El Poder Ejecutivo afina una reforma electoral que propone adelgazar el Congreso y reducir el gasto en elecciones, ante el crecimiento sostenido del financiamiento público. Para 2026, el costo nacional político-electoral superará 25 mil millones de pesos, impulsado por presupuestos constitucionales del INE, partidos políticos y tribunales electorales.

Del total, el Instituto Nacional Electoral ejercerá más de 14 mil millones de pesos, principalmente en nómina y proyectos específicos, mientras que las prerrogativas a partidos ascenderán a 7 mil 737 millones. A ello se suman recursos para el TEPJF y organismos estatales, cuyos gastos varían según decisiones de congresos locales respectivos.

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que la iniciativa será enviada al Congreso en febrero de 2026. Entre sus ejes destacan reducir diputados y senadores, así como recortar financiamiento a partidos. El debate legislativo se anticipa amplio, tras antecedentes de reformas anuladas y ajustes recientes.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el debate interno en la Secretaría de Educación Pública es normal y saludable, ante diferencias entre el titular Mario Delgado y el funcionario Marx Arriaga. Señaló que nadie posee la verdad absoluta dentro de la Cuarta Transformación, pues esa responsabilidad corresponde únicamente al pueblo mexicano.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum elogió el desempeño de Mario Delgado al frente de la SEP y subrayó que la dependencia cumple su función central de garantizar el derecho a la educación. Indicó que la existencia de ideas distintas no representa una rebelión interna, sino parte del trabajo colectivo y democrático.

La mandataria reiteró que el legado del proyecto iniciado por Andrés Manuel López Obrador reside en la ciudadanía y no en individuos. Reconoció discrepancias al interior del gobierno, pero insistió en que todos deben trabajar en equipo para fortalecer la educación pública y consolidar los objetivos sociales del actual gobierno federal.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció un apoyo económico inicial de treinta mil pesos para personas lesionadas y familiares de víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, durante recorridos hospitalarios. El objetivo, explicó, es cubrir gastos inmediatos, funerarios y atención básica, mientras continúan investigaciones oficiales sobre causas del accidente ocurrido.

Sheinbaum detalló que una vez que la Fiscalía General de la República determine responsabilidades, se otorgará un segundo apoyo conforme a derecho. Indicó que no acudió al sitio del siniestro por tratarse de zona pericial y priorizó visitar hospitales del IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar en Oaxaca y regiones cercanas.

La mandataria lamentó la muerte de trece personas y aseguró atención médica integral a heridos, algunos graves. Señaló que no se han requerido gastos familiares y que la Comisión de Víctimas, Servidores de la Nación y autoridades estatales acompañan a afectados, mientras continúan cirugías, traslados y seguimiento permanente oficial continuo.

La Secretaría de Educación Pública rechazó señalamientos sobre una presunta privatización educativa y afirmó que la Nueva Escuela Mexicana consolida el carácter público y gratuito del sistema. Durante su comparecencia legislativa, el titular Mario Delgado sostuvo que el modelo refuerza la rectoría estatal, garantiza derechos sociales y promueve participación magisterio.

El funcionario explicó que la política educativa iniciada en el gobierno anterior continúa fortaleciéndose, pues orienta la acción pública hacia equidad y justicia social. Además, destacó la impresión de más de 160 millones de libros gratuitos, incluidos materiales en lenguas indígenas, como evidencia de una estrategia incluyente y nacional vigente.

Asimismo, Mario Delgado informó que en 2025 se destinaron más de 144 mil millones de pesos a becas e infraestructura, beneficiando a millones de estudiantes. Señaló que la Nueva Escuela Mexicana reconoce al magisterio como eje transformador y descarta cualquier retroceso privatizador en educación pública del país mexicano actual vigente.

Senadores de Morena condenaron el endurecimiento de la política migratoria del presidente Donald Trump, al considerar que criminaliza a trabajadores indocumentados y vulnera derechos humanos. Legisladores advirtieron sobre el uso de cazarecompensas y centros de confinamiento, prácticas que calificaron como inhumanas y contrarias a tratados internacionales vigentes firmados por Estados Unidos.

El senador Manuel Huerta afirmó que el Senado debe actuar junto con el Ejecutivo para orientar y proteger a los mexicanos en Estados Unidos. Señaló que las medidas anunciadas implican riesgos mayores para los migrantes, quienes enfrentarán mayor persecución por parte de agentes migratorios incentivados con recompensas económicas adicionales.

Por su parte, la senadora Guadalupe Chavira pidió reforzar la defensa legal desde los consulados y llevar el tema a foros internacionales. Subrayó que los migrantes contribuyen de forma decisiva a la economía estadunidense y recordó que la aportación de mexicanos al PIB de ese país asciende a cientos de miles de millones de dólares anuales.

Estados Unidos lanzó un ataque aéreo contra una facción del Estado Islámico en el noroeste de Nigeria, luego de una serie de agresiones atribuidas a ese grupo armado. El presidente Donald Trump informó que la operación fue ordenada por él y ejecutada por fuerzas militares estadunidenses durante recientes días previos.

De acuerdo con el mandatario, la ofensiva estuvo dirigida contra células responsables de ataques violentos y asesinatos, principalmente contra comunidades cristianas. Además, señaló que Washington había emitido advertencias previas para frenar la violencia y que, ante la falta de respuesta, decidió autorizar una acción militar directa en la región afectada.

Trump afirmó que su gobierno mantendrá una política de tolerancia cero frente al terrorismo y reiteró el compromiso de Estados Unidos con la seguridad internacional. Sin embargo, hasta ahora no se han difundido cifras oficiales sobre víctimas, daños materiales ni detalles acerca de la coordinación con autoridades nigerianas locales correspondientes.

El gobierno de México espera que Estados Unidos precise las implicaciones de clasificar al fentanilo como arma de destrucción masiva, decisión anunciada por el presidente Donald Trump. La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que hasta ahora no existen documentos oficiales que expliquen consecuencias legales, diplomáticas o comerciales derivadas de esa denominación.

Sheinbaum señaló que su administración analiza el contenido exacto del anuncio estadounidense y mantiene comunicación institucional para solicitar aclaraciones formales. Explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores pidió definir alcances jurídicos y operativos de la medida, con el fin de conocer efectos en cooperación bilateral, tratados vigentes y responsabilidades compartidas.

La mandataria reiteró que el fentanilo tiene uso médico legítimo como anestesia y debe distinguirse del tráfico ilegal. Subrayó que México continuará colaborando con Estados Unidos contra el narcotráfico y en salud pública, mientras se esclarecen las implicaciones de la clasificación, privilegiando el respeto a la soberanía y coordinación bilateral.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en la Cuarta Transformación hay unidad y consolidación, pese a diferencias internas normales en un movimiento democrático. Señaló que 2025 fue un año con retos importantes, pero que se cierra con estabilidad política y cohesión entre quienes respaldan el proyecto.

Destacó también resultados económicos favorables, en particular la desaceleración de la inflación, que pasó de 3.99 por ciento en la segunda quincena de noviembre a 3.72 por ciento en la primera mitad de diciembre. Afirmó que este comportamiento refleja disciplina macroeconómica y condiciones más estables para las familias.

Sheinbaum señaló que su gobierno mantiene continuidad en principios y programas de la 4T, pero con nuevos énfasis. Mencionó la creación de programas sociales adicionales, mayor apoyo a las mujeres y su reconocimiento histórico, así como el impulso a proyectos de desarrollo científico como parte de su sello.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el gobierno federal presentará a inicios de 2026 un programa de inversión en infraestructura. El plan incrementará la obra pública mediante esquemas mixtos y recursos públicos, distintos a las asociaciones público privadas del pasado, con el objetivo de impulsar crecimiento económico y bienestar social.

Sheinbaum explicó que el esquema será diferente a las APP impulsadas en sexenios anteriores, al priorizar control estatal y beneficios sociales. Aseguró que la inversión mixta permitirá ampliar carreteras, obras estratégicas y proyectos regionales, fortaleciendo empleo, cadenas productivas y confianza para el desarrollo nacional con reglas claras y participación privada.

La mandataria añadió que en 2026 también se buscará consolidar los polos de bienestar y concluir la revisión del T-MEC. Consideró que cerrar esas negociaciones dará certeza jurídica, atraerá inversión extranjera y fortalecerá exportaciones, programas sociales y el desempeño general de la economía mexicana durante los próximos años de gobierno.

Tras más de 18 años de paro, los trabajadores de la mina de Cananea, en Sonora, dieron por terminada una de las huelgas más largas del país, luego de alcanzar un acuerdo definitivo impulsado por el gobierno federal de la presidenta Claudia Sheinbaum. El convenio contempla indemnizaciones, acceso a seguridad social y pensiones, y beneficiará a más de 650 mineros y a sus familias.

El acuerdo incluye el pago de 542 millones de pesos, de los cuales 483 millones serán aportados por el Estado conforme a las condiciones laborales previas a 2009, además de 59 millones establecidos por resoluciones laborales. Los recursos cubrirán antigüedad, salarios caídos, prestaciones contractuales y se extenderán también a las viudas de 53 trabajadores fallecidos durante el conflicto.

Dirigentes sindicales subrayaron que la solución fue política y no resultado de la voluntad de Grupo México, propiedad de Germán Larrea. Además de las liquidaciones, se garantizó la incorporación al IMSS, el acceso a pensiones y la posibilidad de reingreso laboral para quienes lo deseen, como parte de un Plan Integral de Justicia para Cananea que será presentado próximamente.