La denuncia de Andrés López Beltrán sobre un presunto espionaje en su viaje a Japón abrió más interrogantes que certezas. Aunque él apuntó a “adversarios” y no al gobierno, la coincidencia con otras filtraciones contra figuras cercanas a su padre —Monreal, los Yunes y Mario Delgado— revela un patrón político claro. Todas las imágenes dañaron a operadores vinculados a la esfera de influencia de López Obrador, y el beneficio indirecto recayó en la presidenta Claudia Sheinbaum.

Diversas fuentes señalan que en algunos casos, como el de Madrid, agentes del Centro Nacional de Inteligencia estuvieron detrás de las fotos. En el caso de Tokio, donde no hay presencia operativa del CNI, la operación habría requerido autorización japonesa o mediación de un tercer país, lo que sugiere un alto costo político y diplomático asumido por objetivos estratégicos.

La hipótesis de una operación privada presenta limitaciones logísticas y riesgos de exposición, desde la obtención de información previa hasta la presencia constante en el hotel de Andy. Incluso un paparazzi ocasional sería rastreable por las medidas de seguridad del Okura y el interés del hotel en proteger su reputación.

Si se trató de un trabajo institucional, apunta a una operación de fuego amigo: usar filtraciones para debilitar a actores que no se alinean con el proyecto presidencial actual. Un espionaje que, aunque negado oficialmente, exhibe las tensiones internas en el círculo político más cercano al expresidente.

En su octava sesión extraordinaria, el Consejo Nacional de Morena respaldó a Adán Augusto López en medio de recientes escándalos y tensiones internas. Aunque no asistieron figuras como Ricardo Monreal o Andrés Manuel López Beltrán, gobernadores y dirigentes reiteraron su apoyo al proyecto y llamaron a evitar conflictos que debiliten al movimiento rumbo a 2027.

Alfonso Durazo, presidente del Consejo y gobernador de Sonora, criticó la falta de madurez política en algunos cuadros del partido y advirtió sobre voces malintencionadas que buscan fracturar a Morena desde adentro. Señaló que el partido no debe servir para alimentar ambiciones personales ni tolerar simulaciones.

Durazo hizo un llamado a la militancia a priorizar el diálogo, el profesionalismo y la lealtad a los principios fundacionales. También exigió respeto a las reglas internas, subrayando que Morena no es un trampolín político, sino un proyecto que exige compromiso y unidad frente a la adversidad.

La historia comenzó en 2022, cuando medios nacionales publicaron filtraciones de inteligencia que señalaban a Hernán Bermúdez Requena, entonces secretario de Seguridad de Tabasco, como presunto líder del grupo criminal “La Barredora”. La respuesta del entonces presidente López Obrador y su secretario de Gobernación, Adán Augusto López, fue descalificar los hallazgos, tachándolos de “chismes” y “fantasías”.

Los informes, provenientes del Centro de Fusión de Inteligencia Sureste —que agrupa a Sedena, Semar, FGR, CNI y otras agencias—, llevaban años advirtiendo sobre vínculos criminales en la cúpula de seguridad tabasqueña. Aun así, Bermúdez fue nombrado por Adán Augusto al frente de la policía estatal en 2019 y se mantuvo en el cargo durante más de cuatro años, pese a la acumulación de evidencias.

La semana pasada, el Ejército confirmó que Bermúdez está prófugo y que pesa sobre él una orden de aprehensión emitida en febrero. Otros colaboradores cercanos también están acusados, incluyendo al presunto líder de “La Barredora”, Daniel Hernández Montejo. Los reportes filtrados revelan incluso audios de criminales que aseguran haber recibido pagos del entonces gobernador por trabajos ilícitos.

Adán Augusto, hoy presidente de la Jucopo en el Senado, no se ha pronunciado sobre el caso. Su silencio contrasta con su defensa vehemente en 2022, cuando calificó las acusaciones como ataques políticos. Lo cierto es que los datos existen, las órdenes judiciales también, y las explicaciones siguen pendientes.