La Fiscalía General de la República abrió una investigación contra Enrique Peña Nieto por un presunto soborno de 25 millones de dólares vinculado con la compra del software espía Pegasus. La denuncia fue presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera, tras varios días de silencio institucional ante los reportes de medios israelíes.

El software fue utilizado durante su sexenio para espiar a periodistas, activistas y opositores políticos. La acusación sugiere que el expresidente habría recibido pagos ilegales por facilitar contratos con NSO Group, la empresa creadora del sistema.

Peña Nieto, quien reside fuera del país, no ha respondido públicamente. El caso revive un capítulo clave del espionaje político en México. La tardía reacción de la Fiscalía pone en duda su independencia y capacidad para investigar a figuras del antiguo régimen. ¿Justicia o simulación ante la presión pública?

La cumbre BRICS concluyó en Río de Janeiro (6-7 julio) con un mensaje frontal contra Washington. El bloque denunció los aranceles unilaterales de Estados Unidos y condenó las incursiones militares contra Irán iniciadas el 13 de junio. La Declaración de Río exigió respeto al multilateralismo y censuró la ofensiva israelí en Gaza.

Los líderes discuten sistemas de pago alternativos y uso de monedas locales para reducir la dependencia del dólar. Trump replicó en Truth Social con la amenaza de un 10 % adicional de aranceles a cualquier país que adopte políticas “antiestadunidenses”, tensando aún más la agenda comercial.

Pese a la retórica, el bloque rehuyó fijar posición sobre Ucrania, señal de fracturas internas. Su desafío será transformar las declaraciones en acciones coordinadas que equilibren el poder global. ¿Logrará un frente tan diverso imponerse a la presión de Washington
o quedará en promesas?

Cuatro farmacéuticas mexicanas invertirán 10 mil 480 millones de pesos para fortalecer la industria nacional, anunció Claudia Sheinbaum este martes. La presidenta detalló que el capital se destinará a infraestructura, investigación y desarrollo de medicamentos.

La inversión, dijo, representa un paso clave para garantizar el abasto y la soberanía sanitaria del país. “Estamos construyendo un nuevo sistema de salud y esto es parte fundamental”, aseguró Sheinbaum durante su mensaje, tras reunirse con representantes del sector.

Las empresas participantes no fueron nombradas, pero la futura mandataria destacó que estas acciones buscan reducir la dependencia del extranjero. Además, adelantó que se impulsará la compra pública con criterios de eficiencia y calidad. La medida se suma a otros anuncios recientes orientados a fortalecer la producción nacional de insumos médicos y modernizar el sistema de salud.

El Senado prevé tomar protesta el 1 de septiembre a las nuevas personas juzgadoras que integrarán los tribunales de apelación y distritales, conforme a la reforma al Poder Judicial aprobada por Morena. El proceso se enmarca en los cambios que buscan transformar la estructura judicial, y cuya implementación sigue en marcha pese a las críticas de la oposición.

Las personas seleccionadas provendrán de los más votados en la elección judicial de agosto. Aunque aún no se conocen los nombres, el Senado se declara listo para recibir las ternas y cumplir con la formalidad constitucional. La toma de protesta coincidirá con el inicio del nuevo periodo legislativo.

Desde la mayoría oficialista se insiste en que esta reforma democratiza la justicia y fortalece la confianza ciudadana. Sin embargo, persisten dudas sobre la independencia judicial y la calidad de los perfiles electos, en un momento de alta polarización política y descrédito institucional.

Claudia Sheinbaum afirmó que la nueva Ley de Telecomunicaciones no permitirá censura ni espionaje. Aseguró que se trata de una reforma para garantizar el acceso equitativo a la comunicación y fortalecer los medios públicos, comunitarios y de pueblos originarios. “Es una ley para democratizar las telecomunicaciones”, sostuvo.

La presidenta descartó que la norma tenga fines autoritarios, pese a las críticas por permitir la geolocalización sin orden judicial y la posible suspensión de transmisiones. Señaló que se trata de medidas excepcionales y que el objetivo principal es ampliar la cobertura y reducir la brecha digital.

Sin embargo, diversos sectores han expresado preocupación por los riesgos que implica concentrar el control del espectro y la supervisión del sistema en el Ejecutivo federal. Organismos, opositores y defensores de derechos digitales advierten que la nueva ley puede debilitar la autonomía regulatoria y abrir la puerta a posibles abusos del poder.

David Colmenares concluye su gestión al frente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) con un saldo cuestionado: siete años de escasa fiscalización real y numerosas omisiones frente al uso irregular del erario durante el gobierno de López Obrador. Bajo su mando, la ASF minimizó hallazgos críticos, evitó confrontaciones con el Ejecutivo y permitió el avance de megaproyectos sin auditorías profundas.

Durante su gestión, informes clave fueron desactivados o editados, como el que cuestionaba los costos del Tren Maya. La Auditoría también tardó años en presentar denuncias penales y se abstuvo de indagar en esquemas como Segalmex, pese a los señalamientos públicos y mediáticos.

Expertos consideran que Colmenares funcionó como un auditor cómodo para el régimen, opacando la función fiscalizadora del Congreso. Su relevo, previsto para este año, será clave para definir si la ASF recupera su autonomía o sigue sometida al poder presidencial.

El Senado aprobó una nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión con 77 votos a favor y 30 en contra. La norma plantea una reestructura profunda que incluye la eliminación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), sustituido por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), bajo control del Ejecutivo. Según Morena, la ley impulsa medios comunitarios e indígenas; la oposición la tacha de autoritaria.

Críticos como Ricardo Anaya y Manuel Añorve alertaron sobre la geolocalización sin orden judicial, riesgos de censura y vigilancia, y la creación de un órgano regulador subordinado. Denunciaron la posible integración de un padrón telefónico previamente declarado inconstitucional, y calificaron la reforma como el “Big Brother del Bienestar”.

La ley define telecomunicaciones y radiodifusión como servicios públicos de interés general. Incluye medidas para cerrar la brecha digital y beneficios fiscales para operadores en zonas remotas. Sin embargo, persisten dudas sobre su impacto en la libertad de expresión y autonomía regulatoria.

El secretario de Hacienda, Edgar Amador, afirmó que el sistema bancario mexicano se mantiene sólido y sin interrupciones. Informó que, tras las acusaciones de lavado de dinero contra Intercam, CIBanco y Vector, se aplicaron medidas preventivas para proteger el ahorro y garantizar estabilidad.

La CNBV, el Banco de México y el IPAB intervinieron de forma temporal en la administración de estas instituciones. El objetivo fue asegurar su operación continua, cuidar los fondos de los clientes y evitar afectaciones a los mercados financieros, según explicó el funcionario.

Amador destacó que el tipo de cambio se mantuvo estable y las tasas de interés presentaron ligeras bajas. Aseguró que las líneas de financiamiento están bajo control y que las tres instituciones siguen operando con normalidad. Reiteró que los recursos de los cuentahabientes están seguros y que se mantendrá coordinación con el sector financiero.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no ha presentado pruebas contundentes de lavado de dinero contra CIBanco, Intercam y Vector. Explicó que sólo se recibieron reportes generales sobre transferencias legales entre empresas chinas y mexicanas.

Aclaró que, pese a la falta de evidencia, la Secretaría de Hacienda, la CNBV y la UIF han iniciado investigaciones internas. Hasta el momento, únicamente se han detectado faltas administrativas, sin elementos que confirmen delitos financieros por parte de las instituciones involucradas.

Sheinbaum insistió en que si se presentan pruebas reales se actuará sin importar quién esté implicado. Subrayó que México no se subordina a ningún país y que la relación con Estados Unidos es de iguales. Aseguró que el sistema financiero mexicano es sólido y seguirá fortaleciéndose frente a cualquier señalamiento externo.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que impulsará una reforma electoral, al considerar que hay consejeros del INE que actúan con sesgo político. Acusó que todo lo relacionado con la Cuarta Transformación es rechazado sistemáticamente, lo que —afirmó— contradice la voluntad popular.

Cuestionó al INE por intervenir en la calificación de votos en la elección judicial, función que, recordó, corresponde al Tribunal Electoral. También reprochó a la Corte la falta de transparencia en casos fiscales, como la posible condonación de 4 mil 400 millones a Movistar y los adeudos del empresario Ricardo Salinas Pliego.

La mandataria insistió en que empresas deben pagar lo que deben y que el Congreso revise gastos del INE, financiamiento a partidos y representación plurinominal. Reformar la democracia exige revisar privilegios, pero también garantizar equilibrios. Centralizar el poder sin controles transparentes puede abrir la puerta a arbitrariedades, incluso desde la justicia.