El exjuez federal Anuar González Hemadi, destituido en 2019 tras el polémico fallo en el caso Los Porkys de Veracruz, fue detenido junto a otras 13 personas por su relación con la red de huachicol encabezada por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna. De acuerdo con las investigaciones, González fungía como representante legal de Mefra Fletes, empresa implicada en el tráfico ilegal de hidrocarburos decomisados en marzo pasado.

Mefra Fletes había sido señalada desde 2020 por irregularidades en el transporte de combustibles y vinculada tanto al Cártel del Golfo como al CJNG. La compañía, con socios ligados a autoridades locales, incluso contaba con permisos de la Comisión Reguladora de Energía para mover gasolinas y diésel. La captura del exjuez confirma cómo actores políticos, judiciales y empresariales confluyen en estas redes criminales.

El caso exhibe no solo la fragilidad institucional frente al crimen organizado, sino la persistencia de corrupción en sectores clave de justicia y energía. La pregunta de fondo es si el Estado tendrá la capacidad real de depurar a quienes han usado el poder para alimentar economías ilegales que terminan minando la confianza pública.

Autoridades del Estado de México informaron la detención de 27 personas vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Toluca. Entre los capturados hay líderes regionales, operadores logísticos y presuntos sicarios que operaban en al menos cinco municipios de la zona.

El operativo fue coordinado por la Fiscalía estatal, con apoyo de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa. Se aseguraron armas, vehículos y drogas. Las investigaciones señalan que el grupo planeaba ampliar su dominio en el Valle de Toluca.

Aunque las capturas representan un avance, la violencia no se ha detenido y la estructura criminal sigue activa en otras regiones. ¿Hasta cuándo las detenciones evitarán la regeneración de los cárteles que operan como franquicias del terror en el país?

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) descartó que los documentos filtrados por el colectivo Guacamaya Leaks sobre Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, tengan carácter oficial. El general Ricardo Trevilla, titular de la dependencia, afirmó este lunes que dado que “no es información verificada” no se compartio con el presidente, además de mencionar que su análisis actual está en manos de la Fiscalía de Tabasco.

El caso de Bermúdez, acusado de operar la célula del CJNG conocida como “La Barredora” desde su posición como secretario de seguridad pública de Tabasco durante la adminsitración de Adán Augusto, se rebeló tras el anuncio de una orden de aprehensión en su contra y su huida del país. A pesar de que la Interpol emitió una ficha roja para su localización, Sedena insiste en que los reportes filtrados “provienen de muchas fuentes, no siempre confiables”.

Guacamaya Leaks reveló más de 30 documentos internos de la Sedena, con fechas desde 2019, que vinculan a Bermúdez con el crimen organizado. Sin embargo, el Secretario de la Defensa, durante la conferencia de prensa del día de hoy, subrayó que estos documentos no fueron validados ni entregados oficialmente a las fiscalías, al expresidente Lopez Obrador ni a su secretario de gobernación, Adan Augusto y recalcó que solo tras la verificación oficial podrían tener valor legal. El gabinete de seguridad también evitó responder directamente si AMLO o Adán Augusto conocían los señalamientos.

La postura de Sedena ha sido criticada por especialistas, quienes ven en el deslinde una estrategia para desmarcarse de la filtración más delicada sobre seguridad en años recientes. Mientras tanto, la FGE de Tabasco continúa la investigación, sin anunciar avances concretos en la búsqueda del exfuncionario y sus posibles nexos con el exgobernador tabasqueño.

El gobierno de Estados Unidos sancionó a tres miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a dos empresas por su implicación en tráfico de fentanilo, contrabando de petróleo y robo de combustible a Pemex. Entre ellos figura César Morfín Morfín, “El Primito”, señalado como operador en Tamaulipas.

Según el Departamento del Tesoro, la red liderada por Morfín ha diversificado sus operaciones del narcotráfico hacia el huachicol por sus altos márgenes de ganancia. Las sanciones congelan todos sus activos en territorio estadounidense y prohíben relaciones comerciales con ciudadanos o empresas de ese país.

La administración de Trump advirtió que el huachicol se ha convertido en la principal fuente de ingresos no narcótica para los cárteles mexicanos. Que estructuras criminales puedan mover crudo entre países revela la fragilidad institucional frente a un crimen organizado que opera como corporación transnacional.