Alejandro Moreno, líder nacional del PRI y senador, denunció a Adán Augusto López ante el Departamento del Tesoro, el FBI y la DEA por presuntos vínculos con el crimen organizado. En conferencia de prensa, afirmó que entregó información y documentos que lo señalan como integrante de la red denominada “Cártel de Macuspana”, junto con otros políticos de Morena y exfuncionarios federales.

La acusación se suma a las tensiones por el caso de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad en Tabasco y presunto líder de “La Barredora”, con quien López Hernández ha sido vinculado en informes de inteligencia de la Sedena. Moreno sostuvo que la protección de mandos navales para redes de huachicol también estuvo bajo su responsabilidad cuando ocupó la Secretaría de Gobernación.

El señalamiento abre un nuevo frente político en el Senado, donde la oposición exige explicaciones mientras Morena opta por cerrar filas. La denuncia en Estados Unidos eleva la disputa a un terreno internacional y plantea un dilema ético y jurídico: ¿puede la política mexicana seguir blindando a sus figuras más poderosas frente a acusaciones tan graves sin rendir cuentas claras?

El arranque del periodo de sesiones en San Lázaro se tornó tenso tras la protesta de legisladores del PRI que interrumpieron la sesión con sirenas y pancartas. En ese contexto, Gerardo Fernández Noroña reclamó al presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, por haber concedido la palabra a Alejandro “Alito” Moreno, a quien acusó de “reventar” la asamblea.

El senador morenista señaló que premiar esas actitudes sienta un “grave precedente” y criticó la conducción de Gutiérrez Luna como débil e imparcial. El diputado respondió que la decisión se tomó para dar continuidad a la sesión y escuchar a los coordinadores.

Este episodio refleja la fragilidad de los acuerdos en el Congreso, donde la confrontación política escala con facilidad a descalificaciones personales. La falta de reglas claras para enfrentar actos de provocación abre un riesgo de ingobernabilidad legislativa que debilita al propio Congreso.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, solicitó a la Secretaría de Gobernación ser integrado al mecanismo de protección tras afirmar que recibió amenazas de Gerardo Fernández Noroña y su colaborador Emiliano González. El priista señaló además que legisladores como Manuel Añorve, Rubén Moreira y Pablo Angulo también han sido intimidados, por lo que interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República.

En redes sociales, Moreno aseguró que no dará un paso atrás y acusó al Estado de ejercer persecución contra la oposición. Presentó cargos por amenazas y lesiones contra Noroña, a quien calificó de “corrupto y cobarde”, mientras afirmó que el PRI seguirá defendiendo la democracia.

El episodio recrudece la confrontación política en el Congreso y expone cómo las diferencias parlamentarias se trasladan al terreno judicial. En lugar de abrir diálogo, los protagonistas refuerzan la polarización. ¿Hasta dónde se tensará la cuerda antes de que se apueste por la política como vía de civilidad?

El presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados, Hugo Éric Flores Cervantes, confirmó que en las cinco carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía Anticorrupción de Campeche contra Alejandro “Alito” Moreno “sí hay elementos” para sustentar el proceso de desafuero. Los delitos que se le atribuyen son peculado y ejercicio indebido del servicio público durante su gestión como gobernador.

Flores explicó que el análisis del expediente está muy avanzado y que en septiembre se notificará formalmente al dirigente nacional del PRI sobre el inicio del procedimiento. Recalcó que no se trata de un tema político, sino de un proceso estrictamente jurídico basado en la Constitución y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Mientras tanto, Moreno ha señalado que enfrenta una persecución política y ha buscado exponer su caso en instancias internacionales. Sin embargo, la sección instructora insiste en que no habrá sesgos políticos en su revisión. El reto será comprobar si la justicia logra imponerse sobre la narrativa partidista en un proceso que puede redefinir el futuro del priísmo.

Dos organizaciones internacionales de derechos humanos expresaron su respaldo al senador Alejandro “Alito” Moreno, a quien consideran víctima de persecución política por parte del Gobierno de México. Davika Bissessar, de Bonaire Human Rights Organization, y James Finis, de Nos Kier Boneiru Bek, advirtieron que el hostigamiento judicial contra el líder opositor refleja prácticas propias de regímenes autoritarios que buscan debilitar a la disidencia.

Ambos defensores señalaron que el caso será llevado ante la subsecretaria general de Derechos Humanos de la ONU, Ilze Brands Kehris, y se informará a organismos internacionales sobre la situación. Argumentaron que el uso de fiscalías y órganos judiciales como instrumentos de presión política vulnera el Estado de Derecho y puede derivar en riesgos contra la vida del legislador y su familia.

El señalamiento internacional coloca al gobierno de Claudia Sheinbaum bajo mayor escrutinio en materia de respeto a las libertades políticas. La acusación abre un debate incómodo: ¿México avanza hacia un modelo de justicia politizada o puede garantizar a la oposición un espacio democrático libre de represalias?

En la cumbre de Partidos Políticos Africanos, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, acusó un retroceso democrático en México y denunció persecución política. Señaló que el presidencialismo extremo ha eliminado la separación de poderes, permitiendo que Morena controle el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, debilitando el Estado social y democrático.

Moreno, también líder de la COPPPAL y vicepresidente de la Internacional Socialista, afirmó que el actual gobierno ha cooptado órganos autónomos y mantiene vínculos con el crimen organizado, al que calificó de “terrorista” en contextos internacionales. Subrayó que la corrupción y acuerdos inconfesables han deteriorado las instituciones y ponen en riesgo al país.

El dirigente priista pidió a la comunidad internacional atender la situación mexicana y defender lo que queda de contrapesos, como el INE y el Tribunal Electoral. “La democracia se defiende todos los días”, advirtió, insistiendo en que su partido seguirá resistiendo los ataques contra sus integrantes.

Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, salió del país rumbo a Estados Unidos luego de que la FGR solicitara su desafuero como diputado federal. La acusación se basa en presunto enriquecimiento ilícito, y su salida se dio apenas horas después de que la Cámara de Diputados recibió la solicitud formal.

Desde Miami, Moreno aseguró que no se esconde y que “lo que le sobra es carácter”, aunque no aclaró si regresará pronto. El priista acusó una persecución política y señaló al gobierno de querer doblegarlo por no alinearse. Aún así, legisladores de oposición han comenzado a marcar distancia, mientras crecen las dudas sobre su liderazgo.

Aunque insiste en que enfrentará el proceso, el simbolismo de salir del país en este momento debilita su narrativa. ¿Cómo se sostiene un dirigente ausente que ya no convence ni a su propio partido?

Al día siguiente de que la Cámara de Diputados rechazara retirarle el fuero por enriquecimiento ilícito, Alejandro “Alito” Moreno fue captado cenando en un restaurante exclusivo de Las Vegas. La denuncia presentada por la Fiscalía General de la República quedó congelada, luego de que PRI, PAN y PRD votaran en bloque para evitar el juicio político.

En redes sociales, la imagen del líder priista relajado y sonriente causó molestia. Su defensa insistió en que se trata de una “persecución política”, aunque evitó abordar el tema central: el origen de su fortuna, valuada en más de 100 millones de pesos, según la acusación.

Mientras tanto, el caso se suma a una larga lista de carpetas detenidas por razones políticas. La justicia parece supeditarse al cálculo partidista, lo que refuerza la idea de que en México, ser parte del poder sigue siendo la mejor forma de no rendir cuentas.

En un gesto que tensó aún más el clima legislativo, Ricardo Monreal defendió públicamente al priista Alejandro Moreno, cuestionando el intento de desafuero promovido por la Fiscalía de Campeche. Aunque dijo no coincidir con su estilo político, sostuvo que no existen bases jurídicas sólidas y que ningún actor debe ser juzgado por “venganzas” desde el poder.

El señalamiento llega mientras el Congreso discute si Moreno debe perder el fuero por presunto enriquecimiento ilícito. Desde Morena, el respaldo de Monreal generó sorpresa, pues marca distancia con los sectores duros del oficialismo y reaviva suspicacias sobre alianzas ocultas. Aun así, el senador insistió en defender el debido proceso.

Al amparo del discurso jurídico, se desliza una estrategia política más amplia: proteger a los aliados útiles, incluso si ya no lo parecen. Mientras tanto, la justicia queda atrapada entre cálculos partidistas y pactos de conveniencia que debilitan la credibilidad institucional.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, presentó una denuncia penal ante la FGR contra el presidente López Obrador, Claudia Sheinbaum, Mario Delgado y otros líderes de Morena. Los acusa de haber intervenido ilegalmente en el proceso electoral pasado, violando principios constitucionales de equidad y neutralidad.

Según Moreno, los señalados utilizaron recursos públicos y sus cargos para favorecer a candidatos de Morena, lo que representaría delitos electorales y uso indebido del poder. También responsabilizó al vocero presidencial, Jesús Ramírez, de difundir propaganda ilegal desde Palacio Nacional.

Aunque parece una estrategia poselectoral para reposicionarse políticamente, la denuncia pone sobre la mesa un debate pendiente: ¿quién vigila a los que gobiernan cuando ellos mismos son parte del juego electoral? La instrumentalización del poder público para fines partidistas es una vieja práctica que sigue vigente.