El contrabando de combustibles conocido como huachicol fiscal ha generado pérdidas al erario que ascienden a 600 mil millones de pesos, informó Grisel Galeano García, procuradora Fiscal de la Federación. Explicó que, de esa cifra, 16 mil millones ya forman parte de denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República.

Durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, la funcionaria señaló que el ilícito consiste en ingresar gasolina como si fueran otros productos para evadir impuestos. Añadió que estos esquemas involucran a la delincuencia organizada, lo que prolonga las investigaciones más de un año. También confirmó que hay funcionarios y exfuncionarios incluidos en procesos judiciales.

Carlos Lerma Cotera, subsecretario de Ingresos de Hacienda, advirtió que agentes aduanales también podrían estar implicados, aunque no enfrentan procesos. Destacó que parte del aumento en la recaudación se debe a los operativos contra el contrabando, resultado de indagatorias abiertas en años anteriores.

A 57 años de la matanza de Tlatelolco, la presidenta Claudia Sheinbaum inició su conferencia con la frase “2 de octubre no se olvida”, mientras la bandera nacional ondeaba a media asta en el Zócalo. Recordó que en 2024 el Gobierno decretó el reconocimiento oficial de los hechos como crimen de lesa humanidad, un paso simbólico en la memoria histórica del país.

Sheinbaum destacó que la Secretaría de Gobernación pidió disculpas públicas a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad mexicana, al reconocer la responsabilidad del Estado en aquella represión. Ratificó su solidaridad con los sobrevivientes y familiares, además de expresar apoyo a presos políticos y organizaciones que continúan demandando verdad y justicia.

La mandataria subrayó su compromiso de no repetición, rechazando prácticas como represión, desapariciones o tortura. Este 2 de octubre, Palacio Nacional amaneció resguardado y con vallas de seguridad, ante la marcha que recorrerá la capital para honrar a las víctimas.

Claudia Sheinbaum cumple un año como presidenta de México con un balance mixto. Mientras mantiene un nivel alto de popularidad y control legislativo, enfrenta problemas persistentes como la inseguridad, la corrupción y las tensiones con Estados Unidos. Analistas advierten que el segundo año será decisivo para su gobierno.

En materia de seguridad, si bien hubo una reducción nacional en homicidios dolosos, estados como Sinaloa registraron incrementos dramáticos tras la captura de “El Mayo” Zambada. La ciudadanía sigue percibiendo altos niveles de inseguridad, lo que convierte este tema en uno de los mayores desafíos del sexenio.

A estos pendientes se suman la renegociación del T-MEC, con un entorno adverso por la postura de Donald Trump, y la organización del Mundial 2026 junto a EE.UU. y Canadá. Estos escenarios pondrán a prueba la capacidad del gobierno para mantener estabilidad política, económica y social.

La Administración Federal Antidrogas de Estados Unidos informó el arresto de 670 personas y el decomiso de más de 18 millones de dólares, además de miles de kilos de drogas presuntamente ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación. Los operativos se realizaron entre el 22 y 26 de septiembre en distintos puntos del país.

El titular de la DEA, Terry Cole, afirmó que la estrategia busca desmantelar al CJNG “desde su liderazgo hasta sus redes de distribución”. Sin embargo, la agencia omitió revelar identidades de los detenidos, en su mayoría ciudadanos estadounidenses vinculados con el trasiego de narcóticos. Los decomisos incluyeron fentanilo, metanfetaminas, cocaína, heroína, armas y bienes valuados en casi 30 millones de dólares.

El gobierno de Donald Trump señaló que estas acciones “salvan vidas y protegen comunidades”, al calificar al CJNG como una amenaza terrorista. No obstante, persiste la crítica sobre la falta de transparencia en torno a la participación de cárteles y traficantes dentro de Estados Unidos.

La Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas denunció ataques y hostigamientos en tierras recuperadas desde 1994 en Chiapas. Señalaron la presencia de Ejército, policía municipal y Fiscalía estatal en operativos que derivaron en la quema de casas y el robo de cosechas en el poblado Belén, dentro del Caracol 8 Dolores Hidalgo.

Los zapatistas acusaron al gobierno de entregar nuevamente terrenos ya pagados en 1996, lo que calificaron como un plan para provocar enfrentamientos. En su comunicado, responsabilizaron a la Cuarta Transformación de ponerse del lado de terratenientes y empresarios, dejando de lado a los pueblos indígenas que reclaman su derecho a la vida en común.

La denuncia alerta sobre una escalada de violencia en la región y cuestiona la impunidad con que operan autoridades y grupos aliados. El EZLN advierte que su apuesta sigue siendo el diálogo, pero advierte que la presión podría forzarlos a defenderse.

La Fiscalía General de la República reveló una red de corrupción en puertos de Tampico, Altamira, Guaymas y Ensenada, donde verificadores aduanales simulaban pruebas químicas para permitir la entrada ilegal de diésel mediante buquetanques. Funcionarios vinculados con marinos de alto rango presentaban frascos alterados para encubrir el contrabando bajo la apariencia de aceites y aditivos.

Los testimonios señalan pagos de hasta 50 mil pesos por cada embarcación, lo que facilitó el ingreso de millones de litros de hidrocarburos sin impuestos. La investigación apunta a una complicidad estructural entre agentes de la Agencia Nacional de Aduanas, marinos y operadores privados, quienes controlaban incluso los laboratorios que certificaban las muestras.

El caso exhibe la fragilidad institucional en los puntos estratégicos del país y la profundidad del huachicol fiscal. La gran pregunta es si las redes se desmantelarán de raíz o si volverán a operar bajo nuevos rostros y complicidades.

Iñaki Blanco, ex fiscal de Guerrero, señaló a José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, y al grupo criminal Guerreros Unidos como autores intelectuales de la desaparición de 43 estudiantes la noche del 26 de septiembre de 2014. Según Blanco, la acción constituyó una desaparición forzada en la que participaron servidores públicos y personas con autoridad.

El ex fiscal detalló que la coordinación del crimen involucró a policías de diversos municipios, entre ellos Huitzuco, Tepecoacuilco, Taxco, Cocula e Iguala. Durante la operación, 68 estudiantes lograron escapar y posteriormente fueron identificados por las autoridades gracias a pruebas de Rodizonato y Lunge que confirmaron el uso de armas de fuego por parte de los agresores.

Blanco destacó la importancia de los avances en peritajes y rastreo de telefonía, que podrían localizar los equipos usados por los implicados. La investigación plantea un cuestionamiento crítico sobre la complicidad institucional y la necesidad de justicia efectiva frente a la impunidad.

Estudiantes normalistas derribaron con un camión la puerta del Campo Militar 1 en la Ciudad de México, en protesta por el aniversario número once de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Tras el mitin encabezado por padres y madres de los jóvenes, los manifestantes lanzaron explosivos y realizaron pintas en la fachada del recinto militar.

Los abogados de las familias señalaron que la Secretaría de la Defensa continúa negando la entrega de más de 800 folios, considerados clave para esclarecer el caso. Denunciaron que el Ejército mantiene un “muro de silencio” desde 2014 y que la falta de acceso a esa información prolonga la impunidad.

La protesta ocurre en vísperas de una nueva marcha programada hacia el Zócalo capitalino. A más de una década, la exigencia de justicia persiste y el reclamo hacia el papel del Ejército se intensifica, revelando que las heridas del caso siguen abiertas.

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las críticas sobre la política de seguridad y negó cualquier distanciamiento con Andrés Manuel López Obrador. Señaló que su administración forma parte de la misma línea de la Cuarta Transformación, por lo que calificó como un intento opositor la idea de que existe ruptura.

Las declaraciones surgieron tras los comentarios del embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, quien destacó un cambio en la estrategia mexicana frente al narcotráfico. Sheinbaum aseguró que su gobierno mantiene la atención a las causas y al mismo tiempo refuerza labores de inteligencia e investigación para fortalecer las instituciones de seguridad.

En su discurso subrayó que esta etapa representa una continuidad y no un quiebre con el proyecto iniciado en 2018. Sin embargo, la insistencia en negar diferencias abre la interrogante sobre si el movimiento será capaz de sostener unidad frente a la creciente presión nacional e internacional.

Un juez de control en Villahermosa vinculó a proceso a Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad de Tabasco y señalado como líder del grupo criminal “La Barredora”. El exfuncionario enfrentará acusaciones por asociación delictuosa, secuestro agravado y extorsión, además de permanecer bajo prisión preventiva en el penal de El Altiplano.

La audiencia inicial concluyó con un plazo de tres meses para la investigación complementaria, que cerrará el próximo 23 de diciembre. Mientras tanto, la Fiscalía estatal y la defensa deberán presentar pruebas en la causa penal 386/2025. Bermúdez compareció de forma virtual, aunque también tiene procesos federales pendientes por delincuencia organizada y delitos relacionados con armas y combustibles.

El caso, vinculado al periodo de Adán Augusto López en Tabasco, refleja la profundidad de la infiltración criminal en estructuras de seguridad. Si es hallado culpable, Bermúdez podría enfrentar penas de hasta 158 años de prisión. La justicia deberá demostrar que no solo captura, sino que también castiga con firmeza.