El gobierno federal anunció que impulsará la tipificación del acoso sexual como delito grave en todo el país, con el propósito de homologar las sanciones y fortalecer la protección hacia las mujeres. La medida busca generar un marco jurídico uniforme que permita atender de manera más efectiva este tipo de conductas.

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, explicó que actualmente en 19 estados existen criterios amplios para sancionar este delito con diversas agravantes, mientras que en nueve entidades el tipo penal no se ha fortalecido y en cuatro no se establece con claridad qué constituye acoso o abuso sexual.

Asimismo, Hernández informó que se desarrolla un Plan Integral contra el Abuso Sexual, cuyo objetivo es fortalecer la respuesta institucional y social, garantizar el acceso a la justicia y promover un cambio cultural. También se impulsará la denuncia ciudadana mediante la línea 079 para atención inmediata a víctimas.

Durante el primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum, la estrategia de seguridad logró reducir en promedio 27 homicidios diarios respecto al año anterior, informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. En conferencia matutina, destacó la detención de más de 34 mil personas ligadas a delitos de alto impacto, así como el aseguramiento de 17 mil armas de fuego y 283 toneladas de droga.

El funcionario explicó que estos resultados son producto de la coordinación interinstitucional y del trabajo de inteligencia que ha permitido desmantelar mil 564 laboratorios en 22 estados, además de golpear las finanzas de organizaciones criminales. Subrayó que la Guardia Nacional cuenta con 133 mil elementos desplegados en zonas sin policías estatales.

Por su parte, Marcela Figueroa, titular del SESNSP, informó que entre septiembre de 2024 y 2025 los homicidios dolosos bajaron 32%, con reducciones mayores al 50% en Zacatecas, Chiapas, Estado de México y Quintana Roo.

El titular de la Secretaría de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, afirmó que el Gobierno federal mantiene una política de cero tolerancia a la corrupción. En conferencia del 7 de septiembre, defendió el prestigio institucional de la Semar y aseguró que no se permitirá impunidad en actos de servicio bajo ninguna circunstancia.

El mensaje ocurre tras la detención de 14 personas vinculadas con el contrabando de huachicol fiscal, operativo que derivó en el decomiso de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tampico, Tamaulipas, en marzo pasado. La operación fue uno de los mayores aseguramientos en la materia y evidenció la capacidad de coordinación federal.

Acompañado de Omar García Harfuch y Alejandro Gertz Manero, Morales Ángeles subrayó que enaltecer a la institución exige acciones firmes contra la corrupción. El desafío será sostener estos discursos con procesos judiciales efectivos que eviten percepciones de impunidad.

El gobierno federal anunció una reorganización de su estrategia de seguridad nacional, enfocada en fortalecer la coordinación entre fuerzas armadas, policías estatales y autoridades locales. El objetivo es mejorar la respuesta ante delitos de alto impacto y reducir la violencia en zonas prioritarias.

El nuevo esquema contempla centros regionales de mando, intercambio constante de información y operativos conjuntos para desarticular redes criminales. También se impulsará la capacitación y equipamiento de corporaciones estatales y municipales.

Aunque la medida busca mayor eficiencia, expertos advierten que la coordinación institucional por sí sola no resolverá las causas estructurales de la inseguridad. Sin un enfoque integral que atienda desigualdad y corrupción, los ajustes podrían quedarse en el terreno operativo.

El gobierno federal enfrenta una presión financiera creciente por la deuda de Pemex, quien debe pagar más de medio billón de pesos antes de marzo de 2026. Aunque el pasivo es de la petrolera, si ésta no cumple, Hacienda deberá absorber el golpe emitiendo más deuda pública. La operación más reciente, vía el fideicomiso Eagle Funding, busca colocar entre 7 y 10 mil millones de dólares para ganar tiempo.

El costo de estos rescates ya es evidente: de 2018 a 2025 la deuda del gobierno federal creció 7.6 billones de pesos, en buena parte por los apoyos a Pemex. La deuda pública pasó del 33.5% al 45% del PIB. Expertos advierten que el esquema es insostenible y pone en riesgo la estabilidad fiscal del país.

Aunque se han reducido impuestos a Pemex y transferido fondos especiales, Hacienda admite que esas medidas son paliativas. Pemex sigue sin generar los recursos que necesita.