El gabinete de seguridad informó que el gobierno de Cuba detuvo a Zhi Dong Zhang, ciudadano chino acusado de tráfico internacional de fentanilo y precursores químicos, quien se había fugado de México el 11 de julio al escapar por un túnel construido bajo su domicilio, donde cumplía arresto domiciliario.

De acuerdo con autoridades mexicanas, Zhang fue capturado junto con una persona mexicana y otra china, tras un intercambio de información entre ambos gobiernos. La Fiscalía General de la República (FGR) espera conocer si el detenido será expulsado por ingreso irregular o sujeto a proceso de extradición.

El fugitivo había sido arrestado en 2024 en la Ciudad de México por asociación delictuosa y lavado de dinero, pero un juez le otorgó el cambio de medida cautelar. La SSPC señaló que la fuga ocurrió mientras era vigilado por la Guardia Nacional, sin detectar el túnel que conectaba su vivienda con otra propiedad.

La Fiscalía General de la República documentó que Manuel y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, encabezan una red de servidores públicos, empresarios y civiles implicados en lavado de dinero, defraudación fiscal y corrupción vinculados al llamado huachicol fiscal. Según la causa penal 325/2025, los hermanos utilizaron su posición dentro de la Marina para simular operaciones, mover efectivo y adquirir inmuebles y vehículos de lujo sin justificación legal.

Las pesquisas revelan que ambos realizaron miles de operaciones financieras en efectivo, con gastos que superan con creces sus ingresos por nómina. Entre 2020 y 2024, Manuel Farías recibió poco más de 12 millones de pesos como marino activo, pero adquirió propiedades por más de 9 millones y depósitos millonarios en aseguradoras privadas. Fernando, por su parte, gastó más de lo que declaró en un 300%, además de emitir cheques y comprar terrenos, autos y pólizas de vida con dinero no declarado.

La FGR también rastreó comunicaciones telefónicas georreferenciadas cerca de zonas y aduanas navales clave —Dos Bocas, Guaymas, Manzanillo y Ensenada—, puntos señalados como estratégicos en la red de contrabando de combustibles. Manuel Farías fue detenido en septiembre y permanece en el penal del Altiplano; su hermano Fernando está prófugo desde el 2 de octubre, acusado de delincuencia organizada con fines de robo y tráfico de hidrocarburos.

El caso sacude a la Marina, una de las instituciones más blindadas del país, y pone nuevamente en entredicho el discurso de “cero impunidad” del gobierno federal. La investigación revela cómo la corrupción se incrustó dentro de la estructura militar encargada de combatir el contrabando que ahora parece haber aprovechado.

El 26 de septiembre de 2014, 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala, Guerrero, en un caso que marcó la historia reciente de México. Once años después, la versión oficial conocida como “verdad histórica” ha sido desmentida, mientras las investigaciones continúan entre acusaciones de manipulación de pruebas y encubrimientos institucionales. La creación de grupos internacionales, como el GIEI, reveló fallas graves en el proceso y abrió nuevas líneas de investigación.

En 2025, el gobierno federal anunció la posible incorporación de especialistas de la ONU para fortalecer la indagatoria, mientras que la SCJN ordenó a la FGR publicar una versión de la carpeta de investigación. Aunque se giraron órdenes de aprehensión contra militares, varios fueron liberados por falta de pruebas. Los familiares de los estudiantes mantienen protestas constantes, señalando al Ejército como responsable.

La desaparición de los 43 normalistas sigue siendo un símbolo de impunidad y dolor. Más allá de los avances judiciales, el caso recuerda que la justicia en México no puede depender de cambios de gobierno ni de ajustes legales, sino de un compromiso real con la verdad. La pregunta sigue abierta: ¿cuándo se pondrá fin a una herida que lleva más de una década sangrando?

Un expediente de la Fiscalía General de la República señala que Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda, pasaron de encabezar redes de contrabando de huachicol al narcotráfico. Según reportes de inteligencia y testimonios, al menos en 41 ocasiones bajo su mando se coordinaron funcionarios de la Agencia Nacional de Aduanas, personal portuario y mandos navales para facilitar el trasiego de hidrocarburos ilegales y drogas.

La investigación sostiene que ambos hermanos construyeron un control sistemático sobre las aduanas marítimas del país, utilizando su rango militar y el respaldo de altos mandos para encubrir operaciones criminales. La red habría operado en puertos estratégicos, donde se combinaban prácticas de corrupción institucionalizada con la participación de estructuras del crimen organizado.

El caso expone la fragilidad del modelo de militarización de las aduanas impulsado en el sexenio de López Obrador, que prometía frenar la corrupción y terminó cuestionado por su opacidad. La revelación obliga a preguntar si las fuerzas armadas están preparadas para tareas civiles sin replicar las mismas redes de poder que buscan combatir.

La vinculación a proceso del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y de otros nueve marinos por presunta participación en una red de huachicol fiscal marca un momento decisivo para la Secretaría de Marina. Es un caso aislado: se trata de un golpe institucional que exhibe el intento constante de penetración del crimen organizado en estructuras de alto nivel.

El almirante secretario Raymundo Pérez Morales tomó la decisión de poner a disposición de la justicia a su propio personal, lo que se interpreta como un gesto de gran temple.

Reconocer que hay malos elementos no debilita a la institución: la fortalece. En contraste, el silencio y la omisión habrían prolongado el daño al prestigio de la Marina, que por años fue sinónimo de disciplina y confianza ciudadana.

La gravedad del caso obliga a revisar sistemas de control interno, procedimientos de supervisión y cadenas de mando. Las investigaciones de la FGR revelan cómo el huachicol fiscal operó con complicidades que involucraron a personal de aduanas, empresas privadas y mandos navales. El costo económico y político es inmenso: millones de litros de hidrocarburo evadidos y asesinatos de figuras clave que intentaron denunciar las irregularidades.

Sin embargo, el mensaje es claro: la Marina no se cubre los ojos. Sacar a la luz estas redes implica aceptar que hubo corrupción, pero también muestra que se actúa contra ella. En un país marcado por impunidad, que la Semar exponga y entregue a la justicia a sus propios cuadros es un paso duro pero necesario.

El capitán de Navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez fue hallado muerto en su oficina en Tamaulipas, en un hecho que las autoridades han señalado como un presunto suicidio. El marino estaba implicado en una investigación por permitir la entrada de un buque con 10 millones de litros de combustible ilegal.

Pérez Ramírez fungía como director de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira y fue mencionado en expedientes de la Fiscalía General de la República como uno de los oficiales que habría recibido sobornos. Tras su muerte, la Secretaría de Marina lamentó el deceso y expresó condolencias, sin referirse directamente a su papel en la investigación.

Este caso se suma a una cadena de muertes ligadas al huachicol fiscal, entre ellas el asesinato de un contralmirante y el homicidio de una funcionaria de la FGR. Cada episodio evidencia la profundidad de una red de complicidad que golpea a las instituciones y exige respuestas firmes.

La Fiscalía General de la República confirmó que Simón Levy Dabbah, exsubsecretario de Turismo, es buscado a nivel internacional tras la emisión de una ficha roja por parte de Interpol. La medida deriva de un proceso judicial iniciado en 2020, cuando una denuncia por daño doloso a la propiedad expuso un conflicto en un inmueble de Campos Elíseos, en la Ciudad de México.

El caso ganó notoriedad pública después de que se difundiera un video donde Levy golpeaba la puerta del departamento en disputa, lo que generó indignación por el trato hacia una adulta mayor. Desde entonces, el proceso avanzó hasta culminar en una orden de aprehensión que ahora lo coloca en la mira internacional.

Con formación en Derecho por la UNAM y una trayectoria en negocios e instituciones públicas, Levy transitó de ser funcionario cercano al poder a convertirse en prófugo. El contraste refleja cómo la justicia alcanza incluso a quienes ocuparon altos cargos, y plantea dudas sobre la ética y responsabilidad de las élites políticas en México.

Durante la mañanera, se aclaró que la Secretaría de Energía no reconoce a Gasolineros Unidos por México, agrupación que denunció sobrerregulación y presuntas extorsiones por parte de funcionarios del sector energético y delegados de la Fiscalía General de la República. Se subrayó que su gobierno mantiene reuniones periódicas solo con los principales empresarios gasolineros para reducir trámites y garantizar que no suba el precio de los combustibles.

La organización publicó un desplegado en el periódico Reforma donde acusó sanciones desproporcionadas y un clima de incertidumbre jurídica que —asegura— se intensificó desde el sexenio pasado. En su mensaje, pidió abrir un canal de diálogo directo con el Ejecutivo para cumplir con las promesas de simplificación administrativa y mejorar las condiciones del sector.

El reclamo incluyó la solicitud de investigar a funcionarios señalados por extorsión y de atender la situación financiera de Pemex. El contraste entre la postura oficial y las denuncias empresariales revela un creciente desencuentro en torno a la regulación energética, donde la transparencia y el combate a la corrupción se mantienen como pendientes.

Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, salió del país rumbo a Estados Unidos luego de que la FGR solicitara su desafuero como diputado federal. La acusación se basa en presunto enriquecimiento ilícito, y su salida se dio apenas horas después de que la Cámara de Diputados recibió la solicitud formal.

Desde Miami, Moreno aseguró que no se esconde y que “lo que le sobra es carácter”, aunque no aclaró si regresará pronto. El priista acusó una persecución política y señaló al gobierno de querer doblegarlo por no alinearse. Aún así, legisladores de oposición han comenzado a marcar distancia, mientras crecen las dudas sobre su liderazgo.

Aunque insiste en que enfrentará el proceso, el simbolismo de salir del país en este momento debilita su narrativa. ¿Cómo se sostiene un dirigente ausente que ya no convence ni a su propio partido?

Carlos Domínguez Ahedo, actual director de Evaluación en la Agencia Nacional de Aduanas, es investigado por la FGR tras detectar un presunto lavado de 257 millones de pesos. La UIF halló movimientos financieros irregulares desde 2016, así como una vida de lujos no acorde con su ingreso como servidor público: relojes suizos, relojes de oro y viajes frecuentes al extranjero.

La investigación revela transferencias bancarias desde cuentas personales hacia empresas de su familia, depósitos sin justificación y el uso de prestanombres. A pesar de los indicios, Domínguez sigue en funciones y no se han tomado medidas administrativas en su contra. La UIF presentó la denuncia formal desde el año pasado.

Mientras se promueve un discurso de austeridad y combate a la corrupción, persisten redes de poder protegidas por el silencio institucional. ¿Cuántos más viven del erario sin consecuencias ni vigilancia efectiva?