La Cámara de Diputados aprobó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, avalando con 450 votos el proyecto devuelto por el Senado. La minuta también modifica normas penales y procesales para fortalecer la persecución del delito. Además, la Mesa Directiva informó que los ajustes incorporados precisan definiciones y corrigen artículos clave del nuevo ordenamiento.

Durante la discusión, legisladores destacaron que la ley establece un tipo penal unificado y endurece las penas para quienes participen en actos de extorsión. Señalaron que se incorporan unidades especializadas y agravantes vinculadas al uso de telecomunicaciones. Asimismo, subrayaron que el nuevo marco jurídico busca enfrentar un delito que afecta a comercios, familias y distintos sectores del país.

Finalmente, la minuta fija sanciones de 15 a 25 años de prisión, con posibilidades de alcanzar hasta 42 años en casos agravados. La legislación también elimina beneficios preliberacionales y obliga a coordinar una estrategia nacional contra la extorsión. El decreto fue turnado al Ejecutivo federal para su publicación y entrada en vigor.

El PRI acusó al gobierno federal de no obtener resultados en el combate a la extorsión, delito que, según sus cifras, se ha disparado en distintas regiones del país. Señaló que las medidas actuales no han contenido el crecimiento de este ilícito que afecta tanto a comerciantes como a ciudadanos comunes.

Dirigentes priistas advirtieron que la falta de estrategias efectivas fortalece a grupos criminales y erosiona la confianza en las autoridades. Propusieron reforzar la investigación, la denuncia protegida y la coordinación con gobiernos estatales.

El aumento de la extorsión refleja la vulnerabilidad del tejido social frente al crimen organizado. Sin una respuesta integral y sostenida, el problema seguirá escalando y condicionando la vida económica y cotidiana de millones de mexicanos.

La Comisión Permanente del Congreso recibió la iniciativa presidencial para reformar el artículo 73 de la Constitución y facultar al Legislativo a crear una ley general contra la extorsión. El objetivo: homologar sanciones y definirla como delito de alto impacto.

Actualmente, las penas por extorsión varían significativamente entre estados. Mientras en Oaxaca se castiga con hasta tres años, en Chihuahua puede llegar a 30. También las multas oscilan entre 36 mil y más de 600 mil pesos, según la entidad.

La propuesta reconoce que la extorsión es usada sistemáticamente por el crimen organizado, no sólo contra ciudadanos, sino también contra empresas y funcionarios. En enero de 2025 se registraron 29.7 casos diarios, un 57% más que en 2018. La futura ley deberá fortalecer la capacidad de respuesta de autoridades de los tres niveles de gobierno y proteger de forma efectiva a las víctimas.

El diputado Ricardo Monreal informó que las comisiones legislativas están listas para iniciar trabajos tan pronto llegue la iniciativa del Ejecutivo sobre la tipificación federal del delito de extorsión. Aclaró que el Congreso aún no ha recibido formalmente la propuesta, pero anticipó respaldo a una legislación homogénea.

El planteamiento busca establecer una definición unificada del delito y penas equivalentes en todo el país, ante la dispersión de criterios en los códigos penales estatales. También se perfila incluir la extorsión en el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa.

Monreal señaló que, una vez que la iniciativa llegue al Senado, el dictamen será elaborado de inmediato y podría discutirse en el próximo periodo ordinario. El tema ha cobrado relevancia ante el aumento de casos a nivel nacional y la presión por parte de sectores afectados. ¿Logrará el Congreso traducir el consenso político en una ley eficaz?

Morena impulsa una reforma legal para homologar la tipificación del delito de extorsión en los 32 estados del país. Actualmente, este ilícito se castiga de manera desigual según el código penal local, lo que obstaculiza su persecución eficaz.

La iniciativa busca establecer una definición común y sanciones federales, en sintonía con la estrategia del gobierno para frenar este delito creciente, que impacta gravemente a comerciantes, transportistas y ciudadanía en general. También se plantea incorporar la extorsión al catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa.

El debate legislativo ocurre en paralelo al despliegue operativo anunciado por la Secretaría de Seguridad: intervención en penales, bloqueo de señales y rastreo financiero de grupos delictivos. Frente a una extorsión cada vez más extendida y normalizada, la pregunta es si una reforma legal bastará sin acciones efectivas en campo y voluntad política sostenida.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal, presentó la Estrategia Nacional contra la Extorsión, uno de los delitos que más afectan a comerciantes y ciudadanos en México. La propuesta incluye una línea directa de denuncia (089), bloqueo de señal en penales y acciones coordinadas con gobiernos estatales.

Desde su experiencia en la Ciudad de México, Harfuch liderará operativos en cárceles, investigará posibles vínculos entre funcionarios y criminales, y buscará frenar la venta ilegal de chips telefónicos. El plan también contempla inteligencia financiera para rastrear el dinero que alimenta estas redes.

Aunque la estrategia marca una postura decidida, el reto es mayúsculo: 26 estados reportan aumento en extorsiones. Harfuch, quien carga con expectativas altas por su historial como jefe policiaco capitalino, ahora deberá demostrar que también puede contener un delito nacional, profundamente vinculado con estructuras del poder y corrupción institucional.