La diputada Mayra Espino Suárez presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Salud con el fin de garantizar que las mujeres indígenas reciban información clara y en su lengua sobre el cáncer de mama. La propuesta, elaborada junto con la Fundación Milc, busca mejorar la detección temprana mediante materiales culturalmente pertinentes.

Espino explicó que el cáncer de mama permanece como una de las principales causas de mortalidad en mujeres y que la falta de información accesible reduce la eficacia de los programas públicos. Señaló que ampliar servicios no es suficiente si las pacientes no comprenden procedimientos, tiempos de vigilancia y pasos básicos de autoexploración preventiva.

La iniciativa establece que la Secretaría de Salud deberá producir materiales en lenguas indígenas, garantizar servicios de interpretación y coordinarse con instituciones especializadas. Según la Fundación Milc, entregar información pertinente mejora la detección temprana y fortalece la cobertura de las estrategias de salud.

Con 454 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad reformas a los artículos 72 y 73 de la Ley General de Salud para fortalecer los servicios de atención a la salud mental. El dictamen fue turnado al Senado para su análisis y eventual aprobación.

La propuesta establece que los programas y servicios en la materia deberán tener un enfoque comunitario, integral, intercultural e interdisciplinario, con perspectiva de género y atención prioritaria a niñas, niños y adolescentes. Además, plantea una estrategia nacional para prevenir el suicidio y atender a los grupos con mayor riesgo.

Durante la discusión, la diputada Liliana Ortiz Pérez (PAN) destacó que “la salud mental es una herida invisible que no sangra, pero duele”. Subrayó que la iniciativa representa un paso histórico hacia una política pública que priorice la prevención, el acceso equitativo y la atención digna para todas las personas.

Durante la comparecencia del sector salud en la Cámara de Diputados, legisladores de todas las bancadas plantearon dudas sobre abasto de medicamentos, cobertura, vacunación, infraestructura y presupuesto. En respuesta, los titulares de Salud, IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar aseguraron que no existen recortes y que el sistema nacional avanza hacia un modelo público, universal y preventivo.

El secretario de Salud, David Kershenobich, afirmó que el sistema no está colapsado y que los recursos se reasignan para fortalecer la atención primaria y los institutos de alta especialidad. Por su parte, Zoé Robledo destacó los avances en el Expediente Clínico Electrónico y la inversión en investigación y personal médico.

En tanto, Martí Batres resaltó mejoras laborales en el ISSSTE, y Alejandro Svarch aseguró que en el IMSS-Bienestar los medicamentos son gratuitos y suficientes. Legisladores oficialistas defendieron el modelo humanista de salud, mientras la oposición pidió mayor transparencia en gasto y distribución.

El Senado de la República aprobó una reforma que permitirá a los usuarios cancelar de forma inmediata sus servicios de plataformas digitales, telefonía y suscripciones sin trámites complicados. Con 91 votos a favor, los legisladores avalaron los cambios a la Ley Federal de Protección al Consumidor, previamente aprobados por la Cámara de Diputados y turnados al Ejecutivo para su promulgación.

La modificación establece que los proveedores deberán ofrecer mecanismos sencillos para cancelar servicios o membresías, sin penalizaciones. Además, los ajustes o aumentos en las tarifas requerirán el consentimiento expreso e informado del consumidor, fortaleciendo los derechos digitales en el país.

La reforma también obliga a notificar con cinco días de anticipación las renovaciones automáticas y permite su cancelación sin cargos extra. Legisladores destacaron que con esta medida se corrigen vacíos legales que generaban abusos y múltiples quejas ante la Profeco por falta de transparencia en las suscripciones.

La Secretaría General de la Cámara de Diputados aclaró que no habrá aumento en la dieta ni en las prestaciones de las diputadas y diputados para el ejercicio fiscal 2026, ya que los montos se mantienen idénticos a los de 2025, según lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

El comunicado precisa que la dieta vigente continúa conforme al Manual que Regula las Remuneraciones para legisladores, personal de mando y homólogos de la Cámara de Diputados, documento que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de 2025.

La Secretaría enfatizó que no existen incrementos en ningún rubro salarial ni en beneficios adicionales, y que la Cámara mantiene su compromiso de transparencia y disciplina presupuestal en el uso de los recursos públicos, tal como lo establece el marco normativo vigente.

El diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, adelantó que la Cámara de Diputados prevé una reasignación presupuestal de entre 17 y 18 mil millones de pesos para fortalecer sectores clave como educación, cultura, campo e infraestructura carretera.

Monreal explicó que, una vez que el Senado apruebe la Ley de Ingresos, la Comisión de Presupuesto iniciará el análisis a fondo del Presupuesto de Egresos 2026. Adelantó que habrá ajustes en organismos como el Poder Judicial, el Tribunal Electoral y el INE, sin incrementos para las cámaras legislativas.

Además, anunció que presentará una iniciativa para proteger a usuarios bancarios, prohibiendo el envío de tarjetas no solicitadas. Sobre la cancelación de vuelos a Estados Unidos, calificó la medida como “inadmisible e incorrecta”, y respaldó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien definió como “digna y soberana” frente a las decisiones del gobierno estadounidense.

Con 339 votos a favor, 100 en contra y 4 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo particular la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, enviada ahora al Senado para su análisis constitucional.

El dictamen incorpora cambios propuestos por Ricardo Monreal, entre ellos la reducción de la pena para servidores públicos que omitan denunciar casos de extorsión, que pasará de 10 a 20 años, a un rango de 5 a 12 años de prisión. También se añaden principios de interculturalidad e interseccionalidad, y se establece que la reparación del daño se realizará con recursos de extinción de dominio.

Durante el debate, legisladores del PAN y PRI criticaron la disminución de sanciones al considerarla un retroceso frente a la impunidad, mientras que Morena y PT defendieron la proporcionalidad penal y la creación de un marco único nacional contra la extorsión.

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó por 25 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones, el dictamen de la iniciativa presidencial que crea la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, con el objetivo de homologar criterios en todo el país y fortalecer la coordinación entre autoridades.

El presidente de la comisión, Julio César Moreno Rivera (Morena), explicó que la nueva ley establece sanciones de seis a quince años de prisión y multas de hasta quinientas UMAs, además de medidas de protección integral a víctimas y testigos. También crea el Sistema Nacional de Información sobre Extorsión para mejorar la persecución del delito.

Durante el debate, legisladores de todas las fuerzas políticas reconocieron la urgencia de una legislación unificada ante el crecimiento del cobro de piso y las extorsiones telefónicas, delitos que —según Morena— afectan a cinco de cada diez negocios.

Las comisiones unidas de Justicia y de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobaron con 56 votos a favor, 11 en contra y una abstención el dictamen a la minuta que reforma la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

El documento modifica la propuesta del Senado al establecer que los asuntos en trámite continuarán bajo las disposiciones vigentes al inicio del proceso, eliminando la redacción que implicaba retroactividad. El presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno Rivera, destacó que la reforma busca modernizar el juicio de amparo y agilizar la impartición de justicia sin vulnerar derechos.

Durante la sesión, diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT y MC fijaron posturas encontradas. Mientras el oficialismo defendió la actualización del sistema jurídico, la oposición advirtió que la reforma limita la defensa ciudadana frente al poder público.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que México necesita pasar del discurso a las acciones en materia de corrupción. Señaló que quien se enriquezca de manera ilegal o abuse del poder debe ser sancionado, sin importar su cargo o posición.

Consideró que el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum contra la corrupción tiene varios destinatarios y destacó que el país demanda resultados concretos. “Los discursos se oyen bien, pero deben volverse realidad; no puede haber intocables”, subrayó.

López Rabadán recordó el caso del huachicol fiscal, al que calificó como uno de los fraudes más grandes en la historia del país. Dijo que este tipo de delitos lastiman directamente a la ciudadanía, pues afectan los recursos destinados a hospitales, escuelas y carreteras. “Es necesario sancionar pronto a quienes cometieron ilegalidades”, concluyó.