La declaración de culpabilidad de Ismael “El Mayo” Zambada en una corte de Brooklyn abre un capítulo delicado para México. En su confesión, el capo reconoció haber corrompido policías, militares y políticos durante décadas, trazando un escenario devastador que amenaza con salpicar a múltiples figuras del sistema político. La narrativa, presentada por el juez Brian Cogan, coloca al país en la incómoda posición de estar bajo escrutinio internacional.

El origen de esta estrategia remite al “modelo García Luna”: juicios mediáticos que, más allá de pruebas sólidas, buscan evidenciar las redes de complicidad que permitieron a los cárteles crecer. La DEA, bajo el liderazgo de Terrance Cole, retoma líneas de investigación congeladas años atrás y promete que “el trabajo con México no ha terminado”. La alusión directa a políticos de alto nivel anticipa un forcejeo bilateral.

Claudia Sheinbaum, aunque ajena a vínculos criminales, enfrenta el reto de gobernar en medio de revelaciones que podrían golpear no sólo a sus adversarios, sino a integrantes de su propio movimiento. Minimizar los dichos de Zambada parece insuficiente, pues Washington prepara un proceso de largo alcance que podría reconfigurar la narrativa sobre la corrupción en México.

El riesgo es evidente: si antes se celebraba que testigos dudosos acusaran a García Luna, ahora esas mismas herramientas podrían volverse contra personajes cercanos al régimen. La presidenta deberá decidir entre confrontar a Estados Unidos o aceptar que el “modelo anti-impunidad” se instale en México. En ambos casos, el banquillo de los acusados ya está listo.