El gobierno de México iniciará el procedimiento de reparación del daño por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido en diciembre pasado en Oaxaca. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la medida seguirá a la conclusión del peritaje de la Fiscalía General de la República, el cual determinó exceso de velocidad en una zona de curvas.

A partir del lunes, bajo coordinación de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la FGR acudirán a comunidades afectadas. El proceso abarcará a 225 personas que viajaban en el tren. En el accidente fallecieron catorce pasajeros y noventa y ocho resultaron lesionados, según información oficial difundida.

Asimismo, la presidenta señaló que las familias podrán aceptar la reparación integral, que incluirá apoyos de la aseguradora y determinaciones ministeriales. El subsecretario Arturo Medina explicó que la atención será en las comunidades, sin traslados innecesarios. Los montos serán diferenciados conforme a afectaciones personales y materiales registradas durante el proceso.

La Fiscalía General de la República informó que el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido en diciembre fue provocado por exceso de velocidad. La locomotora circulaba a sesenta y cinco kilómetros por hora en una zona de curvas, superando el límite permitido, lo que ocasionó el siniestro con víctimas mortales.

De acuerdo con los peritajes, la “caja negra” y testimonios confirmaron que el tren operaba correctamente y no presentó fallas mecánicas. La infraestructura ferroviaria tampoco mostró daños previos. Sin embargo, se determinó que el convoy recorrió gran parte del trayecto a velocidades superiores a las autorizadas.

La fiscal Ernestina Godoy señaló que se ejercerá acción penal por homicidio y lesiones culposas. Precisó que el tren alcanzó hasta ciento once kilómetros por hora en tramos rectos. Las investigaciones continúan para deslindar responsabilidades por el accidente que afectó al Corredor Interoceánico en Oaxaca.

La Fiscalía General de la República emitió un acuerdo que permite, por única ocasión, no sancionar a servidores públicos que presenten su declaración patrimonial fuera de plazo. La medida aplica cuando no exista daño a la Hacienda Pública y evita iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa interna dentro de la institución.

El acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y entrará en vigor al día siguiente. Contempla declaraciones de inicio, modificación o conclusión presentadas extemporáneamente, y suspende la aplicación del artículo 101 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para servidores públicos de la Fiscalía General respectiva nacional.

La aplicación del beneficio deberá notificarse al funcionario y sólo podrá usarse una vez. Además, quienes incumplan nuevamente no accederán a la abstención, salvo que presenten la declaración omitida dentro de treinta días naturales durante la integración del expediente correspondiente conforme a requerimiento formal de la autoridad investigadora competente respectiva.

La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó a la Fiscalía General de la República acelerar la investigación sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido en Oaxaca, así como la reparación integral del daño a las víctimas. Consideró innecesaria la intermediación de bufetes privados, al afirmar que el gobierno asumirá su responsabilidad con las familias afectadas.

La mandataria advirtió que algunos despachos suelen acercarse a las víctimas con promesas de apoyo gratuito, pero posteriormente cobran un porcentaje de la indemnización. Señaló que ya existe una carpeta de investigación abierta de oficio por el fallecimiento de catorce personas y por los lesionados, cuyos resultados serán determinantes para el proceso.

Sheinbaum informó que pidió a la FGR presentar el dictamen lo antes posible, sin afectar el rigor técnico. Añadió que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas mantiene contacto con las familias y que la aseguradora y el gobierno cubrirán la reparación. La fiscal Ernestina Godoy convocó al Colegio de Ingenieros para apoyar los peritajes técnicos.

La Fiscalía General de la República informó la detención de Eduardo “N”, general en retiro y ex comisionado del Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social, por su presunta participación en el desvío de alrededor de cinco mil millones de pesos destinados a centros penitenciarios federales durante la gestión de Genaro García Luna.

En una videoconferencia, el fiscal especial Ulises Lara López señaló que el ex funcionario fue aprehendido por probables delitos de peculado y delincuencia organizada. De acuerdo con la investigación, entre 2008 y 2013 habría suscrito contratos de servicios de manera irregular para diversos centros federales de readaptación social, lo que permitió el uso ilícito de recursos públicos.

La FGR indicó que el detenido forma parte de una red más amplia de ex colaboradores y empresarios investigados por corrupción en el sistema penitenciario federal. Además, jueces federales vincularon a proceso a otros dos implicados, relacionados con simulación de contratos y empresas utilizadas para desviar fondos públicos, presuntamente en beneficio de García Luna y su entorno.

Ernestina Godoy Ramos rindió protesta ante el Senado como titular de la Fiscalía General de la República, tras obtener mayoría calificada. En su comparecencia, aseguró que la institución no será usada políticamente y prometió fortalecer protocolos para garantizar cero tolerancia a la tortura y mejorar mecanismos de control interno. La oposición cuestionó la rapidez del proceso y pidió claridad en casos que involucren a militantes de Morena.

Asimismo, la nueva fiscal afirmó que perseguirá delitos sin negociaciones y que se priorizará la protección a víctimas. Anunció un rediseño institucional para hacer de la FGR una entidad más transparente, profesional y coordinada con el gabinete de seguridad. Subrayó que el reto principal es recuperar la confianza ciudadana con decisiones basadas en evidencia y resultados verificables.

Por otra parte, Godoy se comprometió a crear el Plan Estratégico de Procuración de Justicia y un Consejo Ciudadano para reducir la opacidad. Destacó la importancia de investigar redes financieras de la delincuencia organizada y de fortalecer peritajes y análisis de inteligencia. Legisladores de MC respaldaron su nombramiento tras aceptar un decálogo en materia de justicia.

El Senado aceptó la renuncia de Alejandro Gertz Manero como titular de la FGR, tras una jornada marcada por especulaciones y reclamos opositores que cuestionaron la causa grave del retiro. La carta, recibida por la tarde, confirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum lo propuso como embajador en “un país amigo”, lo que abrió el camino para formalizar su salida. Con 74 votos a favor y 24 en contra, la mayoría oficialista avaló la decisión.

Durante el debate, legisladores del PRI, PAN y MC criticaron que cambiar de cargo no justifica dejar la Fiscalía y advirtieron presiones políticas en el proceso. Morena respondió que, por su edad y trayectoria, Gertz enfrentaba una responsabilidad extraordinaria y que su renuncia sí encuadra en lo previsto por la ley. Además, señalaron que el fiscal mantenía pendientes administrativos y obligaciones incumplidas.

En paralelo, se aprobó la convocatoria para designar a la nueva persona titular de la FGR y se confirmó que Ernestina Godoy quedó como encargada de despacho. Su nombramiento como jefa de la Fecoc fue firmado por el propio Gertz antes de retirarse. La Presidencia aún no informa sobre su salida de la Consejería Jurídica, mientras comienza el proceso para elegir al próximo fiscal.

El balance de la gestión de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República expone una institución con avances mínimos frente a los mayores casos de corrupción y una efectividad reducida en el combate al crimen organizado. Entre 2018 y 2024 la FGR abrió casi 500 mil carpetas de investigación, pero sólo judicializó 15 mil en el último año y obtuvo 7,742 sentencias condenatorias, ninguna vinculada a escándalos como Odebrecht, Segalmex, Estafa Maestra o el huachicol, lo que refleja el limitado alcance de su actuación frente a delitos de alto impacto.

Los datos oficiales muestran que buena parte de las carpetas se resolvieron mediante mecanismos alternativos y acuerdos reparatorios, estrategia útil para conflictos menores pero insuficiente como política anticorrupción. Mientras tanto, la FEMDO —encargada de delincuencia organizada— obtuvo apenas 65 órdenes de aprehensión y 273 sentencias condenatorias en 2024, cifras bajas frente al tamaño de la operación criminal en el país. En algunos casos, la fiscalía enfrentó reveses judiciales, como la orden de archivar investigaciones contra la familia Jenkins por considerar inválida la reapertura del caso.

En materias electoral y anticorrupción, la actuación tampoco logró avances contundentes. La Fisel sólo judicializó 52 carpetas en año electoral y dejó pendientes investigaciones relevantes, incluidas denuncias cruzadas entre actores políticos. La Fiscalía Anticorrupción inició más de 800 carpetas, pero determinó que en 233 no había mérito para ejercer acción penal, registrando pocos casos llevados ante juez y un número reducido de criterios de oportunidad o acuerdos reparatorios efectivos.

Además de los pobres resultados, la FGR vivió conflictos internos, como la separación del titular del Órgano Interno de Control por presunta corrupción. Casos emblemáticos como el de Lozoya quedaron en acuerdos incompletos, mientras procesos como el de Rosario Robles se desmoronaron en tribunales. El saldo que deja Gertz Manero es una fiscalía debilitada, sin logros estructurales y con un desempeño insuficiente frente a los delitos que más afectan al país.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) identificó 13 casinos en ocho estados del país donde se detectaron operaciones presuntamente ligadas al lavado de dinero. Por su “alto riesgo financiero”, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó sus cuentas para impedir su uso por parte del crimen organizado, y la Secretaría de Gobernación ordenó su suspensión inmediata.

Según la SHCP, las investigaciones realizadas junto con el Gabinete de Seguridad revelaron que los establecimientos realizaban movimientos millonarios en efectivo y transferencias internacionales hacia Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, muchas a través de plataformas no reguladas.

Las operaciones empleaban a personas con perfiles económicos no acordes, como amas de casa, estudiantes o jubilados, para dispersar y ocultar recursos ilícitos. Hacienda informó que se presentarán denuncias ante la FGR y se dará vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos financieros y fiscales.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que empresarios estadounidenses son investigados por su presunta participación en el contrabando de combustible hacia México, en acciones coordinadas entre la Fiscalía General de la República (FGR) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Varias carpetas de investigación ya fueron judicializadas y derivaron en órdenes de aprehensión, precisó.

Sheinbaum explicó que el huachicoleo transfronterizo ha disminuido tras las investigaciones y la mayor vigilancia en aduanas, lo que se refleja en el aumento de las ventas legales de Pemex y otras empresas reguladas. “No se puede explicar que entrara combustible ilegal sin la participación de alguien del otro lado”, afirmó.

La mandataria reaccionó al reportaje de Reuters que vincula a la empresa Ikon Midstream, de Houston, con operaciones de contrabando a través de Intanza, presunta fachada del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Confirmó vínculos detectados, aunque aclaró que la FGR continúa las investigaciones.