Tras 19 años en prisión preventiva y sin sentencia, Israel Vallarta fue liberado este jueves por orden de un juez federal. Acusado de secuestro y vinculado al caso Florence Cassez, su detención en 2005 fue transmitida en televisión nacional como un montaje armado por autoridades y medios. Desde entonces, su proceso estuvo plagado de irregularidades.

El juez resolvió que Vallarta fue víctima de tortura y que las pruebas obtenidas bajo ese contexto no podían sostener su reclusión. La Fiscalía General de la República confirmó su liberación, aunque subrayó que el proceso penal continúa en curso. La defensa y organismos de derechos humanos llevan años exigiendo su liberación por violaciones al debido proceso.

Aunque el fallo no lo declara inocente, sí reconoce que mantenerlo en prisión violaba derechos fundamentales. La decisión ocurre más de una década después de que la Suprema Corte liberara a Florence Cassez por motivos similares, mientras Vallarta permanecía encarcelado sin sentencia ni juicio justo.

Este caso revive las críticas contra el uso de la prisión preventiva como castigo anticipado y la fabricación de culpables como herramienta del poder. A casi veinte años de su detención, la liberación de Vallarta obliga a cuestionar cuántas otras personas siguen atrapadas en procesos viciados por tortura, montaje y desinformación.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, presentó una denuncia penal ante la FGR contra el presidente López Obrador, Claudia Sheinbaum, Mario Delgado y otros líderes de Morena. Los acusa de haber intervenido ilegalmente en el proceso electoral pasado, violando principios constitucionales de equidad y neutralidad.

Según Moreno, los señalados utilizaron recursos públicos y sus cargos para favorecer a candidatos de Morena, lo que representaría delitos electorales y uso indebido del poder. También responsabilizó al vocero presidencial, Jesús Ramírez, de difundir propaganda ilegal desde Palacio Nacional.

Aunque parece una estrategia poselectoral para reposicionarse políticamente, la denuncia pone sobre la mesa un debate pendiente: ¿quién vigila a los que gobiernan cuando ellos mismos son parte del juego electoral? La instrumentalización del poder público para fines partidistas es una vieja práctica que sigue vigente.

Ulises Pinto Madera, alias ‘El 88’, señalado como uno de los líderes de La Barredora, obtuvo una suspensión de plano que prohíbe a las autoridades federales torturarlo, incomunicarlo o someterlo a malos tratos. Fue detenido en el Aeropuerto de Guadalajara por la Marina y fuerzas estatales.

El juez federal otorgó la medida tras una demanda de amparo presentada por el propio Pinto contra la FGR. A pesar de que existe una orden de aprehensión en su contra por asociación delictuosa en Tabasco, el recurso obliga a las autoridades a garantizar sus derechos humanos durante su proceso.

‘El 88’ es considerado operador cercano a Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad de Tabasco, prófugo y presunto fundador de La Barredora. Su captura reaviva las críticas sobre las redes criminales dentro de cuerpos policiacos. La justicia mexicana sigue sin esclarecer cuántos de sus altos mandos están realmente comprometidos con el Estado de derecho.

Desde febrero de 2025 existe una orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, por presuntos delitos de secuestro, extorsión y asociación delictuosa. Así lo confirmó Omar García Harfuch, actual titular de la SSPC, durante la mañanera presidencial.

El exfuncionario, cercano a Adán Augusto López, está ligado al grupo criminal La Barredora. Su caso se abrió en noviembre de 2024, y desde entonces permanece prófugo. Con apoyo de la FGR y la Interpol, se activó una ficha roja para su búsqueda. El gobierno afirma que ya fueron detenidos varios operadores del grupo, lo que ha reducido los homicidios en el estado.

Sin embargo, la ausencia de Bermúdez y su historial como jefe policiaco en el gobierno morenista cuestionan la narrativa de limpieza institucional en Tabasco. ¿Cuánto sabía el antiguo gabinete?

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno no encubrirá al senador Adán Augusto López si la Fiscalía General de la República (FGR) tiene acusaciones en su contra. Sheinbaum enfatizó la autonomía de la FGR para investigar vínculos delictivos o actos de corrupción, y reiteró que nadie será protegido, sea militante de Morena o no, pero también rechazó linchamientos mediáticos.

López, por su parte, se ha declarado dispuesto a comparecer, haciendo un llamado a “cerrar filas” en torno al Gobierno. Esto surge en medio de investigaciones contra su exsecretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez, buscado por Interpol por presuntos vínculos criminales.

Durante la gestión de López en Tabasco, la violencia se disparó, con un aumento del 83% en asesinatos entre 2019 y 2024, además de incrementos en cobros de piso y desapariciones. La postura de la Presidenta subraya un compromiso con la justicia, desmarcándose de cualquier implicación política en el caso.

La historia comenzó en 2022, cuando medios nacionales publicaron filtraciones de inteligencia que señalaban a Hernán Bermúdez Requena, entonces secretario de Seguridad de Tabasco, como presunto líder del grupo criminal “La Barredora”. La respuesta del entonces presidente López Obrador y su secretario de Gobernación, Adán Augusto López, fue descalificar los hallazgos, tachándolos de “chismes” y “fantasías”.

Los informes, provenientes del Centro de Fusión de Inteligencia Sureste —que agrupa a Sedena, Semar, FGR, CNI y otras agencias—, llevaban años advirtiendo sobre vínculos criminales en la cúpula de seguridad tabasqueña. Aun así, Bermúdez fue nombrado por Adán Augusto al frente de la policía estatal en 2019 y se mantuvo en el cargo durante más de cuatro años, pese a la acumulación de evidencias.

La semana pasada, el Ejército confirmó que Bermúdez está prófugo y que pesa sobre él una orden de aprehensión emitida en febrero. Otros colaboradores cercanos también están acusados, incluyendo al presunto líder de “La Barredora”, Daniel Hernández Montejo. Los reportes filtrados revelan incluso audios de criminales que aseguran haber recibido pagos del entonces gobernador por trabajos ilícitos.

Adán Augusto, hoy presidente de la Jucopo en el Senado, no se ha pronunciado sobre el caso. Su silencio contrasta con su defensa vehemente en 2022, cuando calificó las acusaciones como ataques políticos. Lo cierto es que los datos existen, las órdenes judiciales también, y las explicaciones siguen pendientes.

Un juez federal dictó auto de formal prisión contra José “F”, ex agente de la Policía Federal Ministerial, por su presunta participación en secuestro exprés agravado y extorsión. Los hechos ocurrieron cuando aún trabajaba en la extinta SEIDO, donde habría detenido ilegalmente a una persona y exigido dinero para cancelar una investigación.

La Fiscalía General de la República, a través de Asuntos Internos, presentó las pruebas que derivaron en la detención del ex agente en Coacalco, Estado de México. Tras su aprehensión, fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Sur, donde quedó a disposición del juez primero de distrito en materia penal.

El caso ya había dejado una primera condena: otra funcionaria implicada recibió una pena de 50 años de prisión, más multa y reparación del daño. Las autoridades señalan que estos abusos de poder deben ser investigados y sancionados para recuperar la confianza en las instituciones de justicia.

La Fiscalía General de la República abrió una investigación contra Enrique Peña Nieto por un presunto soborno de 25 millones de dólares vinculado con la compra del software espía Pegasus. La denuncia fue presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera, tras varios días de silencio institucional ante los reportes de medios israelíes.

El software fue utilizado durante su sexenio para espiar a periodistas, activistas y opositores políticos. La acusación sugiere que el expresidente habría recibido pagos ilegales por facilitar contratos con NSO Group, la empresa creadora del sistema.

Peña Nieto, quien reside fuera del país, no ha respondido públicamente. El caso revive un capítulo clave del espionaje político en México. La tardía reacción de la Fiscalía pone en duda su independencia y capacidad para investigar a figuras del antiguo régimen. ¿Justicia o simulación ante la presión pública?