mié. Dic 31st, 2025

Exalcalde ligado a ataque en Tijuana Vehículo de Javier Robles usado para incendiar patrulla

Un vehículo registrado a nombre de Javier Robles Aguirre, exalcalde de Rosarito y actual funcionario del Instituto de Servicios Educativos de Baja California, fue utilizado para quemar una patrulla de la Fiscalía estatal en la Unidad Antisecuestros de Tijuana. El ataque ocurrió la madrugada del domingo, apenas horas después de otro incendio provocado en las instalaciones de la FGE en Otay Centenario.

Las primeras indagatorias apuntan a que la camioneta GMC Acadia 2019, color azul y sin reporte de robo, circuló en la zona fronteriza previo al atentado. El caso revive las investigaciones contra Robles Aguirre, quien acumula averiguaciones por tráfico de influencias, fraude y peculado, además de aparecer como socio de una empresa sancionada por Estados Unidos por nexos con el Cártel de Sinaloa.

El exalcalde priista, con una trayectoria marcada por cargos públicos estatales y federales, mantiene vínculos empresariales con personajes identificados como operadores financieros de alto nivel del crimen organizado. El episodio coloca nuevamente bajo la lupa las conexiones entre estructuras gubernamentales y redes del narcotráfico, dejando un rastro de impunidad que erosiona la confianza ciudadana.

Desafueran a Edil de Ahome; indaga FGE corrupción

El Congreso de Sinaloa aprobó el desafuero del alcalde con licencia de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, y del diputado local Genaro García Castro, señalados por presunta corrupción. La Fiscalía estatal los investiga por irregularidades en la contratación directa de patrullas en 2021, con un contrato por más de 171 millones de pesos.

La denuncia de la Auditoría Superior del Estado reveló que el servicio no se prestó en su totalidad, generando un daño estimado de 14.5 millones. Vargas Landeros se ausentó de la sesión legislativa y acusó persecución política, mientras que Antonio Menéndez De Llano fue designado alcalde sustituto hasta 2027.

La Fiscalía de Sinaloa deberá ahora judicializar el caso y demostrar ante un juez la responsabilidad de los implicados. Más allá del fuero, el caso pone en duda la solidez del combate a la corrupción dentro de gobiernos locales ligados a Morena, donde los procedimientos opacos siguen siendo moneda corriente.