El titular de la Secretaría de Hacienda, Édgar Amador Zamora, informó que los ingresos tributarios del país crecieron 9.1 por ciento en términos reales, lo que representa 542 mil 82 millones de pesos adicionales, impulsados principalmente por el comercio exterior y el fortalecimiento de la recaudación.

Destacó que la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) ha sido clave para consolidar este crecimiento, lo que ha permitido que los ingresos públicos se mantengan sólidos y estables. En conjunto, los ingresos totales de la Federación registraron un avance de 4.6 por ciento.

Amador Zamora precisó que la meta de ingresos para 2026 asciende a 6.5 billones de pesos, lo que implica un incremento de 4.3 por ciento respecto al año anterior. Subrayó que este aumento se alcanzará sin crear nuevos impuestos, gracias a una mejora continua en la eficiencia recaudatoria y en el control aduanero.

El secretario de Hacienda, Édgar Amador, ratificó que no habrá reforma fiscal en el corto plazo. El mensaje tranquiliza políticamente, pero abre interrogantes financieros: con un PIB que apenas crecería 0.7% en 2025 y 1% en 2026, la recaudación no despegará sola. BBVA ya advirtió que México podría perder grado de inversión, lo que elevaría el costo del crédito y presionaría el tipo de cambio.

El problema estructural es el gasto rígido. Pensiones, programas sociales y deuda absorben casi todo el presupuesto, reduciendo al mínimo la flexibilidad para inversión pública. Sin ajustes, el crecimiento potencial se erosiona y la consolidación fiscal se vuelve inviable. El reto, entonces, no está en inventar nuevos impuestos, sino en usar con inteligencia los recursos ya disponibles.

La vía intermedia sería un “paquete mínimo creíble”: disciplina en el déficit, blindaje de inversión y mantenimiento, fortalecimiento del cumplimiento tributario y gestión activa de activos públicos. Auditorías masivas, control de facturación falsa y fiscalización aduanera podrían sumar hasta 1.5% del PIB. Con ello se ganarían años de oxígeno sin reforma estructural.

Pero los márgenes son estrechos. Si la recaudación no llega o el entorno global se complica, el dilema regresará: emprender una reforma fiscal impopular o enfrentar una crisis. El costo de la evasión y de los proyectos con baja rentabilidad ya no puede ser ignorado. La SHCP debe convencer con resultados, no con discursos.

Un total de 290 jueces y magistrados federales denunciaron que el gobierno de Claudia Sheinbaum no ha liberado los recursos destinados a sus indemnizaciones tras salir del Poder Judicial. Aunque los fondos fueron transferidos desde abril a la Tesorería de la Federación, calculan que más de 880 juzgadores permanecen sin recibir compensación, lo que podría representar hasta 2,500 millones de pesos retenidos.

Los impartidores de justicia recordaron que la reforma constitucional garantizó el pago de tres meses de salario íntegro más veinte días por cada año de servicio, con cargo a los fideicomisos del Poder Judicial. Además, señalaron que, por mandato de la misma reforma, se les prohibió ejercer su profesión durante los próximos dos años, lo que agrava su situación económica.

El reclamo coloca al gobierno frente a un dilema político y financiero: cumplir de inmediato con la obligación establecida en la Constitución o mantener retenidos los recursos y con ello abrir un flanco de desconfianza hacia la reforma judicial recién aprobada.