El capitán de Navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez fue hallado muerto en su oficina en Tamaulipas, en un hecho que las autoridades han señalado como un presunto suicidio. El marino estaba implicado en una investigación por permitir la entrada de un buque con 10 millones de litros de combustible ilegal.

Pérez Ramírez fungía como director de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira y fue mencionado en expedientes de la Fiscalía General de la República como uno de los oficiales que habría recibido sobornos. Tras su muerte, la Secretaría de Marina lamentó el deceso y expresó condolencias, sin referirse directamente a su papel en la investigación.

Este caso se suma a una cadena de muertes ligadas al huachicol fiscal, entre ellas el asesinato de un contralmirante y el homicidio de una funcionaria de la FGR. Cada episodio evidencia la profundidad de una red de complicidad que golpea a las instituciones y exige respuestas firmes.

La Fiscalía General de la República confirmó que Simón Levy Dabbah, exsubsecretario de Turismo, es buscado a nivel internacional tras la emisión de una ficha roja por parte de Interpol. La medida deriva de un proceso judicial iniciado en 2020, cuando una denuncia por daño doloso a la propiedad expuso un conflicto en un inmueble de Campos Elíseos, en la Ciudad de México.

El caso ganó notoriedad pública después de que se difundiera un video donde Levy golpeaba la puerta del departamento en disputa, lo que generó indignación por el trato hacia una adulta mayor. Desde entonces, el proceso avanzó hasta culminar en una orden de aprehensión que ahora lo coloca en la mira internacional.

Con formación en Derecho por la UNAM y una trayectoria en negocios e instituciones públicas, Levy transitó de ser funcionario cercano al poder a convertirse en prófugo. El contraste refleja cómo la justicia alcanza incluso a quienes ocuparon altos cargos, y plantea dudas sobre la ética y responsabilidad de las élites políticas en México.

Durante la mañanera, se aclaró que la Secretaría de Energía no reconoce a Gasolineros Unidos por México, agrupación que denunció sobrerregulación y presuntas extorsiones por parte de funcionarios del sector energético y delegados de la Fiscalía General de la República. Se subrayó que su gobierno mantiene reuniones periódicas solo con los principales empresarios gasolineros para reducir trámites y garantizar que no suba el precio de los combustibles.

La organización publicó un desplegado en el periódico Reforma donde acusó sanciones desproporcionadas y un clima de incertidumbre jurídica que —asegura— se intensificó desde el sexenio pasado. En su mensaje, pidió abrir un canal de diálogo directo con el Ejecutivo para cumplir con las promesas de simplificación administrativa y mejorar las condiciones del sector.

El reclamo incluyó la solicitud de investigar a funcionarios señalados por extorsión y de atender la situación financiera de Pemex. El contraste entre la postura oficial y las denuncias empresariales revela un creciente desencuentro en torno a la regulación energética, donde la transparencia y el combate a la corrupción se mantienen como pendientes.

Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, salió del país rumbo a Estados Unidos luego de que la FGR solicitara su desafuero como diputado federal. La acusación se basa en presunto enriquecimiento ilícito, y su salida se dio apenas horas después de que la Cámara de Diputados recibió la solicitud formal.

Desde Miami, Moreno aseguró que no se esconde y que “lo que le sobra es carácter”, aunque no aclaró si regresará pronto. El priista acusó una persecución política y señaló al gobierno de querer doblegarlo por no alinearse. Aún así, legisladores de oposición han comenzado a marcar distancia, mientras crecen las dudas sobre su liderazgo.

Aunque insiste en que enfrentará el proceso, el simbolismo de salir del país en este momento debilita su narrativa. ¿Cómo se sostiene un dirigente ausente que ya no convence ni a su propio partido?

Carlos Domínguez Ahedo, actual director de Evaluación en la Agencia Nacional de Aduanas, es investigado por la FGR tras detectar un presunto lavado de 257 millones de pesos. La UIF halló movimientos financieros irregulares desde 2016, así como una vida de lujos no acorde con su ingreso como servidor público: relojes suizos, relojes de oro y viajes frecuentes al extranjero.

La investigación revela transferencias bancarias desde cuentas personales hacia empresas de su familia, depósitos sin justificación y el uso de prestanombres. A pesar de los indicios, Domínguez sigue en funciones y no se han tomado medidas administrativas en su contra. La UIF presentó la denuncia formal desde el año pasado.

Mientras se promueve un discurso de austeridad y combate a la corrupción, persisten redes de poder protegidas por el silencio institucional. ¿Cuántos más viven del erario sin consecuencias ni vigilancia efectiva?

Tras 19 años en prisión preventiva y sin sentencia, Israel Vallarta fue liberado este jueves por orden de un juez federal. Acusado de secuestro y vinculado al caso Florence Cassez, su detención en 2005 fue transmitida en televisión nacional como un montaje armado por autoridades y medios. Desde entonces, su proceso estuvo plagado de irregularidades.

El juez resolvió que Vallarta fue víctima de tortura y que las pruebas obtenidas bajo ese contexto no podían sostener su reclusión. La Fiscalía General de la República confirmó su liberación, aunque subrayó que el proceso penal continúa en curso. La defensa y organismos de derechos humanos llevan años exigiendo su liberación por violaciones al debido proceso.

Aunque el fallo no lo declara inocente, sí reconoce que mantenerlo en prisión violaba derechos fundamentales. La decisión ocurre más de una década después de que la Suprema Corte liberara a Florence Cassez por motivos similares, mientras Vallarta permanecía encarcelado sin sentencia ni juicio justo.

Este caso revive las críticas contra el uso de la prisión preventiva como castigo anticipado y la fabricación de culpables como herramienta del poder. A casi veinte años de su detención, la liberación de Vallarta obliga a cuestionar cuántas otras personas siguen atrapadas en procesos viciados por tortura, montaje y desinformación.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, presentó una denuncia penal ante la FGR contra el presidente López Obrador, Claudia Sheinbaum, Mario Delgado y otros líderes de Morena. Los acusa de haber intervenido ilegalmente en el proceso electoral pasado, violando principios constitucionales de equidad y neutralidad.

Según Moreno, los señalados utilizaron recursos públicos y sus cargos para favorecer a candidatos de Morena, lo que representaría delitos electorales y uso indebido del poder. También responsabilizó al vocero presidencial, Jesús Ramírez, de difundir propaganda ilegal desde Palacio Nacional.

Aunque parece una estrategia poselectoral para reposicionarse políticamente, la denuncia pone sobre la mesa un debate pendiente: ¿quién vigila a los que gobiernan cuando ellos mismos son parte del juego electoral? La instrumentalización del poder público para fines partidistas es una vieja práctica que sigue vigente.

Ulises Pinto Madera, alias ‘El 88’, señalado como uno de los líderes de La Barredora, obtuvo una suspensión de plano que prohíbe a las autoridades federales torturarlo, incomunicarlo o someterlo a malos tratos. Fue detenido en el Aeropuerto de Guadalajara por la Marina y fuerzas estatales.

El juez federal otorgó la medida tras una demanda de amparo presentada por el propio Pinto contra la FGR. A pesar de que existe una orden de aprehensión en su contra por asociación delictuosa en Tabasco, el recurso obliga a las autoridades a garantizar sus derechos humanos durante su proceso.

‘El 88’ es considerado operador cercano a Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad de Tabasco, prófugo y presunto fundador de La Barredora. Su captura reaviva las críticas sobre las redes criminales dentro de cuerpos policiacos. La justicia mexicana sigue sin esclarecer cuántos de sus altos mandos están realmente comprometidos con el Estado de derecho.

Desde febrero de 2025 existe una orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, por presuntos delitos de secuestro, extorsión y asociación delictuosa. Así lo confirmó Omar García Harfuch, actual titular de la SSPC, durante la mañanera presidencial.

El exfuncionario, cercano a Adán Augusto López, está ligado al grupo criminal La Barredora. Su caso se abrió en noviembre de 2024, y desde entonces permanece prófugo. Con apoyo de la FGR y la Interpol, se activó una ficha roja para su búsqueda. El gobierno afirma que ya fueron detenidos varios operadores del grupo, lo que ha reducido los homicidios en el estado.

Sin embargo, la ausencia de Bermúdez y su historial como jefe policiaco en el gobierno morenista cuestionan la narrativa de limpieza institucional en Tabasco. ¿Cuánto sabía el antiguo gabinete?

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno no encubrirá al senador Adán Augusto López si la Fiscalía General de la República (FGR) tiene acusaciones en su contra. Sheinbaum enfatizó la autonomía de la FGR para investigar vínculos delictivos o actos de corrupción, y reiteró que nadie será protegido, sea militante de Morena o no, pero también rechazó linchamientos mediáticos.

López, por su parte, se ha declarado dispuesto a comparecer, haciendo un llamado a “cerrar filas” en torno al Gobierno. Esto surge en medio de investigaciones contra su exsecretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez, buscado por Interpol por presuntos vínculos criminales.

Durante la gestión de López en Tabasco, la violencia se disparó, con un aumento del 83% en asesinatos entre 2019 y 2024, además de incrementos en cobros de piso y desapariciones. La postura de la Presidenta subraya un compromiso con la justicia, desmarcándose de cualquier implicación política en el caso.