mié. Dic 31st, 2025

Proponen mejoras sociales en educación Iniciativa avanza dentro del Congreso

El diputado Raymundo Vázquez Conchas, de Morena, presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Educación con el fin de incluir la enseñanza de valores éticos y sociales en los programas de estudio. La propuesta plantea adicionar una fracción al artículo 30 para garantizar que las materias impartidas por el Estado promuevan principios como respeto, honestidad, lealtad, tolerancia, perseverancia, gratitud y solidaridad.

En su exposición de motivos, el legislador subrayó que los valores son pilares en la formación del individuo y permiten el desarrollo armónico dentro de la sociedad. Recordó que la familia, la escuela y la comunidad son espacios clave para asimilar estas prácticas, por lo que la enseñanza formal debe asumir un papel central en su consolidación.

La iniciativa reconoce que una educación de calidad no se limita a conocimientos académicos, sino que forma ciudadanos responsables y con brújula moral. El reto será que esta propuesta se traduzca en políticas educativas efectivas, capaces de generar un cambio cultural profundo en un país donde la ética pública y social sigue siendo un desafío pendiente.

Sin consenso, no hay democracia electoral

En respuesta al anuncio de una nueva reforma electoral por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, exconsejeros del IFE e INE, junto a académicos y periodistas, hicieron un llamado a diseñar “reglas del juego democrático” construidas por consenso y con legitimidad de origen. Rechazan cualquier intento de imposición legislativa.

En un pronunciamiento público, señalaron que la actual mayoría en el Congreso se consolidó mediante una “doble maniobra”: sobrerrepresentación en Diputados y presión política en el Senado. Advierten que reformar las leyes electorales en ese contexto compromete la normalidad constitucional y la confianza en las instituciones.

Entre las propuestas, destacan un Congreso más proporcional, con 250 diputados electos por mayoría y 250 por representación proporcional. En el Senado, plantean que todos los escaños se asignen por sistema proporcional. Además, exigen autonomía real, profesionalismo y financiamiento público equitativo, libre de recursos privados o criminales.

Los firmantes —como Lorenzo Córdova, José Woldenberg y Leonardo Valdés— insisten en que ninguna reforma debe ser unilateral. La legitimidad del voto, afirman, no nace sólo de las urnas, sino también de las reglas justas, compartidas y aceptadas por todas las fuerzas políticas. Una reforma impuesta, advierten, fracturaría esa legitimidad.En respuesta al anuncio de una nueva reforma electoral por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, exconsejeros del IFE e INE, junto a académicos y periodistas, hicieron un llamado a diseñar “reglas del juego democrático” construidas por consenso y con legitimidad de origen. Rechazan cualquier intento de imposición legislativa.

En un pronunciamiento público, señalaron que la actual mayoría en el Congreso se consolidó mediante una “doble maniobra”: sobrerrepresentación en Diputados y presión política en el Senado. Advierten que reformar las leyes electorales en ese contexto compromete la normalidad constitucional y la confianza en las instituciones.

Entre las propuestas, destacan un Congreso más proporcional, con 250 diputados electos por mayoría y 250 por representación proporcional. En el Senado, plantean que todos los escaños se asignen por sistema proporcional. Además, exigen autonomía real, profesionalismo y financiamiento público equitativo, libre de recursos privados o criminales.

Los firmantes —como Lorenzo Córdova, José Woldenberg y Leonardo Valdés— insisten en que ninguna reforma debe ser unilateral. La legitimidad del voto, afirman, no nace sólo de las urnas, sino también de las reglas justas, compartidas y aceptadas por todas las fuerzas políticas. Una reforma impuesta, advierten, fracturaría esa legitimidad.

Extorsión en la mira Llega al Congreso iniciativa federal

La Comisión Permanente del Congreso recibió la iniciativa presidencial para reformar el artículo 73 de la Constitución y facultar al Legislativo a crear una ley general contra la extorsión. El objetivo: homologar sanciones y definirla como delito de alto impacto.

Actualmente, las penas por extorsión varían significativamente entre estados. Mientras en Oaxaca se castiga con hasta tres años, en Chihuahua puede llegar a 30. También las multas oscilan entre 36 mil y más de 600 mil pesos, según la entidad.

La propuesta reconoce que la extorsión es usada sistemáticamente por el crimen organizado, no sólo contra ciudadanos, sino también contra empresas y funcionarios. En enero de 2025 se registraron 29.7 casos diarios, un 57% más que en 2018. La futura ley deberá fortalecer la capacidad de respuesta de autoridades de los tres niveles de gobierno y proteger de forma efectiva a las víctimas.