mié. Dic 31st, 2025

Bermúdez llega al Altiplano Exsecretario de Tabasco enfrentará proceso

Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, fue ingresado la noche del jueves al penal federal del Altiplano bajo un fuerte dispositivo de seguridad. El traslado desde Paraguay duró más de 30 horas, con escalas en Bogotá y Tapachula, donde la FGR le notificó la orden de aprehensión por delincuencia organizada y secuestro agravado.

Identificado por autoridades como presunto líder de “La Barredora”, brazo del CJNG, Bermúdez fue capturado el 12 de septiembre en Asunción y expulsado por el gobierno paraguayo. Se prevé que este viernes se realice la audiencia inicial en su contra y la de sus presuntos operadores.

El exfuncionario fue jefe de Seguridad en el gobierno de Adán Augusto López, quien negó haber recibido reportes sobre su conducta ilícita. El caso representa un golpe político y judicial de alto perfil, con implicaciones directas en la relación entre viejos aliados y el poder federal.

Rechaza proceso de extradición Exfuncionario tabasqueño seguirá preso en Paraguay

Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y señalado como líder de la célula criminal La Barredora, rechazó someterse a una extradición rápida a México. Durante la audiencia en Asunción, presidida por el juez penal especializado en crimen organizado, Osmar Legal, su defensa descartó acogerse al trámite voluntario que acorta tiempos judiciales.

El exfuncionario enfrenta acusaciones en México por asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, además de presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Fue detenido en Paraguay el viernes pasado y permanecerá bajo prisión preventiva en instalaciones de la Secretaría Nacional Antidrogas mientras se desarrolla el proceso ordinario de extradición.

La decisión de Bermúdez prolonga el litigio y refleja cómo los altos perfiles vinculados al crimen organizado recurren a marcos legales internacionales para dilatar su entrega. Más allá del procedimiento jurídico, la polémica subraya la fragilidad institucional de un país que ve a exfuncionarios de seguridad procesados por complicidad con la delincuencia que juraron combatir.