La presencia de Edson Saúl Andrade Lemus como uno de los principales convocantes de la marcha atribuida a la generación Z modificó la lectura inicial del evento. Documentos oficiales confirman que trabaja para el PAN de la Ciudad de México y recibe pagos del Congreso capitalino por manejar redes sociales de diputadas del blanquiazul. Su perfil profesional desmonta la idea de una convocatoria juvenil espontánea y apunta a una movilización impulsada desde estructuras partidistas.

Entre 2021 y 2024, Andrade acumuló contratos por más de 647 mil pesos, además de un convenio vigente por el que cobró más de 250 mil pesos en los primeros meses de 2025. Fuentes internas señalan que operaba una red de bots destinada a incrementar artificialmente el alcance digital de legisladoras. Fotografías y registros públicos lo muestran acompañando a figuras panistas en informes legislativos, actividades de Acción Juvenil y actos de campaña, incluidas las del exalcalde Santiago Taboada.

La dirigencia nacional del PAN admitió que Andrade mantiene contratos con el partido, aunque negó relación con la marcha del 15 de noviembre. Morena difundió información adicional sobre pagos superiores a dos millones de pesos anuales por servicios de estrategia digital, lo que amplió el debate sobre financiamiento, operación y coordinación política dentro del blanquiazul. Estos datos fortalecen la percepción de una intervención organizada y no de un llamado ciudadano aislado.

El caso abre una discusión más amplia sobre el uso de recursos públicos, la manipulación del entorno digital y la apropiación de identidades generacionales para fines partidistas. También evidencia la influencia creciente de operadores profesionales en la disputa política de la capital. Para una ciudadanía que consume información a gran velocidad, la opacidad en estas operaciones exige nuevas reglas de transparencia y monitoreo.

El creciente debate sobre la generación Z mexicana ha revelado un panorama menos explosivo de lo que suelen sugerir ciertos discursos políticos. Aunque se anticipan movilizaciones juveniles, la evidencia muestra que gran parte del descontento atribuido a este grupo ha sido amplificado por actores partidistas. Datos recientes sugieren que los jóvenes, lejos de encabezar una rebelión, mantienen niveles moderados de inconformidad institucional.

Las encuestas regionales permiten dimensionar mejor este fenómeno. México se ubica entre los países donde la juventud reporta menor desconfianza hacia el Gobierno federal, una tendencia que contrasta con los niveles históricos registrados apenas hace unos años. Esta variación coincide con una mayor cercanía ideológica entre jóvenes y oficialismo, así como con una valoración relativamente positiva de instituciones clave como el Congreso, el poder judicial y el instituto electoral.

A pesar de ello, la generación Z no es ajena a los desafíos del país. La inseguridad aparece como una preocupación persistente, aunque no constituye su principal motor de movilización. Para muchos jóvenes, la prioridad se ubica en la economía cotidiana: salarios bajos, empleos inestables y dificultades crecientes para acceder a vivienda o construir proyectos de vida sostenibles en un entorno cada vez más restrictivo.

Este contexto sugiere que las narrativas sobre crimen tienen alcance entre menores de 28 años. Movilizarlos requiere entender sus preocupaciones centradas en bienestar, acceso a oportunidades y estabilidad. La generación Z no demanda castigos ejemplares, sino condiciones que permitan planear futuro. Atender esa agenda será determinante para cualquier proyecto político que aspire a representarlos.

A lo largo de la historia, distintos regímenes han entendido que influir en las juventudes es una vía rápida para moldear el rumbo político. Hoy no se necesitan adoctrinamientos escolares ni grandes aparatos propagandísticos: basta con estrategias digitales afinadas, una narrativa convincente y un grupo dispuesto a apropiarse de causas legítimas para fines particulares.

En México, la irrupción del supuesto movimiento “Generación Z” ilustra bien ese fenómeno. La protesta presentada como espontánea y juvenil ha sido vinculada, según una investigación reciente del periodista Áyax, con operadores del PRI. Las piezas de propaganda, coordinadas desde cuentas afines a la derecha, hablan de jóvenes, pero rara vez incluyen a uno frente a cámara. La identidad generacional se utiliza como disfraz, no como representación real.

El homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, permitió a estos grupos capitalizar una demanda justa —el rechazo a la violencia— para empujar un mensaje político dirigido contra los gobiernos de la 4T. La estrategia es simple: tomar un reclamo legítimo, vaciarlo de contexto y usarlo como punta de lanza emocional.

Protestar forma parte del desarrollo político de cualquier juventud. Lo preocupante es cuando la inconformidad se manipula desde fuera para fabricar un movimiento que aparenta autenticidad, pero responde a intereses ajenos a quienes dice representar.

La verdadera Generación Z —la que estudia, trabaja, protesta y participa sin consignas prestadas— merece algo mejor que una identidad usurpada para hacer politiquería.