La Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas denunció ataques y hostigamientos en tierras recuperadas desde 1994 en Chiapas. Señalaron la presencia de Ejército, policía municipal y Fiscalía estatal en operativos que derivaron en la quema de casas y el robo de cosechas en el poblado Belén, dentro del Caracol 8 Dolores Hidalgo.

Los zapatistas acusaron al gobierno de entregar nuevamente terrenos ya pagados en 1996, lo que calificaron como un plan para provocar enfrentamientos. En su comunicado, responsabilizaron a la Cuarta Transformación de ponerse del lado de terratenientes y empresarios, dejando de lado a los pueblos indígenas que reclaman su derecho a la vida en común.

La denuncia alerta sobre una escalada de violencia en la región y cuestiona la impunidad con que operan autoridades y grupos aliados. El EZLN advierte que su apuesta sigue siendo el diálogo, pero advierte que la presión podría forzarlos a defenderse.

La Fiscalía General de la República reveló una red de corrupción en puertos de Tampico, Altamira, Guaymas y Ensenada, donde verificadores aduanales simulaban pruebas químicas para permitir la entrada ilegal de diésel mediante buquetanques. Funcionarios vinculados con marinos de alto rango presentaban frascos alterados para encubrir el contrabando bajo la apariencia de aceites y aditivos.

Los testimonios señalan pagos de hasta 50 mil pesos por cada embarcación, lo que facilitó el ingreso de millones de litros de hidrocarburos sin impuestos. La investigación apunta a una complicidad estructural entre agentes de la Agencia Nacional de Aduanas, marinos y operadores privados, quienes controlaban incluso los laboratorios que certificaban las muestras.

El caso exhibe la fragilidad institucional en los puntos estratégicos del país y la profundidad del huachicol fiscal. La gran pregunta es si las redes se desmantelarán de raíz o si volverán a operar bajo nuevos rostros y complicidades.

Iñaki Blanco, ex fiscal de Guerrero, señaló a José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, y al grupo criminal Guerreros Unidos como autores intelectuales de la desaparición de 43 estudiantes la noche del 26 de septiembre de 2014. Según Blanco, la acción constituyó una desaparición forzada en la que participaron servidores públicos y personas con autoridad.

El ex fiscal detalló que la coordinación del crimen involucró a policías de diversos municipios, entre ellos Huitzuco, Tepecoacuilco, Taxco, Cocula e Iguala. Durante la operación, 68 estudiantes lograron escapar y posteriormente fueron identificados por las autoridades gracias a pruebas de Rodizonato y Lunge que confirmaron el uso de armas de fuego por parte de los agresores.

Blanco destacó la importancia de los avances en peritajes y rastreo de telefonía, que podrían localizar los equipos usados por los implicados. La investigación plantea un cuestionamiento crítico sobre la complicidad institucional y la necesidad de justicia efectiva frente a la impunidad.

Estudiantes normalistas derribaron con un camión la puerta del Campo Militar 1 en la Ciudad de México, en protesta por el aniversario número once de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Tras el mitin encabezado por padres y madres de los jóvenes, los manifestantes lanzaron explosivos y realizaron pintas en la fachada del recinto militar.

Los abogados de las familias señalaron que la Secretaría de la Defensa continúa negando la entrega de más de 800 folios, considerados clave para esclarecer el caso. Denunciaron que el Ejército mantiene un “muro de silencio” desde 2014 y que la falta de acceso a esa información prolonga la impunidad.

La protesta ocurre en vísperas de una nueva marcha programada hacia el Zócalo capitalino. A más de una década, la exigencia de justicia persiste y el reclamo hacia el papel del Ejército se intensifica, revelando que las heridas del caso siguen abiertas.

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las críticas sobre la política de seguridad y negó cualquier distanciamiento con Andrés Manuel López Obrador. Señaló que su administración forma parte de la misma línea de la Cuarta Transformación, por lo que calificó como un intento opositor la idea de que existe ruptura.

Las declaraciones surgieron tras los comentarios del embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, quien destacó un cambio en la estrategia mexicana frente al narcotráfico. Sheinbaum aseguró que su gobierno mantiene la atención a las causas y al mismo tiempo refuerza labores de inteligencia e investigación para fortalecer las instituciones de seguridad.

En su discurso subrayó que esta etapa representa una continuidad y no un quiebre con el proyecto iniciado en 2018. Sin embargo, la insistencia en negar diferencias abre la interrogante sobre si el movimiento será capaz de sostener unidad frente a la creciente presión nacional e internacional.

Un juez de control en Villahermosa vinculó a proceso a Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad de Tabasco y señalado como líder del grupo criminal “La Barredora”. El exfuncionario enfrentará acusaciones por asociación delictuosa, secuestro agravado y extorsión, además de permanecer bajo prisión preventiva en el penal de El Altiplano.

La audiencia inicial concluyó con un plazo de tres meses para la investigación complementaria, que cerrará el próximo 23 de diciembre. Mientras tanto, la Fiscalía estatal y la defensa deberán presentar pruebas en la causa penal 386/2025. Bermúdez compareció de forma virtual, aunque también tiene procesos federales pendientes por delincuencia organizada y delitos relacionados con armas y combustibles.

El caso, vinculado al periodo de Adán Augusto López en Tabasco, refleja la profundidad de la infiltración criminal en estructuras de seguridad. Si es hallado culpable, Bermúdez podría enfrentar penas de hasta 158 años de prisión. La justicia deberá demostrar que no solo captura, sino que también castiga con firmeza.

Mauricio Fernández Garza, alcalde de San Pedro Garza García, falleció anoche a los 75 años, un día después de anunciar su retiro por complicaciones de cáncer. El edil panista había solicitado licencia tras rendir su Informe de Gobierno y proponer como suplente a su secretario de Ayuntamiento, Mauricio Farah.

Diagnosticado en 2021 con mesotelioma pleural, Fernández enfrentó la enfermedad en tres ocasiones, hasta que en septiembre de 2025 decidió abandonar los tratamientos médicos. Su deceso marca el fin de una trayectoria política ligada al municipio más próspero de Nuevo León.

Al frente de San Pedro en cuatro periodos distintos, Fernández dejó huella en la política local y en el PAN. Su muerte abre un nuevo capítulo en la vida política del municipio, que deberá decidir si mantiene el rumbo o busca renovarse tras décadas bajo su liderazgo.

La trayectoria de Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ha estado marcada por una mezcla de activismo y confrontaciones. Tras anunciar su salida del caso y del Centro Tlachinollan, sorprendió al confirmarse su llegada a la Suprema Corte como Secretario de Estudio y Cuenta.

El movimiento generó críticas sobre su independencia, mientras en redes sociales se multiplicaron acusaciones de aprovechar el caso Ayotzinapa para beneficio personal. A ello se suman viejas polémicas, como audios filtrados que él niega, y los enfrentamientos verbales con Andrés Manuel López Obrador por la falta de avances en la investigación.

Hoy, Rosales pasa de las trincheras sociales a una posición institucional, un giro que despierta expectativas y sospechas. Su nuevo rol quedará bajo observación de víctimas, organizaciones y actores políticos. La incógnita es si defenderá con la misma firmeza desde el poder.

La jueza Juana Fuentes Velázquez, directora de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, aclaró que la promoción de un juicio de amparo es un acto personalísimo. Sus declaraciones se dieron tras la controversia por recursos supuestamente presentados a nombre de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quienes han negado haberlos solicitado.

Explicó que solo en casos excepcionales, como desaparición forzada, un tercero puede intervenir en nombre del quejoso. Sin embargo, enfatizó que la clave para verificar la autenticidad de estos procesos está en la firma electrónica (FIREL), pues cada registro contiene datos criptográficos que impiden suplantaciones y permiten identificar al verdadero promovente.

El caso exhibe un vacío preocupante: aun con mecanismos de seguridad avanzados, la sospecha de suplantación genera dudas sobre la integridad de los procesos judiciales. La confianza en la justicia dependerá de que se aclare con certeza quién presentó estos amparos.

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió su decisión de modificar la forma en que se menciona a Josefa Ortiz durante el Grito de Independencia, al llamarla por su nombre original, Josefa Ortiz Téllez Girón. Argumentó que las mujeres no deben ser identificadas a través de sus esposos, como ocurría con el título de “la Corregidora”.

En su conferencia matutina, explicó que incluyó también a Leona Vicario, Manuela Molina y a las heroínas anónimas en la arenga, con el objetivo de recuperar la memoria femenina en la historia nacional. Señaló que en su infancia solo se enseñaba a Ortiz de Domínguez como figura aislada, reflejando un sesgo machista en los relatos escolares.

El gesto marca un cambio simbólico en la narrativa oficial de la Independencia. No obstante, el reto será transformar estos reconocimientos en políticas concretas que garanticen igualdad sustantiva, más allá de la evocación en fechas patrias.