Ernestina Godoy Ramos rindió protesta ante el Senado como titular de la Fiscalía General de la República, tras obtener mayoría calificada. En su comparecencia, aseguró que la institución no será usada políticamente y prometió fortalecer protocolos para garantizar cero tolerancia a la tortura y mejorar mecanismos de control interno. La oposición cuestionó la rapidez del proceso y pidió claridad en casos que involucren a militantes de Morena.

Asimismo, la nueva fiscal afirmó que perseguirá delitos sin negociaciones y que se priorizará la protección a víctimas. Anunció un rediseño institucional para hacer de la FGR una entidad más transparente, profesional y coordinada con el gabinete de seguridad. Subrayó que el reto principal es recuperar la confianza ciudadana con decisiones basadas en evidencia y resultados verificables.

Por otra parte, Godoy se comprometió a crear el Plan Estratégico de Procuración de Justicia y un Consejo Ciudadano para reducir la opacidad. Destacó la importancia de investigar redes financieras de la delincuencia organizada y de fortalecer peritajes y análisis de inteligencia. Legisladores de MC respaldaron su nombramiento tras aceptar un decálogo en materia de justicia.

El Senado aceptó la renuncia de Alejandro Gertz Manero como titular de la FGR, tras una jornada marcada por especulaciones y reclamos opositores que cuestionaron la causa grave del retiro. La carta, recibida por la tarde, confirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum lo propuso como embajador en “un país amigo”, lo que abrió el camino para formalizar su salida. Con 74 votos a favor y 24 en contra, la mayoría oficialista avaló la decisión.

Durante el debate, legisladores del PRI, PAN y MC criticaron que cambiar de cargo no justifica dejar la Fiscalía y advirtieron presiones políticas en el proceso. Morena respondió que, por su edad y trayectoria, Gertz enfrentaba una responsabilidad extraordinaria y que su renuncia sí encuadra en lo previsto por la ley. Además, señalaron que el fiscal mantenía pendientes administrativos y obligaciones incumplidas.

En paralelo, se aprobó la convocatoria para designar a la nueva persona titular de la FGR y se confirmó que Ernestina Godoy quedó como encargada de despacho. Su nombramiento como jefa de la Fecoc fue firmado por el propio Gertz antes de retirarse. La Presidencia aún no informa sobre su salida de la Consejería Jurídica, mientras comienza el proceso para elegir al próximo fiscal.

El balance de la gestión de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República expone una institución con avances mínimos frente a los mayores casos de corrupción y una efectividad reducida en el combate al crimen organizado. Entre 2018 y 2024 la FGR abrió casi 500 mil carpetas de investigación, pero sólo judicializó 15 mil en el último año y obtuvo 7,742 sentencias condenatorias, ninguna vinculada a escándalos como Odebrecht, Segalmex, Estafa Maestra o el huachicol, lo que refleja el limitado alcance de su actuación frente a delitos de alto impacto.

Los datos oficiales muestran que buena parte de las carpetas se resolvieron mediante mecanismos alternativos y acuerdos reparatorios, estrategia útil para conflictos menores pero insuficiente como política anticorrupción. Mientras tanto, la FEMDO —encargada de delincuencia organizada— obtuvo apenas 65 órdenes de aprehensión y 273 sentencias condenatorias en 2024, cifras bajas frente al tamaño de la operación criminal en el país. En algunos casos, la fiscalía enfrentó reveses judiciales, como la orden de archivar investigaciones contra la familia Jenkins por considerar inválida la reapertura del caso.

En materias electoral y anticorrupción, la actuación tampoco logró avances contundentes. La Fisel sólo judicializó 52 carpetas en año electoral y dejó pendientes investigaciones relevantes, incluidas denuncias cruzadas entre actores políticos. La Fiscalía Anticorrupción inició más de 800 carpetas, pero determinó que en 233 no había mérito para ejercer acción penal, registrando pocos casos llevados ante juez y un número reducido de criterios de oportunidad o acuerdos reparatorios efectivos.

Además de los pobres resultados, la FGR vivió conflictos internos, como la separación del titular del Órgano Interno de Control por presunta corrupción. Casos emblemáticos como el de Lozoya quedaron en acuerdos incompletos, mientras procesos como el de Rosario Robles se desmoronaron en tribunales. El saldo que deja Gertz Manero es una fiscalía debilitada, sin logros estructurales y con un desempeño insuficiente frente a los delitos que más afectan al país.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) identificó 13 casinos en ocho estados del país donde se detectaron operaciones presuntamente ligadas al lavado de dinero. Por su “alto riesgo financiero”, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó sus cuentas para impedir su uso por parte del crimen organizado, y la Secretaría de Gobernación ordenó su suspensión inmediata.

Según la SHCP, las investigaciones realizadas junto con el Gabinete de Seguridad revelaron que los establecimientos realizaban movimientos millonarios en efectivo y transferencias internacionales hacia Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, muchas a través de plataformas no reguladas.

Las operaciones empleaban a personas con perfiles económicos no acordes, como amas de casa, estudiantes o jubilados, para dispersar y ocultar recursos ilícitos. Hacienda informó que se presentarán denuncias ante la FGR y se dará vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos financieros y fiscales.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que empresarios estadounidenses son investigados por su presunta participación en el contrabando de combustible hacia México, en acciones coordinadas entre la Fiscalía General de la República (FGR) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Varias carpetas de investigación ya fueron judicializadas y derivaron en órdenes de aprehensión, precisó.

Sheinbaum explicó que el huachicoleo transfronterizo ha disminuido tras las investigaciones y la mayor vigilancia en aduanas, lo que se refleja en el aumento de las ventas legales de Pemex y otras empresas reguladas. “No se puede explicar que entrara combustible ilegal sin la participación de alguien del otro lado”, afirmó.

La mandataria reaccionó al reportaje de Reuters que vincula a la empresa Ikon Midstream, de Houston, con operaciones de contrabando a través de Intanza, presunta fachada del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Confirmó vínculos detectados, aunque aclaró que la FGR continúa las investigaciones.

El gabinete de seguridad informó que el gobierno de Cuba detuvo a Zhi Dong Zhang, ciudadano chino acusado de tráfico internacional de fentanilo y precursores químicos, quien se había fugado de México el 11 de julio al escapar por un túnel construido bajo su domicilio, donde cumplía arresto domiciliario.

De acuerdo con autoridades mexicanas, Zhang fue capturado junto con una persona mexicana y otra china, tras un intercambio de información entre ambos gobiernos. La Fiscalía General de la República (FGR) espera conocer si el detenido será expulsado por ingreso irregular o sujeto a proceso de extradición.

El fugitivo había sido arrestado en 2024 en la Ciudad de México por asociación delictuosa y lavado de dinero, pero un juez le otorgó el cambio de medida cautelar. La SSPC señaló que la fuga ocurrió mientras era vigilado por la Guardia Nacional, sin detectar el túnel que conectaba su vivienda con otra propiedad.

La Fiscalía General de la República documentó que Manuel y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, encabezan una red de servidores públicos, empresarios y civiles implicados en lavado de dinero, defraudación fiscal y corrupción vinculados al llamado huachicol fiscal. Según la causa penal 325/2025, los hermanos utilizaron su posición dentro de la Marina para simular operaciones, mover efectivo y adquirir inmuebles y vehículos de lujo sin justificación legal.

Las pesquisas revelan que ambos realizaron miles de operaciones financieras en efectivo, con gastos que superan con creces sus ingresos por nómina. Entre 2020 y 2024, Manuel Farías recibió poco más de 12 millones de pesos como marino activo, pero adquirió propiedades por más de 9 millones y depósitos millonarios en aseguradoras privadas. Fernando, por su parte, gastó más de lo que declaró en un 300%, además de emitir cheques y comprar terrenos, autos y pólizas de vida con dinero no declarado.

La FGR también rastreó comunicaciones telefónicas georreferenciadas cerca de zonas y aduanas navales clave —Dos Bocas, Guaymas, Manzanillo y Ensenada—, puntos señalados como estratégicos en la red de contrabando de combustibles. Manuel Farías fue detenido en septiembre y permanece en el penal del Altiplano; su hermano Fernando está prófugo desde el 2 de octubre, acusado de delincuencia organizada con fines de robo y tráfico de hidrocarburos.

El caso sacude a la Marina, una de las instituciones más blindadas del país, y pone nuevamente en entredicho el discurso de “cero impunidad” del gobierno federal. La investigación revela cómo la corrupción se incrustó dentro de la estructura militar encargada de combatir el contrabando que ahora parece haber aprovechado.

El 26 de septiembre de 2014, 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala, Guerrero, en un caso que marcó la historia reciente de México. Once años después, la versión oficial conocida como “verdad histórica” ha sido desmentida, mientras las investigaciones continúan entre acusaciones de manipulación de pruebas y encubrimientos institucionales. La creación de grupos internacionales, como el GIEI, reveló fallas graves en el proceso y abrió nuevas líneas de investigación.

En 2025, el gobierno federal anunció la posible incorporación de especialistas de la ONU para fortalecer la indagatoria, mientras que la SCJN ordenó a la FGR publicar una versión de la carpeta de investigación. Aunque se giraron órdenes de aprehensión contra militares, varios fueron liberados por falta de pruebas. Los familiares de los estudiantes mantienen protestas constantes, señalando al Ejército como responsable.

La desaparición de los 43 normalistas sigue siendo un símbolo de impunidad y dolor. Más allá de los avances judiciales, el caso recuerda que la justicia en México no puede depender de cambios de gobierno ni de ajustes legales, sino de un compromiso real con la verdad. La pregunta sigue abierta: ¿cuándo se pondrá fin a una herida que lleva más de una década sangrando?

Un expediente de la Fiscalía General de la República señala que Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda, pasaron de encabezar redes de contrabando de huachicol al narcotráfico. Según reportes de inteligencia y testimonios, al menos en 41 ocasiones bajo su mando se coordinaron funcionarios de la Agencia Nacional de Aduanas, personal portuario y mandos navales para facilitar el trasiego de hidrocarburos ilegales y drogas.

La investigación sostiene que ambos hermanos construyeron un control sistemático sobre las aduanas marítimas del país, utilizando su rango militar y el respaldo de altos mandos para encubrir operaciones criminales. La red habría operado en puertos estratégicos, donde se combinaban prácticas de corrupción institucionalizada con la participación de estructuras del crimen organizado.

El caso expone la fragilidad del modelo de militarización de las aduanas impulsado en el sexenio de López Obrador, que prometía frenar la corrupción y terminó cuestionado por su opacidad. La revelación obliga a preguntar si las fuerzas armadas están preparadas para tareas civiles sin replicar las mismas redes de poder que buscan combatir.

La vinculación a proceso del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y de otros nueve marinos por presunta participación en una red de huachicol fiscal marca un momento decisivo para la Secretaría de Marina. Es un caso aislado: se trata de un golpe institucional que exhibe el intento constante de penetración del crimen organizado en estructuras de alto nivel.

El almirante secretario Raymundo Pérez Morales tomó la decisión de poner a disposición de la justicia a su propio personal, lo que se interpreta como un gesto de gran temple.

Reconocer que hay malos elementos no debilita a la institución: la fortalece. En contraste, el silencio y la omisión habrían prolongado el daño al prestigio de la Marina, que por años fue sinónimo de disciplina y confianza ciudadana.

La gravedad del caso obliga a revisar sistemas de control interno, procedimientos de supervisión y cadenas de mando. Las investigaciones de la FGR revelan cómo el huachicol fiscal operó con complicidades que involucraron a personal de aduanas, empresas privadas y mandos navales. El costo económico y político es inmenso: millones de litros de hidrocarburo evadidos y asesinatos de figuras clave que intentaron denunciar las irregularidades.

Sin embargo, el mensaje es claro: la Marina no se cubre los ojos. Sacar a la luz estas redes implica aceptar que hubo corrupción, pero también muestra que se actúa contra ella. En un país marcado por impunidad, que la Semar exponga y entregue a la justicia a sus propios cuadros es un paso duro pero necesario.