La historia comenzó en 2022, cuando medios nacionales publicaron filtraciones de inteligencia que señalaban a Hernán Bermúdez Requena, entonces secretario de Seguridad de Tabasco, como presunto líder del grupo criminal “La Barredora”. La respuesta del entonces presidente López Obrador y su secretario de Gobernación, Adán Augusto López, fue descalificar los hallazgos, tachándolos de “chismes” y “fantasías”.

Los informes, provenientes del Centro de Fusión de Inteligencia Sureste —que agrupa a Sedena, Semar, FGR, CNI y otras agencias—, llevaban años advirtiendo sobre vínculos criminales en la cúpula de seguridad tabasqueña. Aun así, Bermúdez fue nombrado por Adán Augusto al frente de la policía estatal en 2019 y se mantuvo en el cargo durante más de cuatro años, pese a la acumulación de evidencias.

La semana pasada, el Ejército confirmó que Bermúdez está prófugo y que pesa sobre él una orden de aprehensión emitida en febrero. Otros colaboradores cercanos también están acusados, incluyendo al presunto líder de “La Barredora”, Daniel Hernández Montejo. Los reportes filtrados revelan incluso audios de criminales que aseguran haber recibido pagos del entonces gobernador por trabajos ilícitos.

Adán Augusto, hoy presidente de la Jucopo en el Senado, no se ha pronunciado sobre el caso. Su silencio contrasta con su defensa vehemente en 2022, cuando calificó las acusaciones como ataques políticos. Lo cierto es que los datos existen, las órdenes judiciales también, y las explicaciones siguen pendientes.

Un juez federal dictó auto de formal prisión contra José “F”, ex agente de la Policía Federal Ministerial, por su presunta participación en secuestro exprés agravado y extorsión. Los hechos ocurrieron cuando aún trabajaba en la extinta SEIDO, donde habría detenido ilegalmente a una persona y exigido dinero para cancelar una investigación.

La Fiscalía General de la República, a través de Asuntos Internos, presentó las pruebas que derivaron en la detención del ex agente en Coacalco, Estado de México. Tras su aprehensión, fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Sur, donde quedó a disposición del juez primero de distrito en materia penal.

El caso ya había dejado una primera condena: otra funcionaria implicada recibió una pena de 50 años de prisión, más multa y reparación del daño. Las autoridades señalan que estos abusos de poder deben ser investigados y sancionados para recuperar la confianza en las instituciones de justicia.

La Fiscalía General de la República abrió una investigación contra Enrique Peña Nieto por un presunto soborno de 25 millones de dólares vinculado con la compra del software espía Pegasus. La denuncia fue presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera, tras varios días de silencio institucional ante los reportes de medios israelíes.

El software fue utilizado durante su sexenio para espiar a periodistas, activistas y opositores políticos. La acusación sugiere que el expresidente habría recibido pagos ilegales por facilitar contratos con NSO Group, la empresa creadora del sistema.

Peña Nieto, quien reside fuera del país, no ha respondido públicamente. El caso revive un capítulo clave del espionaje político en México. La tardía reacción de la Fiscalía pone en duda su independencia y capacidad para investigar a figuras del antiguo régimen. ¿Justicia o simulación ante la presión pública?