El diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena, informó que los dictámenes de las leyes de Ingresos y de Amparo podrían ser votados en el Pleno de la Cámara de Diputados entre el martes y miércoles de la próxima semana. Explicó que la Comisión de Hacienda continúa reuniones con funcionarios para analizar el Paquete Económico 2026.

Monreal detalló que las mesas de trabajo revisan los contenidos de la Ley de Ingresos, con el objetivo de garantizar un análisis técnico y transparente. En cuanto a la minuta de la Ley de Amparo, indicó que fue turnada a las comisiones de Justicia y de Hacienda para recibir observaciones y posibles modificaciones antes de ser discutida.

Asimismo, informó que ya se envió al Senado la minuta de reformas a la Ley Aduanera y adelantó que presentará una iniciativa para evitar cobros indebidos en tarjetas bancarias no solicitadas.

La Cámara de Diputados avaló, con 348 votos a favor y 98 en contra, la reforma que otorga al Senado y a la Comisión Permanente la facultad de ratificar los nombramientos de mandos superiores de la Guardia Nacional propuestos por la Presidencia. La modificación a los artículos 76 y 78 de la Constitución busca armonizar el marco legal tras la incorporación del cuerpo a la Sedena en 2024 e incluye un lenguaje de género incluyente.

Durante el debate, la oposición criticó el dictamen. El PAN señaló que la medida se da en un contexto marcado por escándalos de corrupción y acusó que la militarización de aduanas en 2020 convirtió la corrupción en un esquema institucionalizado. El PRI, por su parte, denunció que las reformas se aprueban “al vapor”, sin análisis profundo, lo que podría generar consecuencias negativas para el país.

La discusión refleja tensiones en torno a la consolidación de la Guardia Nacional como parte de la estrategia de seguridad. Mientras la mayoría oficialista defiende que el control militar fortalece la disciplina, la oposición advierte sobre riesgos de centralización y falta de contrapesos. La pregunta de fondo sigue abierta: ¿esta reforma robustece la seguridad nacional o profundiza los vacíos legales en la rendición de cuentas?

La Cámara de Diputados aprobó con 438 votos una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor que obliga a proveedores a permitir la cancelación inmediata de suscripciones y membresías con cobros recurrentes. La propuesta fue presentada por Ricardo Monreal y avalada en fast track, tras dispensarse los trámites legislativos.

El coordinador de Morena justificó la urgencia al relatar que él mismo fue víctima de un servicio que no pudo cancelar, lo que lo llevó a caer en buró de crédito. La iniciativa ahora pasará al Senado para su discusión y eventual aprobación.

La reforma establece que los proveedores deberán informar de manera clara si un servicio implica cobros automáticos, además de notificar con cinco días de anticipación cualquier renovación. También se prohíben penalizaciones por cancelación y se exige contar con mecanismos accesibles y eficaces para poner fin al servicio.