El senador Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación y exgobernador de Tabasco, enfrenta nuevos cuestionamientos por inconsistencias patrimoniales que revelan una disminución de más de 30 millones de pesos en sus bienes entre 2019 y 2024. De acuerdo con sus propias declaraciones oficiales, pasó de poseer propiedades, joyas y vehículos por 34 millones de pesos a reportar únicamente dos terrenos heredados con valor de 3.5 millones.

La investigación fue impulsada por integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción, que solicitaron revisar sus declaraciones fiscales y patrimoniales tras la difusión de un reportaje que documenta ingresos no declarados por 80 millones de pesos en 2023 y 2024. Aunque el comunicado fue retirado de las redes del organismo, el caso ya se perfila como uno de los mayores escándalos de presunta corrupción en el entorno político de Morena.

El contraste entre sus declaraciones patrimoniales muestra que López Hernández eliminó de sus reportes casas, terrenos, joyas y vehículos registrados al inicio de su gestión como gobernador. Consultado por medios, su equipo no ofreció explicación sobre la desaparición de los bienes. En paralelo, la diputada panista María Elena Pérez Jaén presentó 37 denuncias ante la Fiscalía General de la República por presuntas irregularidades en programas federales de Tabasco durante su gobierno.

Cercano al expresidente López Obrador y figura clave en la cúpula de Morena, Adán Augusto enfrenta ahora una investigación que podría marcar su futuro político. En menos de un año, su nombre ha pasado de ser sinónimo de poder presidencial a convertirse en símbolo de opacidad y rendición de cuentas pendiente.

El senador Adán Augusto López Hernández volvió a explicar su situación patrimonial, tras las filtraciones sobre ingresos extraordinarios. Aseguró que provienen de su ejercicio profesional en asesorías legales y presentó documentos para acreditar el pago puntual de impuestos. Rechazó versiones que lo vinculan con reuniones de Hernán Bermúdez y Andrés Manuel López Obrador, calificándolas de “fantasías” sin sustento.

En su declaración de 2023 reportó ingresos por 26 millones de pesos y el pago de más de nueve millones en contribuciones. Para 2024, dijo haber obtenido 61 millones de pesos, con 13 millones entregados al fisco. Además, detalló que en lo que va de 2025 sus ingresos superan los 24 millones de pesos. Argumentó que se trata de honorarios por contratos, fideicomisos y servicios notariales, trabajos que realiza desde hace 35 años.

El legislador defendió que todo lo recibido está declarado ante el SAT y subrayó que no existe irregularidad alguna en su patrimonio. Sin embargo, la frecuencia con la que debe aclarar sus finanzas refleja el desgaste político que atraviesa. Al insistir en la transparencia, busca neutralizar los cuestionamientos, pero la duda permanece: ¿la narrativa de “asesorías legales” bastará para blindar su credibilidad pública?

Alejandro Moreno, líder nacional del PRI y senador, denunció a Adán Augusto López ante el Departamento del Tesoro, el FBI y la DEA por presuntos vínculos con el crimen organizado. En conferencia de prensa, afirmó que entregó información y documentos que lo señalan como integrante de la red denominada “Cártel de Macuspana”, junto con otros políticos de Morena y exfuncionarios federales.

La acusación se suma a las tensiones por el caso de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad en Tabasco y presunto líder de “La Barredora”, con quien López Hernández ha sido vinculado en informes de inteligencia de la Sedena. Moreno sostuvo que la protección de mandos navales para redes de huachicol también estuvo bajo su responsabilidad cuando ocupó la Secretaría de Gobernación.

El señalamiento abre un nuevo frente político en el Senado, donde la oposición exige explicaciones mientras Morena opta por cerrar filas. La denuncia en Estados Unidos eleva la disputa a un terreno internacional y plantea un dilema ético y jurídico: ¿puede la política mexicana seguir blindando a sus figuras más poderosas frente a acusaciones tan graves sin rendir cuentas claras?

Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, fue ingresado la noche del jueves al penal federal del Altiplano bajo un fuerte dispositivo de seguridad. El traslado desde Paraguay duró más de 30 horas, con escalas en Bogotá y Tapachula, donde la FGR le notificó la orden de aprehensión por delincuencia organizada y secuestro agravado.

Identificado por autoridades como presunto líder de “La Barredora”, brazo del CJNG, Bermúdez fue capturado el 12 de septiembre en Asunción y expulsado por el gobierno paraguayo. Se prevé que este viernes se realice la audiencia inicial en su contra y la de sus presuntos operadores.

El exfuncionario fue jefe de Seguridad en el gobierno de Adán Augusto López, quien negó haber recibido reportes sobre su conducta ilícita. El caso representa un golpe político y judicial de alto perfil, con implicaciones directas en la relación entre viejos aliados y el poder federal.

El senador Adán Augusto López Hernández rechazó este miércoles sentir preocupación por las declaraciones que pueda rendir Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad en Tabasco durante su gestión como gobernador y recientemente detenido en Paraguay. “¿Y si Bermúdez canta? Pues sabe cantar, ¿no?”, respondió con ironía ante los cuestionamientos de la prensa.

López Hernández afirmó que nunca recibió reportes ni advertencias sobre presuntas actividades ilícitas de Bermúdez, a quien se le vincula con la organización criminal La Barredora. El legislador por Morena aseguró que está en plena disposición de aclarar cualquier señalamiento y descartó dejar su escaño en el Senado por este caso.

Mientras tanto, el Ministerio Público de Paraguay confirmó la expulsión de Bermúdez, alias “El Abuelo”, hacia México, tras desistirse la solicitud formal de extradición. La decisión permitió que un juez paraguayo dejara sin efecto el proceso judicial. El episodio, que liga de nuevo la política con el crimen organizado, abre preguntas incómodas sobre los controles institucionales y la cercanía de funcionarios con redes criminales.

La presencia de Adán Augusto López volvió a generar tensión en la Comisión Permanente del Senado. La panista Lilly Téllez acusó al exsecretario de Gobernación de presuntos vínculos con el crimen organizado y exigió su salida del pleno, lo que desató un fuerte enfrentamiento. En respuesta, la morenista Yeidckol Polevnsky pidió orden y calificó los señalamientos como un exabrupto, al sugerir incluso que se trataba de un comportamiento fuera de control.

El episodio reflejó nuevamente la polarización entre bancadas, donde los ataques personales sustituyeron la discusión de fondo. La presencia de López, considerado cercano al círculo presidencial, se convirtió en detonante para la oposición que insiste en cuestionar su papel político.

Este tipo de enfrentamientos exhibe un Senado atrapado en acusaciones, gritos y descalificaciones, más que en debates sobre políticas públicas. La escena evidencia cómo las diferencias partidistas bloquean la deliberación institucional y profundizan el desgaste de la vida parlamentaria.

Con mayoría en el Senado, Morena desechó la solicitud de licencia presentada contra Adán Augusto López por supuestos actos anticipados de campaña. El bloque oficialista argumentó que no existen elementos jurídicos suficientes para proceder, y calificó la petición como un intento de linchamiento político.

La propuesta fue promovida por senadores de oposición, quienes señalaron un presunto uso indebido de recursos públicos durante giras del exsecretario de Gobernación. No obstante, el respaldo de la bancada guinda impidió que avanzara en comisiones.

Este episodio confirma el blindaje político a figuras prominentes del oficialismo, incluso cuando enfrentan cuestionamientos serios. ¿Qué margen queda para la rendición de cuentas en un Congreso dominado por la lealtad partidista?

El caso Hernán Bermúdez Requena ya provoca fisuras en la bancada de Morena en el Senado. Aunque en un inicio se respaldó públicamente a Adán Augusto López, coordinador morenista y exgobernador de Tabasco, hoy varios senadores evitan posicionarse. El escándalo por los presuntos vínculos entre Bermúdez y el crimen organizado, sumado a la denuncia penal interpuesta por el PAN, ha generado una inquietud creciente.

Senadores como Lilia Valdez y Manuel Huerta han pedido deslindes y responsabilidad. Otros, como Félix Salgado, se mantienen a la espera. En contraste, Gerardo Fernández Noroña defendió a López, asegurando que no hay cargos formales. A pesar de la presión de la oposición, Morena evitó discutir el tema en la Comisión Permanente.

Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum marcó distancia y recalcó que solo da instrucciones a su gabinete. Aseguró que el poder debe ejercerse con humildad, en medio de las críticas por los viajes de legisladores oficialistas al extranjero.

El PAN presentó una denuncia penal contra el senador morenista Adán Augusto López por presuntos vínculos con el crimen organizado. La diputada Noemí Luna acusó que López, exgobernador de Tabasco y exsecretario de Gobernación, protegió al jefe policiaco Hernán Bermúdez, señalado por operar para el cártel de La Barredora.

Luna recordó que Bermúdez fue detenido en 2006 por vínculos criminales y que, aun así, López lo colocó como titular de Seguridad Pública en Tabasco. Según la legisladora, el cártel operó con impunidad en el estado e incluso habría participado en obras del Tren Maya.

El PAN exige la renuncia de López a la coordinación de Morena en el Senado mientras se investigan los hechos. La denuncia se suma a los señalamientos contra figuras cercanas a AMLO, como Alfonso Romo, acusado en EE.UU. por presunto lavado de dinero a través de su firma financiera Vector.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) descartó que los documentos filtrados por el colectivo Guacamaya Leaks sobre Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, tengan carácter oficial. El general Ricardo Trevilla, titular de la dependencia, afirmó este lunes que dado que “no es información verificada” no se compartio con el presidente, además de mencionar que su análisis actual está en manos de la Fiscalía de Tabasco.

El caso de Bermúdez, acusado de operar la célula del CJNG conocida como “La Barredora” desde su posición como secretario de seguridad pública de Tabasco durante la adminsitración de Adán Augusto, se rebeló tras el anuncio de una orden de aprehensión en su contra y su huida del país. A pesar de que la Interpol emitió una ficha roja para su localización, Sedena insiste en que los reportes filtrados “provienen de muchas fuentes, no siempre confiables”.

Guacamaya Leaks reveló más de 30 documentos internos de la Sedena, con fechas desde 2019, que vinculan a Bermúdez con el crimen organizado. Sin embargo, el Secretario de la Defensa, durante la conferencia de prensa del día de hoy, subrayó que estos documentos no fueron validados ni entregados oficialmente a las fiscalías, al expresidente Lopez Obrador ni a su secretario de gobernación, Adan Augusto y recalcó que solo tras la verificación oficial podrían tener valor legal. El gabinete de seguridad también evitó responder directamente si AMLO o Adán Augusto conocían los señalamientos.

La postura de Sedena ha sido criticada por especialistas, quienes ven en el deslinde una estrategia para desmarcarse de la filtración más delicada sobre seguridad en años recientes. Mientras tanto, la FGE de Tabasco continúa la investigación, sin anunciar avances concretos en la búsqueda del exfuncionario y sus posibles nexos con el exgobernador tabasqueño.