Desde Washington, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió el T-MEC al calificarlo como “el mejor acuerdo comercial posible” logrado durante la presidencia de Donald Trump. Aseguró que el liderazgo de López Obrador fue clave para preservar la soberanía nacional sin romper con la lógica del libre comercio, y destacó que su gobierno dará continuidad a esa visión.

Ante la posibilidad de que Trump regrese a la Casa Blanca, Sheinbaum afirmó que su administración mantendrá una política exterior basada en el respeto mutuo y el entendimiento diplomático. Reiteró que no habrá concesiones que vulneren la justicia social, pero sí se buscará consolidar la integración regional y aprovechar el fenómeno del nearshoring.

Aunque el mensaje busca transmitir estabilidad a inversionistas, persiste una preocupación legítima: ¿puede la relación bilateral sostenerse sobre afinidades personales con líderes impredecibles? La soberanía debe estar protegida por instituciones, no solo por discursos bien intencionados.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que sostendrá una llamada con Donald Trump antes del 1 de septiembre, fecha en que podrían entrar en vigor nuevos aranceles a productos mexicanos. La conversación fue solicitada por el propio Trump, quien busca imponer condiciones comerciales anticipándose a un eventual regreso a la Casa Blanca.

Aunque aún no existe una medida formal, el anuncio ha encendido alertas entre sectores industriales y exportadores, especialmente en el norte del país. Voces empresariales temen un nuevo ciclo de incertidumbre y renegociaciones como las vividas durante el T-MEC. El tema podría condicionar la relación entre ambos países desde antes del cambio de gobierno en Estados Unidos.

Frente a un interlocutor impredecible y proteccionista, México necesita claridad estratégica, no sólo cortesía diplomática. Si el diálogo no se basa en firmeza, el país podría quedar rehén de campañas electorales ajenas.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, aseguró que México cumplió su parte en la negociación con Estados Unidos sobre posibles aranceles del 30% a mercancías mexicanas. Indicó que solo resta esperar el resultado antes del 1 de agosto y se mostró optimista, señalando que la posición de México es “bastante buena” globalmente. Subrayó que el 84% de las exportaciones mexicanas no se verán afectadas por estar cubiertas por el T-MEC.

Ebrard describió las negociaciones como complejas, pero afirmó que el acuerdo de enero es de los mejores. Confía en que México “pase la prueba” y pronto se sabrá el impacto en los costos del mercado. Este proceso es crucial para la estabilidad comercial entre ambos países.

Empresarios mexicanos, aunque cautelosos, son optimistas. Francisco Cervantes del CCE, advirtió sobre 41 sectores en riesgo, pero descartó una “catástrofe”. Max Elman, del CCE, aseguró que México ha negociado eficazmente y no espera que los aranceles afecten las inversiones destinadas al mercado interno, confiando en que el T-MEC se siga respetando.

La gobernadora Rocío Nahle aseguró que la maestra Irma Hernández murió de un infarto, “les guste o no les guste”. La docente jubilada, que también trabajaba como taxista, fue secuestrada por un grupo criminal, golpeada y obligada a grabar un video de amenaza antes de ser hallada sin vida. El caso desató críticas nacionales por la violencia y la respuesta oficial.

El peritaje médico reveló afectaciones cardíacas y lesiones por golpes, pero Nahle desvió el foco acusando a medios y “odiadores” de lucrar con la tragedia. En conferencia, calificó la cobertura como “miserable” y aseguró que hay un “nado sincronizado” desde la Ciudad de México para afectar su gobierno.

Minimizar un caso que evidencia la inseguridad estructural y el abandono institucional no solo revela insensibilidad, sino que muestra un poder más preocupado por su imagen que por sus víctimas. Gobernar no debería ser competir con el dolor.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) planea imponer sanciones económicas a 118 juzgadores electos por el uso de acordeones durante las votaciones del Poder Judicial de la Federación en junio pasado. Las multas oscilan entre 39 mil y 127 mil pesos, sin contemplar la remoción del cargo. La medida busca penalizar a candidatos, desde ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hasta jueces, que obtuvieron una ventaja indebida.

En el caso de la SCJN, el futuro presidente Hugo Aguilar Ortiz enfrentaría una multa de 39 mil 712 pesos, mientras que la ministra Loretta Ortiz recibiría la sanción más alta del grupo: 127 mil 508 pesos. Otros ministros como Yasmín Esquivel y Lenia Batres también serán multados. El Tribunal de Disciplina Judicial también verá a miembros penalizados, con multas que van de 133 mil a 146 mil pesos para figuras como Celia Maya y Bernardo Bátiz.

El INE considera los acordeones como una aportación prohibida, al beneficiar directamente a candidaturas ganadoras, y por ello propone una sanción del 10% del tope de gastos de campaña. Las multas se individualizaron según la capacidad económica y la exposición de los candidatos. Aunque Morena, PT y PVEM fueron investigados, las denuncias en su contra resultaron infundadas por falta de pruebas directas.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó la Red Nacional de Abogadas de las Mujeres, una estrategia que ofrecerá asesoría jurídica gratuita, digna y efectiva para víctimas de violencia de género. Ante cientos de litigantes, Sheinbaum afirmó que el machismo, el racismo y el clasismo deben erradicarse, y defendió el derecho de las mujeres a expresarse, participar y vivir libres de violencia.

La red arrancó con 838 abogadas y crecerá con apoyo estatal. Quintana Roo fue el primero en sumarse. A través del número 079, opción 1, cualquier mujer podrá recibir orientación y denunciar. Clara Brugada, jefa de Gobierno capitalina, anunció la creación de una defensoría especializada y del programa Siemprevivas, que recorrerá hogares para promover una cultura de prevención.

Sheinbaum subrayó que esta política forma parte del “segundo piso de la 4T” y que también se buscará visibilizar a las mujeres olvidadas por la historia, como Malintzin y otras heroínas nacionales.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, así como las de sus familiares, socios y empresas relacionadas. La medida se coordinó con la Procuraduría Fiscal y la CNBV, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y corrupción.

El congelamiento forma parte de una operación iniciada al comienzo del actual sexenio. Las autoridades detectaron movimientos financieros irregulares, transferencias atípicas y un posible esquema de simulación fiscal. La Secretaría de Gobernación también suspendió las actividades de casas de apuestas vinculadas a familiares del exfuncionario.

Bermúdez Requena es prófugo de la justicia y señalado como fundador del cártel La Barredora. Su caso ha escalado en atención mediática tras ser vinculado con la gestión de Adán Augusto López en Tabasco. El bloqueo financiero abre una nueva fase judicial con posibles implicaciones políticas.

El embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, defendió el uso de las tarjetas Finabien para el envío de remesas, luego de que el senador republicano Eric Schmitt acusara a Claudia Sheinbaum de alentar la evasión del nuevo impuesto a las remesas aprobado por el Congreso estadounidense.

Moctezuma respondió que la propuesta presidencial es “totalmente consistente” con la legislación de Estados Unidos, ya que promueve el uso de instrumentos financieros regulados y trazables. Añadió que este sistema fortalece la inteligencia financiera y mejora la seguridad, al alejar las transferencias del uso de efectivo anónimo.

Frente al intento republicano de imponer un gravamen del 15% a las remesas, la embajada subrayó que México y EUA colaboran en objetivos comunes, como frenar el crimen transnacional. Sin embargo, el trasfondo político revela una tensión más profunda: el control de la migración, el dinero de los paisanos y la narrativa electoral de ambos países.

Ante la nueva ola de aranceles impulsada por el gobierno de Donald Trump, organizaciones jurídicas urgieron a México a acudir de inmediato a la OMC. La ANAD y la AIJD advirtieron que los impuestos a productos mexicanos, como jitomates y acero, violan flagrantemente el T-MEC y otros tratados internacionales.

El arancel del 30% que entrará en vigor el 1º de agosto sería, según juristas, “la gota que derramó el vaso”. Aunque reconocen la cautela diplomática de Sheinbaum, exigen ya una defensa jurídica firme. México tiene dos vías: un tribunal estadounidense o la OMC, aunque esta última enfrenta el riesgo de que sus fallos no sean ejecutados por EE. UU.

Además del daño económico, alertaron sobre impactos migratorios y violaciones a derechos humanos. La ANAD anunció asistencia legal a connacionales y oficinas en el norte del país. La presión internacional crece, pero la respuesta mexicana aún no llega.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno no encubrirá al senador Adán Augusto López si la Fiscalía General de la República (FGR) tiene acusaciones en su contra. Sheinbaum enfatizó la autonomía de la FGR para investigar vínculos delictivos o actos de corrupción, y reiteró que nadie será protegido, sea militante de Morena o no, pero también rechazó linchamientos mediáticos.

López, por su parte, se ha declarado dispuesto a comparecer, haciendo un llamado a “cerrar filas” en torno al Gobierno. Esto surge en medio de investigaciones contra su exsecretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez, buscado por Interpol por presuntos vínculos criminales.

Durante la gestión de López en Tabasco, la violencia se disparó, con un aumento del 83% en asesinatos entre 2019 y 2024, además de incrementos en cobros de piso y desapariciones. La postura de la Presidenta subraya un compromiso con la justicia, desmarcándose de cualquier implicación política en el caso.