Desde marzo de 2020, el artículo 28 de la Constitución prohíbe expresamente las condonaciones y exenciones de impuestos, equiparándolas a monopolios y prácticas monopólicas. Esta reforma consolidó un compromiso presidencial firmado en 2019 por Andrés Manuel López Obrador, en el que se comprometía a no otorgar beneficios fiscales a grandes contribuyentes ni deudores privilegiados, práctica que había costado al erario más de 400 mil millones de pesos desde el sexenio de Vicente Fox.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, más de la mitad de esos beneficios se concentraron en apenas 108 personas morales, lo que reflejó el uso discrecional de recursos públicos bajo la figura de privilegio fiscal. La reforma constitucional buscó cerrar definitivamente esa puerta, garantizando que los ingresos tributarios no puedan ser negociados políticamente.

La medida representa un parteaguas en la relación entre Estado y contribuyentes. Sin embargo, plantea un reto mayor: garantizar que el esfuerzo fiscal sea acompañado de transparencia y de un gasto público eficiente. De nada sirve prohibir privilegios si los recursos recuperados no se traducen en beneficios palpables para la sociedad.