Alerta aérea de EEUU tensiona el Caribe venezolano
La decisión de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) de catalogar el espacio aéreo venezolano como “zona de riesgo” incrementó la tensión en un Caribe marcado por el despliegue militar estadounidense. La medida, vigente hasta febrero de 2026, atribuye la advertencia a supuesta “actividad militar” en la región, aunque los movimientos recientes provienen de embarcaciones y aeronaves de Washington. Gobiernos latinoamericanos cuestionaron la decisión por su impacto en la conectividad regional y por el precedente político que establece.
El anuncio provocó suspensiones de vuelos por parte de aerolíneas internacionales, afectando a miles de pasajeros en plena temporada de fin de año. En contraste, operadores regionales como Satena, Wingo y Láser Airlines mantuvieron sus rutas, respaldados por lineamientos internacionales que obligan a garantizar la seguridad aérea sin convertir advertencias en bloqueos encubiertos. Autoridades aeronáuticas subrayaron que Venezuela no ha realizado maniobras que comprometan la navegación y que la advertencia estadounidense genera efectos económicos más allá de sus fronteras.
Diversas voces del Caribe interpretaron la medida como un instrumento de presión política disfrazado de protocolo técnico. Señalan que, al limitar operaciones comerciales y sembrar incertidumbre entre líneas internacionales, la alerta opera como una “zona de exclusión de facto” sin fundamento legal. La lectura coincide con un contexto de creciente presencia marítima y aérea de Estados Unidos en la región, que no tiene precedentes recientes bajo el argumento de lucha antidrogas.
En el trasfondo aparece una disputa geopolítica más amplia. La medida se inscribe en un escenario donde Washington busca influir sobre corredores estratégicos y contener alianzas energéticas del sur global. El resultado es un clima de tensión que afecta movilidad, economía y diplomacia, reconfigurando el equilibrio político del Caribe.
