Más de 130 cárceles en México operan con sobrepoblación, lo que impide una verdadera reinserción social y favorece la violencia interna. De acuerdo con organizaciones civiles, la saturación ha derivado en autogobiernos donde internos controlan actividades y recursos, debilitando la autoridad institucional.

Este escenario se combina con infraestructura deficiente, falta de personal capacitado y programas de rehabilitación limitados. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha advertido que, sin cambios estructurales, las prisiones seguirán siendo espacios que reproducen la criminalidad en lugar de reducirla.

El problema refleja un modelo penitenciario que prioriza el encierro sobre la reinserción. Mientras no se atienda la raíz del hacinamiento, la violencia y la corrupción seguirán marcando el día a día en las cárceles mexicanas.