La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, aseguró que la próxima discusión sobre la Reforma Electoral se realizará con total transparencia y pluralidad. Señaló que se escuchará a todos los grupos parlamentarios y voces interesadas, garantizando que el debate sea público y apegado a la legalidad.

En respuesta al anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien adelantó que la iniciativa será presentada en febrero, López Rabadán subrayó que el Ejecutivo tiene la facultad de proponer reformas, mientras que el Congreso tiene la obligación de analizarlas. “La aspiración es que el voto de los mexicanos sea respetado y la democracia fortalecida”, puntualizó.

Respecto a la figura del fuero, la legisladora indicó que no debe entenderse como un permiso para delinquir, sino como una protección para ejercer libremente la representación popular. Añadió que existe un reclamo social para que los legisladores trabajen en favor del bien común.

La Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad de 401 votos, una reforma a la Ley General de Salud para prohibir la venta y suministro de bebidas energetizantes a personas menores de 18 años. El dictamen, que ahora será turnado al Senado, busca atender un problema creciente: el consumo de estas bebidas por parte de niñas, niños y jóvenes, quienes son especialmente vulnerables a sus efectos nocivos.

El diputado Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, resaltó que la medida amplía la definición de energetizantes e incluye nuevas disposiciones para que la Secretaría de Salud determine qué sustancias deben ser reguladas. Además, se homologarán los estándares nacionales con las normas internacionales y se establecerán sanciones económicas contra quienes incumplan la prohibición.

De acuerdo con el dictamen, los establecimientos deberán verificar la mayoría de edad antes de vender estos productos. También se prevé que, en coordinación con la Secretaría de Educación, se implementen campañas informativas sobre los riesgos de consumo.

Con 474 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó la reforma al artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso a expedir una ley general en materia de extorsión. La iniciativa, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, establece que el Legislativo deberá emitir la nueva norma en un plazo de 180 días y unificará tipos penales, agravantes y sanciones aplicables en todo el país.

El dictamen, turnado al Senado, busca consolidar la Estrategia Nacional contra la Extorsión coordinada por la Secretaría de Seguridad. Entre sus ejes destacan detenciones basadas en inteligencia, creación de Unidades Antiextorsión locales, protocolos de atención a víctimas y campañas nacionales de prevención. La propuesta también responde a la dispersión normativa existente en los códigos estatales, que dificulta el combate efectivo al delito.

El avance legislativo refleja un consenso inédito entre fuerzas políticas, pero también evidencia la urgencia de enfrentar un delito en constante mutación y con fuerte vínculo con la delincuencia organizada. La clave será si la futura ley logra trascender lo declarativo y convertirse en un instrumento eficaz de protección para ciudadanos y comercios vulnerables.

México será anfitrión del Foro Parlamentario de América Latina y el Caribe el 11 de agosto de 2025. Coorganizado por CEPAL, ONU Mujeres, el Senado y la Cámara de Diputados, este evento clave de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer buscará avanzar en la democracia paritaria y la sociedad del cuidado.

El senador Jorge Carlos Ramírez Marín destacó la necesidad de reconocer y respaldar legalmente el valor del trabajo de cuidados. Representantes de comisiones de igualdad de género, Martha Lucía Mícher y Anaís Miriam Búrgos, enfatizaron la urgencia de integrar estos temas en las agendas legislativas regionales.

El foro reunirá a parlamentarias para intercambiar experiencias y diseñar marcos normativos. CEPAL y ONU Mujeres subrayaron el rol legislativo en la implementación de la Agenda Regional de Género, instando a consolidar los cuidados como derechos fundamentales mediante leyes y presupuestos con perspectiva de género.