El debate sobre la ofensiva de la ultraderecha ha ganado protagonismo en sectores cercanos a la Cuarta Transformación, que ven en ella una amenaza organizada y creciente. Sin embargo, atribuir cualquier protesta o expresión de malestar a una conspiración conservadora puede nublar un hecho esencial: el desgaste social también emerge desde dentro. La historia reciente de América Latina muestra que los gobiernos progresistas suelen caer menos por ataques externos que por la pérdida de entusiasmo entre quienes antes los apoyaban.

En México, la aprobación mayoritaria hacia el gobierno convive con demandas persistentes: seguridad deficiente, incertidumbre económica, servicios públicos frágiles. Transportistas, vecinos que exigen justicia o agricultores que protestan por precios injustos no necesariamente actúan bajo una bandera partidista. Reducir todas estas expresiones al “juego de la derecha” implica el riesgo de desconocer agravios reales y desatender el descontento que se acumula en amplias zonas del país. Es, además, una forma de trasladar la responsabilidad a factores externos.

El riesgo político no está únicamente en las campañas de desprestigio diseñadas por empresarios o consultores opositores, sino en que la narrativa gubernamental derive hacia el victimismo. La experiencia de los partidos que gobernaron México por décadas muestra que la externalización de la culpa –atribuir todo a enemigos o conspiraciones– conduce a la parálisis. También impide corregir rumbos y atender las expectativas de quienes dieron su voto esperando transformaciones concretas.

La 4T tiene ante sí un desafío estructural: sostener apoyo popular mediante resultados tangibles. Ello implica ampliar políticas redistributivas, robustecer la economía formal y responder a la inseguridad que afecta al país. Enfocarse demasiado en el adversario puede distraer de ese objetivo central. Cuando la inconformidad crece, el peligro no viene solo de fuera; surge, sobre todo, de la distancia entre las promesas y la vida cotidiana de la mayoría.

La ofensiva retórica del PRI y del PAN contra el Gobierno de la Cuarta Transformación ha escalado a niveles que rozan la caricatura. Acusaciones de autoritarismo, corrupción o incluso vínculos criminales emergen ahora de quienes edificaron su poder histórico precisamente sobre esas prácticas. El fenómeno exhibe un viejo mecanismo psicológico –la proyección– trasladado directamente al terreno político: atribuir al adversario las propias miserias para evitar asumirlas y, de paso, erosionar su legitimidad ante el electorado.

La estrategia se sostiene en la desinformación, que permite reescribir la memoria pública y borrar responsabilidades históricas. Así, los priístas proclaman que “construyeron el país” que en realidad se desarrolló a pesar de ellos, mientras los panistas adjudican a Vicente Fox la paternidad de los programas sociales que hoy intentan desmantelar. Esta reapropiación de méritos acompaña la campaña de injurias que circula en redes y medios, donde los ataques buscan sustituir el debate por el escándalo y la discusión argumentada por insultos multiplicados.

En ese terreno se articula la influencia de la ultraderecha internacional, cuyos discursos misóginos, clasistas y xenófobos han sido acogidos con entusiasmo por la reacción local. Frases como “basura inmigrante” o “zurdos de mierda” ya forman parte del repertorio opositor, alimentado por figuras como Salinas Pliego, Lilly Téllez o Alejandro Moreno, que replican el estilo estridente de Trump y Milei para amplificar su presencia mediática.

La apuesta es clara: desplazar la política y colonizar el espacio público con odio, burla y desprecio. Su eficacia no reside en convencer, sino en contaminar, provocando que otros actores respondan en el mismo tono. Si la disputa pública se reduce al intercambio de improperios, la ultraderecha habrá logrado su objetivo: vaciar la política de contenido y convertirla en un espectáculo de violencia verbal.

El Senado aprobó y envió al Ejecutivo la nueva Ley General de Aguas y la Ley de Aguas Nacionales, en un proceso acelerado que incluyó dispensa de trámites y el respaldo del bloque de la 4T. Con 85 votos a favor y 36 en contra, la minuta avanzó menos de 12 horas después de su llegada desde San Lázaro, en medio de un tenso intercambio entre oficialismo y oposición sobre el alcance de los cambios.

Mientras PAN y PRI acusaron que las reformas restringen derechos de productores y permiten concentrar el control del agua en el gobierno federal, Morena refutó dichas versiones leyendo artículos que garantizan la transmisión de concesiones y el uso agrícola. Legisladores guindas calificaron de “falsas” las advertencias opositoras y defendieron que la nueva legislación prioriza el acceso equitativo al recurso.

El debate incluyó mantas, acusaciones y señalamientos de ambos bloques, aunque todas las reservas opositoras fueron rechazadas. Con ello, el Senado aprobó la reforma sin cambios y cerró la sesión cerca de la medianoche, mientras la sede legislativa permaneció resguardada por un operativo ante posibles protestas de productores.

El anuncio del nuevo libro de Andrés Manuel López Obrador reactivó de inmediato el pulso político nacional. Desde su finca en Chiapas, el expresidente reapareció en un momento cargado de tensiones: la caída de Alejandro Gertz Manero, el avance de Donald Trump en Centroamérica, la presión militar sobre Venezuela y la ofensiva discursiva de la ultraderecha mexicana contra la presidenta Claudia Sheinbaum. Su mensaje pareció reposado, pero llevó una advertencia: podría regresar si la democracia o la soberanía se vieran amenazadas.

Esa sola posibilidad desató reacciones destempladas entre los adversarios de la 4T, que buscaron presentar la publicación como un síntoma de debilidad del actual Gobierno. El argumento, sin embargo, se sostiene con dificultad: desde hace meses se sabía que López Obrador preparaba un libro y una eventual gira de presentación. La oposición, atrapada en su propia narrativa alarmista, leyó la aparición como una sombra sobre Sheinbaum, pese a que la presidenta agradeció públicamente el respaldo.

La reaparición también reposicionó al tabasqueño dentro del tablero político. Aunque insistió en que no pretende ejercer un cacicazgo, su figura continúa siendo un factor de contención interna en Morena. En la antesala de definiciones rumbo a diputaciones, gubernaturas y cargos locales, su silencio o intervención pueden inclinar equilibrios entre bloques que hoy compiten por influencia. La “unidad” que él demanda se vuelve una condición tácita para evitar tensiones mayores.

El peso simbólico de López Obrador, incluso desde el retiro, persiste. Su anuncio literario confirma que, aunque su fuerza quizá esté menguada por desgastes y señalamientos, conserva una capacidad de movilización que pocos actores poseen. Desde Palenque, se mantiene como vigilante del rumbo político y como eventual muro de contención ante cualquier intento de alterar la continuidad del proyecto que encabezó.

Legisladores de Morena, PT y Partido Verde ratificaron su lealtad a la presidenta Claudia Sheinbaum y al proyecto de la cuarta transformación. En la reunión, se discutieron los procesos legislativos clave para el cierre de año y para 2026. Los líderes parlamentarios subrayaron la unidad del movimiento frente a los intentos de la oposición de desestabilizar al gobierno. También expresaron solidaridad y respaldo a la mandataria federal.

Durante el encuentro, se abordaron temas como la reforma al Poder Judicial y las prioridades legislativas, incluyendo la reducción de la jornada laboral y la reforma de derechos laborales para jornaleros. Se convocó a una movilización en el Zócalo el 6 de diciembre, en apoyo a Sheinbaum y para celebrar siete años de gobiernos de la transformación. Los dirigentes insistieron en la importancia de informar a la ciudadanía sobre los avances logrados en este periodo.

Los legisladores afirmaron que la presidenta destacó la gobernabilidad y minimizó las protestas recientes, comparándolas con fenómenos pasajeros. Además, señalaron que se fortalecerán los lazos entre Morena, PT y Partido Verde, y reiteraron el llamado a explicar a la sociedad el alcance de las reformas. Finalmente, refrendaron el compromiso de impulsar la agenda de la 4T y de consolidar el proyecto de nación.

En México, las grandes rupturas políticas suelen venir de dentro del poder. Morena nació del PRD, que a su vez emergió del PRI, heredero institucional de la Revolución Mexicana. Por eso, la llamada Cuarta Transformación no puede entenderse sin mirar la continuidad de ese linaje político. Más que una nueva etapa histórica, representa un efecto tardío de la tercera transformación: la Revolución.

El gobierno de López Obrador no rompió con las estructuras militares heredadas del siglo XX; al contrario, las fortaleció. El Ejército —actor central del periodo neoliberal— ha recibido más presupuesto, más funciones y más reconocimiento simbólico. La promesa de desmilitarizar la vida pública terminó por convertirse en su expansión. En México sigue vigente el mismo aparato armado de la Guerra Sucia, ahora con legitimidad renovada.

Tampoco hubo un cambio constitucional de fondo. Las reformas impulsadas desde 2018 han sido parciales y no equivalen a una nueva Carta Magna como la de 1917. La reforma indígena se diluyó en el Congreso y el tema de la tierra quedó pendiente. Aunque el gobierno redujo las concesiones mineras, no revirtió la contrarreforma agraria de los años noventa ni prohibió prácticas como el fracking.

Más que una transformación, la 4T es una actualización del viejo sistema con nuevos símbolos. Las revoluciones no se decretan: surgen desde abajo. Ningún partido puede monopolizar el impulso popular ni institucionalizar por completo las resistencias sociales. Lo que hoy vivimos, más que una cuarta transformación, es la larga resaca de la tercera.

Mientras el gobierno enfrenta el escándalo por el huachicol fiscal y una creciente desconfianza ciudadana, el fenómeno de los “nepobabies” morenistas —los hijos e hijas de figuras clave de la llamada Cuarta Transformación— se ha convertido en el nuevo rostro del poder. Jóvenes que, desde el confort de estudios privados, viajes de lujo o negocios exclusivos, contrastan con el discurso de austeridad y justicia social que sus padres enarbolan.

El caso más reciente es el de Jimena García Álvarez-Buylla, hija de la exdirectora del Conahcyt, María Elena Álvarez-Buylla Roces. La joven artista fue retratada por la revista Dwell en su estudio de arte ubicado en la casa familiar de Tlalpan, con acabados de diseño, iluminación personalizada y jardín privado. La publicación se viralizó justo cuando la Auditoría Superior de la Federación presentó una denuncia contra su madre por el presunto desvío de 50 millones de pesos, lo que desató cuestionamientos sobre el origen de los recursos familiares.

Jimena no es la única heredera de la 4T que ha acaparado titulares. De Andy López Beltrán a León Bartlett, pasando por hijos de secretarios y legisladores, una nueva generación de hijos del poder muestra un perfil público donde el lujo, las influencias y las oportunidades exclusivas parecen heredarse tanto como los apellidos.

Mientras millones de mexicanos sobreviven con menos de siete mil pesos mensuales, los nepobabies de Morena se mueven entre galerías y hoteles, alimentando la percepción de una élite política que se dice del pueblo, pero vive muy lejos de él.

En plena crisis por la corrupción en aduanas y el descrédito del “austericidio” republicano, los hijos de la 4T se han convertido en el reflejo más incómodo de un movimiento que prometía acabar con los privilegios… y terminó reproduciéndolos.

Durante la ceremonia previa al desfile militar por el 215 aniversario de la Independencia, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, afirmó que la institución dio un “golpe de timón” contra la corrupción y la impunidad. Reconoció que altos mandos navales estuvieron involucrados en el robo y tráfico de combustible, pero subrayó que “hubiera sido imperdonable callarlo”, al recalcar que la Marina actuó con honestidad y transparencia.

Ante la presidenta Claudia Sheinbaum, representantes del gabinete y delegaciones extranjeras, Morales aseguró que cualquier desafío será enfrentado con honor, lealtad y deber. Sin mencionar directamente a los implicados en la red de huachicol fiscal, sostuvo que la decisión de exponer los hechos fue un ejercicio de congruencia y compromiso con el pueblo, al reiterar que “la verdad nos fortalece y la justicia nos determina”.

El almirante destacó que con la Cuarta Transformación no hay marcha atrás en el combate a la corrupción y que la Marina seguirá siendo una de las instituciones más confiables del país. Sin embargo, el reto pendiente es profundo: más allá de los discursos, el verdadero desafío será evitar que estos esquemas ilícitos vuelvan a enquistarse en estructuras de poder, lo que pondría a prueba la credibilidad del Estado mexicano.

En su primer Informe de Gobierno, Claudia Sheinbaum aseguró que México es ya el segundo país con menor desigualdad en el continente, sólo detrás de Canadá. Desde Palacio Nacional, resaltó que en 2025 se destinarán 850 mil millones de pesos a programas del Bienestar, equivalentes al 2.3% del PIB, con impacto en más de 32 millones de familias.

La mandataria afirmó que con este plan social, el más ambicioso en la historia del país, el coeficiente de Gini bajó de 0.426 a 0.391, lo que refleja una mayor redistribución del ingreso. Además, destacó el reconocimiento constitucional de pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derechos, con acceso directo a más de 12 mil millones de pesos de presupuesto público.

Sheinbaum defendió que la 4T rompió con el modelo neoliberal y subrayó reformas en favor de mujeres, educación y salud. Sin embargo, el reto de reducir la desigualdad no termina con cifras: exige políticas sostenidas y capacidad real de transformación social.

Varios integrantes de Morena han sido señalados en días recientes por viajes y consumo de artículos de lujo que contrastan con los principios de austeridad promovidos por el partido. Entre los casos más comentados figuran Andrés Manuel López Beltrán, Ricardo Monreal, Mario Delgado, Sergio Gutiérrez Luna y Layda Sansores.

La presidenta Claudia Sheinbaum y la dirigente Luisa María Alcalde han reiterado que el poder debe ejercerse con humildad y sencillez, exhortando a evitar conductas asociadas a la ostentación. Los lineamientos internos prohíben exhibir signos de riqueza, usar aeronaves privadas o portar ropa de marcas exclusivas.

Aunque los señalados afirman que sus gastos fueron con recursos propios, las imágenes y testimonios han encendido un debate sobre coherencia política y ética partidaria. El desafío para Morena será sostener su discurso de austeridad ante actos que, reales o percibidos, pueden minar su credibilidad pública.