Nuevos documentos de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) señalan que personal naval bajo el mando de Rafael Ojeda Durán —entonces jefe de la Octava Región Naval— participó en la alteración del basurero de Cocula y del río San Juan en octubre de 2014. Según el informe, los marinos manipularon bolsas y encendieron hogueras dos días antes de que aparecieran restos atribuidos a Alexander Mora Venancio, uno de los 43 normalistas desaparecidos.

La participación de la Marina en esas operaciones fue clave para cimentar la llamada “verdad histórica” presentada por la PGR de Jesús Murillo Karam y la AIC de Tomás Zerón. Esa versión oficial, hoy desacreditada, aseguró que los estudiantes fueron incinerados en Cocula y que no había pruebas de su paradero. La CoVAJ sostiene que se sembraron evidencias para sostener un relato que buscaba cerrar el caso con rapidez y deslindar al Ejército.

Un video entregado en 2021 muestra cómo marinos descargaron bultos en el basurero, los incineraron y después trasladaron restos al río San Juan. Pese a ello, la Secretaría de Marina respondió en 2020 que solo había dado seguridad perimetral a la PGR. Para los investigadores, la institución no solo vigiló, sino que intervino directamente en la manipulación del escenario del crimen.

Las revelaciones reavivan las dudas sobre la complicidad de mandos militares en el ocultamiento de la verdad. Aunque López Obrador defendió públicamente a Ojeda Durán en 2022, la CoVAJ advierte que la Marina aún guarda información crucial sobre lo ocurrido. A once años de la tragedia, la impunidad persiste y la exigencia de verdad y justicia sigue siendo una herida abierta para las familias y la sociedad mexicana.

Estudiantes normalistas derribaron con un camión la puerta del Campo Militar 1 en la Ciudad de México, en protesta por el aniversario número once de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Tras el mitin encabezado por padres y madres de los jóvenes, los manifestantes lanzaron explosivos y realizaron pintas en la fachada del recinto militar.

Los abogados de las familias señalaron que la Secretaría de la Defensa continúa negando la entrega de más de 800 folios, considerados clave para esclarecer el caso. Denunciaron que el Ejército mantiene un “muro de silencio” desde 2014 y que la falta de acceso a esa información prolonga la impunidad.

La protesta ocurre en vísperas de una nueva marcha programada hacia el Zócalo capitalino. A más de una década, la exigencia de justicia persiste y el reclamo hacia el papel del Ejército se intensifica, revelando que las heridas del caso siguen abiertas.

El 26 de septiembre de 2014, 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala, Guerrero, en un caso que marcó la historia reciente de México. Once años después, la versión oficial conocida como “verdad histórica” ha sido desmentida, mientras las investigaciones continúan entre acusaciones de manipulación de pruebas y encubrimientos institucionales. La creación de grupos internacionales, como el GIEI, reveló fallas graves en el proceso y abrió nuevas líneas de investigación.

En 2025, el gobierno federal anunció la posible incorporación de especialistas de la ONU para fortalecer la indagatoria, mientras que la SCJN ordenó a la FGR publicar una versión de la carpeta de investigación. Aunque se giraron órdenes de aprehensión contra militares, varios fueron liberados por falta de pruebas. Los familiares de los estudiantes mantienen protestas constantes, señalando al Ejército como responsable.

La desaparición de los 43 normalistas sigue siendo un símbolo de impunidad y dolor. Más allá de los avances judiciales, el caso recuerda que la justicia en México no puede depender de cambios de gobierno ni de ajustes legales, sino de un compromiso real con la verdad. La pregunta sigue abierta: ¿cuándo se pondrá fin a una herida que lleva más de una década sangrando?

La trayectoria de Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ha estado marcada por una mezcla de activismo y confrontaciones. Tras anunciar su salida del caso y del Centro Tlachinollan, sorprendió al confirmarse su llegada a la Suprema Corte como Secretario de Estudio y Cuenta.

El movimiento generó críticas sobre su independencia, mientras en redes sociales se multiplicaron acusaciones de aprovechar el caso Ayotzinapa para beneficio personal. A ello se suman viejas polémicas, como audios filtrados que él niega, y los enfrentamientos verbales con Andrés Manuel López Obrador por la falta de avances en la investigación.

Hoy, Rosales pasa de las trincheras sociales a una posición institucional, un giro que despierta expectativas y sospechas. Su nuevo rol quedará bajo observación de víctimas, organizaciones y actores políticos. La incógnita es si defenderá con la misma firmeza desde el poder.

Rosendo Gómez Piedra ha “renunciado” a su cargo como titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (Ueilca). La noticia fue confirmada por Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, durante una reunión reciente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj).

Las familias de los estudiantes habían exigido la dimisión de Gómez Piedra en un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 27 de mayo. Las acusaciones incluían corrupción, falta de confianza y la ausencia de “respuestas contundentes” sobre el paradero de los normalistas. Previamente, el fiscal especial había declarado no haber encontrado a los estudiantes, a pesar de haber visitado más de 800 lugares “en la sierra”.

Gómez Piedra asumió el cargo en octubre de 2022, tras la renuncia de Omar Gómez Trejo, cuyo trabajo fue descalificado. Ahora, Mauricio Pazarán ha sido presentado como el nuevo coordinador de investigación de la Ueilca. La salida de Gómez Piedra marca un nuevo capítulo en la búsqueda de justicia y la verdad para el emblemático caso Ayotzinapa.