A siete años del ascenso de Morena, México vive un reacomodo estructural que difícilmente puede describirse como continuidad pura. La llegada de López Obrador en 2018 marcó una ruptura con el modelo neoliberal, mientras que la presidencia de Claudia Sheinbaum consolidó un proyecto que hoy controla buena parte del mapa político. El meteórico avance electoral del partido —de no existir a gobernar 24 estados— explica parte del nuevo escenario, pero no agota las preguntas que surgen en torno a sus resultados.

En materia económica, los gobiernos de Morena impulsaron aumentos sostenidos al salario mínimo y expandieron la política social, lo que redujo la pobreza según cifras del Inegi y la Cepal. Sin embargo, el crecimiento económico no ha acompañado al ritmo de esa mejora y persisten dudas sobre la dependencia comercial con Estados Unidos y los retos que implica el Plan México, la apuesta de Sheinbaum por reindustrializar al país. La discusión técnica, coinciden especialistas, sigue atrapada entre lecturas ideológicas y diagnósticos parciales.

En seguridad, el contraste entre discurso y realidad continúa siendo uno de los puntos más sensibles. López Obrador prometió una estrategia distinta, pero heredó a Sheinbaum un país con más homicidios y desaparecidos que en 2018. El viraje operado por la actual mandataria, con Omar García Harfuch al frente, apunta a un énfasis en inteligencia y coordinación, aunque los problemas estructurales —corrupción, impunidad, cuerpos policiales débiles— siguen sin resolverse de fondo.

La política exterior muestra un equilibrio complejo entre defensa de la soberanía y pragmatismo frente a Washington, especialmente con el regreso de Donald Trump. El cambio más profundo, no obstante, ocurrió en casa: la reforma que sometió al voto popular al Poder Judicial. Con ello, Morena completó un ciclo de transformación institucional cuyo alcance, beneficios y riesgos apenas empiezan a perfilarse en el México que viene.

En una reaparición pública desde su finca en Palenque, Andrés Manuel López Obrador anunció su nuevo libro Grandeza y afirmó que no hará giras para presentarlo, a fin de no “hacer sombra” a la presidenta Claudia Sheinbaum. Señaló que seguirá en retiro y que solo regresaría a las calles en caso de atentados contra la democracia, intentos de golpe de Estado o amenazas a la soberanía nacional. Además, destacó que la mandataria “está conduciendo muy bien” al país.

López Obrador insistió en que su salida de la vida pública es definitiva y recordó los logros sociales alcanzados durante su gobierno, entre ellos la reducción de 13.4 millones de personas en situación de pobreza. Asimismo, afirmó que la democracia requiere unidad y respaldo a la actual administración, pues “todavía es temporada de zopilotes” y persisten campañas de desinformación. Recalcó que Sheinbaum es “la mejor presidenta del mundo”.

El ex mandatario explicó que Grandeza aborda el legado cultural y civilizatorio del México profundo y busca reivindicar a los pueblos originarios. También adelantó que trabaja en un segundo libro, Gloria, enfocado en la historia política nacional. Desde una mecedora en su jardín, mencionó que su rutina de escritura continúa y que su familia se reparte entre Palenque y Ciudad de México, donde su hijo retomó estudios universitarios.

El anuncio del nuevo libro de Andrés Manuel López Obrador reactivó de inmediato el pulso político nacional. Desde su finca en Chiapas, el expresidente reapareció en un momento cargado de tensiones: la caída de Alejandro Gertz Manero, el avance de Donald Trump en Centroamérica, la presión militar sobre Venezuela y la ofensiva discursiva de la ultraderecha mexicana contra la presidenta Claudia Sheinbaum. Su mensaje pareció reposado, pero llevó una advertencia: podría regresar si la democracia o la soberanía se vieran amenazadas.

Esa sola posibilidad desató reacciones destempladas entre los adversarios de la 4T, que buscaron presentar la publicación como un síntoma de debilidad del actual Gobierno. El argumento, sin embargo, se sostiene con dificultad: desde hace meses se sabía que López Obrador preparaba un libro y una eventual gira de presentación. La oposición, atrapada en su propia narrativa alarmista, leyó la aparición como una sombra sobre Sheinbaum, pese a que la presidenta agradeció públicamente el respaldo.

La reaparición también reposicionó al tabasqueño dentro del tablero político. Aunque insistió en que no pretende ejercer un cacicazgo, su figura continúa siendo un factor de contención interna en Morena. En la antesala de definiciones rumbo a diputaciones, gubernaturas y cargos locales, su silencio o intervención pueden inclinar equilibrios entre bloques que hoy compiten por influencia. La “unidad” que él demanda se vuelve una condición tácita para evitar tensiones mayores.

El peso simbólico de López Obrador, incluso desde el retiro, persiste. Su anuncio literario confirma que, aunque su fuerza quizá esté menguada por desgastes y señalamientos, conserva una capacidad de movilización que pocos actores poseen. Desde Palenque, se mantiene como vigilante del rumbo político y como eventual muro de contención ante cualquier intento de alterar la continuidad del proyecto que encabezó.

El subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina Padilla, desmintió que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se haya alcanzado un acuerdo con Grupo Salinas para resolver sus adeudos fiscales. Aseguró que no existió ningún convenio, monto ni ruta de pago definida con el conglomerado empresarial.

Desde Palacio Nacional, Medina explicó que sí hubo reuniones con representantes del grupo, pero sin resultados, ya que sus abogados y contadores nunca aceptaron las cifras que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) fijó como deuda correspondiente a los ejercicios fiscales de 2008 a 2013.

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que el empresario Ricardo Salinas Pliego puede pagar “hoy mismo” si realmente tiene intención de hacerlo. El gobierno federal insistió en que no existen negociaciones fuera del marco legal y que los procesos continúan conforme a la ley para recuperar los recursos pendientes con el fisco.

En los últimos dos sexenios, México ha recortado drásticamente los recursos para prevenir inundaciones. De acuerdo con el Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, la inversión en infraestructura hidráulica pasó de 50 mil millones de pesos durante el mandato de Felipe Calderón, a 45 mil millones con Enrique Peña Nieto, y finalmente a 25 mil millones en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Expertos sostienen que esta reducción explica la magnitud de los desastres recientes en Veracruz, Hidalgo y Puebla, donde las lluvias dejaron más de 60 muertos y decenas de desaparecidos. Para Julio Valdivieso, expresidente del Colegio de Ingenieros Ambientales, la política de austeridad “se impuso sin planeación técnica” y derivó en falta de mantenimiento, alerta y prevención, pese a que los fenómenos meteorológicos son cada vez más intensos.

El presupuesto actual confirma la tendencia: entre enero y junio de 2025 solo se destinaron 16.7 millones de pesos a obras de mitigación, frente a los 44 millones del mismo periodo en el sexenio pasado. Según Edmundo Gamas, del Instituto Mexicano de Desarrollo de Infraestructura, el país enfrenta “emergencias gestionadas con improvisación”, sin una visión transexenal de infraestructura ni políticas preventivas reales.

Empresarios de la Concamin advierten que la inversión pública en infraestructura equivale apenas al 2.2% del PIB, cuando debería alcanzar el 5%. Sin un plan nacional para obras hidráulicas, advierten, México seguirá repitiendo el mismo ciclo: austeridad, desastre y reconstrucción a destiempo.

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, acusó a Morena de negarse a asumir su responsabilidad en la crisis del sistema de salud, marcada por el desabasto de medicamentos y deudas millonarias con farmacéuticas. Señaló que el gobierno federal mantiene adeudos superiores a 5 mil millones de pesos derivados de contratos con el desaparecido Insabi, incumplidos en su entrega por falta de logística en el sector.

Añorve criticó que, pese a reconocer los pasivos, la administración de Claudia Sheinbaum exija cumplimiento a las farmacéuticas bajo amenaza de inhabilitación. Afirmó que Morena hereda el colapso del sistema generado por el sexenio de López Obrador, con medidas fallidas como la desaparición del Seguro Popular, la creación del Insabi, la mega farmacia de Huehuetoca y las compras consolidadas de fármacos, que calificó como farsas costosas para la población.

El priista llamó al oficialismo a dejar la simulación y diseñar políticas públicas efectivas para garantizar la distribución de medicamentos. El señalamiento reabre el debate sobre la capacidad del gobierno para corregir errores estructurales y recuperar un sector golpeado por decisiones improvisadas. La reflexión es contundente: ¿podrá Morena corregir lo que el propio obradorismo fracturó en nombre de la transformación?

Desde marzo de 2020, el artículo 28 de la Constitución prohíbe expresamente las condonaciones y exenciones de impuestos, equiparándolas a monopolios y prácticas monopólicas. Esta reforma consolidó un compromiso presidencial firmado en 2019 por Andrés Manuel López Obrador, en el que se comprometía a no otorgar beneficios fiscales a grandes contribuyentes ni deudores privilegiados, práctica que había costado al erario más de 400 mil millones de pesos desde el sexenio de Vicente Fox.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, más de la mitad de esos beneficios se concentraron en apenas 108 personas morales, lo que reflejó el uso discrecional de recursos públicos bajo la figura de privilegio fiscal. La reforma constitucional buscó cerrar definitivamente esa puerta, garantizando que los ingresos tributarios no puedan ser negociados políticamente.

La medida representa un parteaguas en la relación entre Estado y contribuyentes. Sin embargo, plantea un reto mayor: garantizar que el esfuerzo fiscal sea acompañado de transparencia y de un gasto público eficiente. De nada sirve prohibir privilegios si los recursos recuperados no se traducen en beneficios palpables para la sociedad.

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las críticas sobre la política de seguridad y negó cualquier distanciamiento con Andrés Manuel López Obrador. Señaló que su administración forma parte de la misma línea de la Cuarta Transformación, por lo que calificó como un intento opositor la idea de que existe ruptura.

Las declaraciones surgieron tras los comentarios del embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, quien destacó un cambio en la estrategia mexicana frente al narcotráfico. Sheinbaum aseguró que su gobierno mantiene la atención a las causas y al mismo tiempo refuerza labores de inteligencia e investigación para fortalecer las instituciones de seguridad.

En su discurso subrayó que esta etapa representa una continuidad y no un quiebre con el proyecto iniciado en 2018. Sin embargo, la insistencia en negar diferencias abre la interrogante sobre si el movimiento será capaz de sostener unidad frente a la creciente presión nacional e internacional.

En entrevista con Denise Maerker, Ciro Gómez Leyva presentó su libro No me pudiste matar, escrito tras el atentado que sufrió en 2022. La conversación subió de tono cuando el periodista aseguró que la hostilidad de López Obrador hacia él fue “una estrategia para dañarlo” y que en varias ocasiones estuvo cerca de destruirlo.

Aunque aclaró que no responsabiliza al expresidente del ataque armado, sí lo señaló como un factor que generó un ambiente de persecución. La frase más contundente llegó al comparar sus despedidas en el libro: a los agresores materiales les desea bendiciones, pero a López Obrador le dedica un “que Dios te bendiga… y que se vaya al diablo”.

El comentario encendió el debate público y evidenció la fractura en la relación entre prensa y poder. Más allá del choque personal, la frase pone sobre la mesa la vulnerabilidad de los periodistas en México y el costo de la confrontación política para la libertad de expresión.

La trayectoria de Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ha estado marcada por una mezcla de activismo y confrontaciones. Tras anunciar su salida del caso y del Centro Tlachinollan, sorprendió al confirmarse su llegada a la Suprema Corte como Secretario de Estudio y Cuenta.

El movimiento generó críticas sobre su independencia, mientras en redes sociales se multiplicaron acusaciones de aprovechar el caso Ayotzinapa para beneficio personal. A ello se suman viejas polémicas, como audios filtrados que él niega, y los enfrentamientos verbales con Andrés Manuel López Obrador por la falta de avances en la investigación.

Hoy, Rosales pasa de las trincheras sociales a una posición institucional, un giro que despierta expectativas y sospechas. Su nuevo rol quedará bajo observación de víctimas, organizaciones y actores políticos. La incógnita es si defenderá con la misma firmeza desde el poder.