El abogado zacatecano Juan Francisco Rodríguez Smith Mac Donald negó haber tramitado amparos a favor de Gonzalo y Andrés Manuel López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía de Zacatecas por usurpación de identidad y falsificación de documentos. El litigante aseguró que su nombre fue usado sin autorización, como ya ocurrió hace tres años en un recurso vinculado a Rafael Caro Quintero.

Rodríguez Smith, de 34 años, explicó que apenas inició su carrera profesional hace dos años y que nunca ha tenido relación con los casos en los que se le involucra. Señaló que le preocupa ser usado como “conejillo de indias” en estrategias jurídicas irregulares y recordó que en el expediente incluso aparece un nombre distinto al suyo, lo que confirma la falsificación.

El abogado cuestionó cómo fue posible que un amparo sin firma electrónica fuese autorizado por un juzgado federal, cuando la normatividad exige el uso de la Firel. “Si no denuncio, lo harán otra vez”, dijo. El caso expone la vulnerabilidad del sistema judicial frente al uso indebido de identidades en trámites sensibles y reaviva las tensiones políticas en torno a los hijos del exmandatario.

El periodista Claudio Ochoa relató cómo recibió las primeras imágenes de Andy López Beltrán, hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, durante un viaje a Tokio el 26 de julio. A través de un informante, obtuvo fotografías de Daniel Asaf, colaborador cercano a López Obrador, y posteriormente del propio Andy en el bufet del hotel Okura, lo que confirmó su presencia en Japón pese a compromisos laborales en México.

Un día después, una segunda fuente le envió más fotografías, esta vez mostrando al heredero del ex mandatario en una tienda Prada acompañado de dos personas, una de ellas cargando bolsas de compras. Las publicaciones desataron cuestionamientos sobre su estilo de vida y la falta de coherencia con el discurso de austeridad que impulsó su padre.

Ochoa enfatizó que López Obrador nunca exhibió lujos durante su trayectoria política, a diferencia de sus hijos, a quienes describió con un perfil distante del legado de “justa medianía”. El contraste ha avivado críticas sobre el papel de Andy y el peso simbólico de su apellido en la política mexicana.

El hijo mayor del expresidente López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán, volvió a estar en el centro del debate tras la publicación de nuevas facturas de su viaje a Japón. Según Aristegui Noticias, los gastos ascendieron a más de 177 mil pesos en apenas 14 días de estancia en el hotel The Okura Tokyo.

Las facturas revelan consumos que contradicen su versión previa, donde aseguró haber pagado apenas 7 mil 500 pesos. Entre los registros aparecen cenas de hasta 47 mil pesos, servicios de spa y cargos adicionales que superan el sueldo mensual de la presidencia. La publicación ha desatado cuestionamientos sobre la transparencia y el estilo de vida del secretario de Organización de Morena.

Ante la exposición mediática, López Beltrán acusó un “linchamiento político” orquestado por adversarios. Sin embargo, el contraste entre lo declarado y lo documentado refuerza la percepción de opacidad. En un país marcado por desigualdades, estos episodios abren dudas sobre la coherencia ética del círculo más cercano al poder.

Más allá de partidos y cargos formales, en México operan grupos de poder que influyen en la política a través de lealtades, vínculos regionales y trayectorias compartidas. El histórico Grupo Atlacomulco, que controló el Estado de México por décadas, perdió su hegemonía tras la llegada de Delfina Gómez, dando paso al ascenso del Grupo Texcoco como nueva fuerza dominante en la entidad.

En la Ciudad de México, el Grupo PAN-CDMX ha consolidado influencia en el partido y en la política capitalina, pese a los señalamientos por el “Cártel Inmobiliario”. Figuras como Jorge Romero y Santiago Taboada han tejido redes que resisten derrotas electorales y sostienen presencia estratégica en el blanquiazul nacional.

El Grupo Tabasco, cercano a Andrés Manuel López Obrador, mantiene peso federal y local pese a divisiones internas entre corrientes encabezadas por Adán Augusto López y Javier May. La disputa se ha agudizado por escándalos que tocan a exfuncionarios de alto perfil, sin debilitar del todo su estructura política.

Mientras tanto, El Yunque busca resurgir con una agenda ultraconservadora a través del partido México Republicano, retomando vínculos con redes internacionales de derecha. Este reacomodo de fuerzas refleja que, aunque cambien rostros y contextos, las redes informales continúan moldeando la vida pública mexicana con estrategias de largo alcance.

Desde Washington, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió el T-MEC al calificarlo como “el mejor acuerdo comercial posible” logrado durante la presidencia de Donald Trump. Aseguró que el liderazgo de López Obrador fue clave para preservar la soberanía nacional sin romper con la lógica del libre comercio, y destacó que su gobierno dará continuidad a esa visión.

Ante la posibilidad de que Trump regrese a la Casa Blanca, Sheinbaum afirmó que su administración mantendrá una política exterior basada en el respeto mutuo y el entendimiento diplomático. Reiteró que no habrá concesiones que vulneren la justicia social, pero sí se buscará consolidar la integración regional y aprovechar el fenómeno del nearshoring.

Aunque el mensaje busca transmitir estabilidad a inversionistas, persiste una preocupación legítima: ¿puede la relación bilateral sostenerse sobre afinidades personales con líderes impredecibles? La soberanía debe estar protegida por instituciones, no solo por discursos bien intencionados.

Claudia Sheinbaum aseguró que la salida de Iberdrola fue una decisión empresarial tomada con el gobierno de López Obrador, sin intervención de su equipo de transición. Rechazó que se tratara de una imposición estatal y reiteró que su administración seguirá con el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad.

La venta de 13 plantas por más de 6 mil millones de dólares puso bajo control público buena parte de la generación eléctrica que antes operaba la empresa española. Aunque Sheinbaum calificó la operación como un acuerdo legítimo, distintos analistas la han leído como una nacionalización indirecta del sector energético privado.

El discurso oficial busca transmitir confianza, pero los hechos muestran otra cara: incertidumbre jurídica, presión política y reglas cambiantes. Más que un retiro voluntario, la salida de Iberdrola parece la consecuencia lógica de un entorno donde el margen empresarial se ha ido reduciendo cada vez más.

El gobierno de Claudia Sheinbaum logró un superávit primario de 286 mil millones de pesos en el primer semestre del año, superando por mucho los resultados del sexenio de AMLO. Sin embargo, este ahorro se dio en parte gracias a un recorte de 55% al gasto en salud, en comparación con el mismo periodo de 2023.

Mientras en educación el gasto creció 4%, en salud se aplicó un ajuste drástico que afectó sobre todo al IMSS y al programa IMSS-Bienestar. También se redujeron los fondos para la Secretaría de Salud y el ISSSTE, lo cual ha generado preocupación entre especialistas.

Aunque la disciplina fiscal busca enviar buenas señales a los mercados, el costo social es evidente. ¿De qué sirve ahorrar si se debilitan los servicios públicos esenciales? El reto para Sheinbaum será demostrar que el “orden” no significa abandono.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, presentó una denuncia penal ante la FGR contra el presidente López Obrador, Claudia Sheinbaum, Mario Delgado y otros líderes de Morena. Los acusa de haber intervenido ilegalmente en el proceso electoral pasado, violando principios constitucionales de equidad y neutralidad.

Según Moreno, los señalados utilizaron recursos públicos y sus cargos para favorecer a candidatos de Morena, lo que representaría delitos electorales y uso indebido del poder. También responsabilizó al vocero presidencial, Jesús Ramírez, de difundir propaganda ilegal desde Palacio Nacional.

Aunque parece una estrategia poselectoral para reposicionarse políticamente, la denuncia pone sobre la mesa un debate pendiente: ¿quién vigila a los que gobiernan cuando ellos mismos son parte del juego electoral? La instrumentalización del poder público para fines partidistas es una vieja práctica que sigue vigente.

Claudia Sheinbaum confirmó que no asistirá al Congreso de la Unión para entregar su primer informe de gobierno el 1 de septiembre. En su lugar, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, entregará el documento oficial a los legisladores, como marca la Constitución.

La presidenta argumentó que “no es necesario” acudir personalmente, aunque prepara un evento alterno para presentar su balance ante la ciudadanía. Aún no se define el lugar exacto, pero se espera un acto similar al que realizó en enero por sus primeros 100 días de mandato.

La decisión sigue el precedente de Andrés Manuel López Obrador, quien tampoco acudió al Congreso en 2019 y optó por un evento político en Palacio Nacional. El gesto reafirma una práctica que reduce el diálogo directo con el Legislativo y refuerza la centralidad del Ejecutivo en actos públicos.

El PAN presentó una denuncia penal contra el senador morenista Adán Augusto López por presuntos vínculos con el crimen organizado. La diputada Noemí Luna acusó que López, exgobernador de Tabasco y exsecretario de Gobernación, protegió al jefe policiaco Hernán Bermúdez, señalado por operar para el cártel de La Barredora.

Luna recordó que Bermúdez fue detenido en 2006 por vínculos criminales y que, aun así, López lo colocó como titular de Seguridad Pública en Tabasco. Según la legisladora, el cártel operó con impunidad en el estado e incluso habría participado en obras del Tren Maya.

El PAN exige la renuncia de López a la coordinación de Morena en el Senado mientras se investigan los hechos. La denuncia se suma a los señalamientos contra figuras cercanas a AMLO, como Alfonso Romo, acusado en EE.UU. por presunto lavado de dinero a través de su firma financiera Vector.