confianza ciudadana. El golpe institucional es profundo.

Los casos recientes de violencia agravan el panorama: el asesinato del contralmirante Guerrero Alcántar y la muerte del capitán Jeremías Pérez exhiben que quienes denunciaban irregularidades o estaban inmersos en estas redes terminaron silenciados. Las investigaciones apuntan a un sistema robusto, sostenido por amenazas, sobornos y pactos de impunidad. Plata o plomo, como diría el cliché, sigue marcando las decisiones.

El reconocimiento público al temple del actual almirante secretario de Marina, que decidió entregar a mandos y personal involucrado, busca reconstruir confianza. Sin embargo, persiste la pregunta central: ¿puede una institución militar depurar su interior mientras administra áreas tan vulnerables al crimen? La ciudadanía espera señales de limpieza real, no discursos, en un país que ya no tolera más traiciones a su confianza.

El exjuez federal Anuar González Hemadi, destituido en 2019 tras el polémico fallo en el caso Los Porkys de Veracruz, fue detenido junto a otras 13 personas por su relación con la red de huachicol encabezada por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna. De acuerdo con las investigaciones, González fungía como representante legal de Mefra Fletes, empresa implicada en el tráfico ilegal de hidrocarburos decomisados en marzo pasado.

Mefra Fletes había sido señalada desde 2020 por irregularidades en el transporte de combustibles y vinculada tanto al Cártel del Golfo como al CJNG. La compañía, con socios ligados a autoridades locales, incluso contaba con permisos de la Comisión Reguladora de Energía para mover gasolinas y diésel. La captura del exjuez confirma cómo actores políticos, judiciales y empresariales confluyen en estas redes criminales.

El caso exhibe no solo la fragilidad institucional frente al crimen organizado, sino la persistencia de corrupción en sectores clave de justicia y energía. La pregunta de fondo es si el Estado tendrá la capacidad real de depurar a quienes han usado el poder para alimentar economías ilegales que terminan minando la confianza pública.

El capitán de Navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez fue hallado muerto en su oficina en Tamaulipas, en un hecho que las autoridades han señalado como un presunto suicidio. El marino estaba implicado en una investigación por permitir la entrada de un buque con 10 millones de litros de combustible ilegal.

Pérez Ramírez fungía como director de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira y fue mencionado en expedientes de la Fiscalía General de la República como uno de los oficiales que habría recibido sobornos. Tras su muerte, la Secretaría de Marina lamentó el deceso y expresó condolencias, sin referirse directamente a su papel en la investigación.

Este caso se suma a una cadena de muertes ligadas al huachicol fiscal, entre ellas el asesinato de un contralmirante y el homicidio de una funcionaria de la FGR. Cada episodio evidencia la profundidad de una red de complicidad que golpea a las instituciones y exige respuestas firmes.

El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, fue detenido junto a su hermano Fernando por encabezar una red vinculada al llamado huachicol fiscal. La aprehensión, realizada el 2 de septiembre, lo convierte en el funcionario de mayor rango capturado durante la administración de Claudia Sheinbaum. La red combinaba complicidades de instituciones públicas y actores privados en la comercialización ilegal de combustibles.

La Fiscalía General de la República informó que las investigaciones derivaron de una denuncia del propio Ojeda y se extendieron por dos años, revelando la participación de empresarios, exfuncionarios aduanales y al menos cinco marinos en activo. En operativos recientes, también se aseguraron 10 millones de litros de combustible y decenas de vehículos.

El caso evidencia la magnitud del crimen organizado dentro de estructuras estatales y abre un debate sobre la corrupción en mandos de alto nivel. La pregunta crítica es si este golpe será suficiente para contener la infiltración de redes criminales en instituciones de seguridad.

Investigaciones federales revelaron que la empresa Ingemar manipulaba bitácoras de transporte para encubrir el tráfico ilegal de combustibles robados. Según la información, se registraban rutas falsas y volúmenes alterados con el fin de evadir controles y dar apariencia de legalidad a las operaciones.

La red habría operado con complicidad de transportistas y funcionarios, facilitando el movimiento de huachicol desde puntos de extracción clandestinos hasta centros de distribución. El caso se vincula con pérdidas millonarias para Pemex y riesgos ambientales por manejo inadecuado de hidrocarburos.

Este episodio muestra cómo el huachicoleo se sostiene con estructuras administrativas que ocultan su rastro. Sin supervisión estricta y sanciones efectivas, el delito seguirá drenando recursos públicos y comprometiendo la seguridad energética del país.

El tráfico de combustible ilegal entre México y Estados Unidos no es un delito aislado, sino una red transnacional que involucra a autoridades, empresas y crimen organizado. Cada año se pierden más de 60 mil millones de pesos por el robo físico de gasolina en México, y otros miles por el llamado “huachicol fiscal”, que opera mediante papeles falsos y contrabando técnico desde Texas.

En marzo, un barco proveniente de ese estado con más de 10 millones de litros de diésel de contrabando fue interceptado en el puerto de Tampico. El modus operandi: robar combustible en México, refinarlo en EE.UU. y devolverlo disfrazado de aditivos. Según la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, hay una red compleja de funcionarios, agentes aduanales y empresarios involucrados en este negocio de doble vía.

La DEA ha identificado a los grandes cárteles mexicanos como actores clave en este esquema: CJNG, Sinaloa y el Cártel del Golfo operan del lado mexicano. Del otro lado, no se ha informado de investigaciones o detenciones relevantes, pese a las alertas del Departamento del Tesoro estadounidense. La empresa Vitol, con historial de corrupción en varios países, figura entre las principales beneficiadas, pero hasta ahora ninguna cúpula empresarial ha sido sancionada.

El huachicol, en su versión física o fiscal, es hoy una de las industrias ilegales más rentables, y uno de los rostros más impunes del crimen organizado binacional.

32 personas fueron detenidas durante el desmantelamiento de una de las redes más grandes de robo de combustible en México. La operación, realizada por fuerzas federales y la Fiscalía General de la República, se centró en los estados de Puebla, Veracruz y Estado de México, donde se aseguraron tomas clandestinas, vehículos y equipo especializado.

De acuerdo con las autoridades, el grupo operaba desde hace años y extraía miles de litros de hidrocarburo al día, con ganancias millonarias. Entre los capturados hay funcionarios locales y empleados de Pemex, lo que apunta a una red con protección institucional.

El Gobierno federal calificó el golpe como un “avance estratégico” en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, expertos advierten que este tipo de estructuras se regeneran fácilmente mientras persistan la corrupción y la impunidad, especialmente en regiones donde el huachicol es una fuente alternativa de ingresos.