Un tribunal civil en Miami condenó este martes a Genaro García Luna y a su esposa, Linda Pereyra, por participar en un esquema de corrupción vinculado a contratos de seguridad durante los gobiernos de Calderón y Peña Nieto. Deberán pagar más de 2 mil 500 millones de dólares por malversación de fondos públicos.

La demanda fue presentada por el gobierno mexicano en 2021, alegando que ambos utilizaron empresas fachada para desviar recursos federales y adquirir propiedades en Florida. La jueza Lisa Walsh aplicó la Ley Rico, que castiga el lavado de dinero y estructuras criminales en Estados Unidos.

Si bien se trata de un juicio civil, la magnitud de la sentencia refuerza las investigaciones penales que García Luna ya enfrenta por narcotráfico. El caso expone la profundidad de los desvíos institucionales y abre una discusión sobre los mecanismos reales de vigilancia financiera y responsabilidad pública en México.

Durante dos décadas, al menos 834 empresas fantasma obtuvieron contratos públicos por más de 11 mil millones de pesos, muchas de ellas registradas en domicilios falsos y con prestanombres de escasos recursos. Aunque fueron detectadas por el SAT como EFOS, la mayoría ya había sido contratada por el gobierno antes de ser inhabilitada.

Una investigación de Quinto Elemento Lab reveló que 486 dependencias firmaron convenios con estas compañías, incluidas Hacienda y el propio SAT. Los procedimientos de contratación no exigen verificar domicilios fiscales ni cruzar datos con listas de empresas inexistentes. Así, miles de prestanombres enfrentan juicios, mientras funcionarios y beneficiarios reales evaden cualquier responsabilidad.

Además, el SAT canceló más de 7 mil millones en créditos fiscales a estas empresas por “incosteabilidad” o falta de activos, aún cuando muchas habían recibido dinero del erario. El sistema legal trata estos casos solo como delitos fiscales, sin sancionar la corrupción que los hace posibles.

Este caso muestra cómo la falta de controles, voluntad política y justicia efectiva mantiene intacto un modelo de simulación institucional. Urge una reforma que penalice contratar EFOS, identifique a los beneficiarios reales y deje de castigar únicamente a quienes prestaron su nombre por necesidad o engaño.

La Suprema Corte determinó que Lenia Batres deberá abstenerse de participar en la votación del recurso promovido por Grupo Elektra contra un adeudo fiscal de mil 431 millones de pesos. El impedimento fue solicitado por otro ministro del Pleno y aprobado por mayoría.

Batres ha manifestado previamente posturas públicas que podrían comprometer su imparcialidad en temas fiscales vinculados a grandes corporativos. Este antecedente motivó la decisión del máximo tribunal, que busca asegurar neutralidad en un caso que involucra a una de las empresas más influyentes del país.

El pronunciamiento refuerza la necesidad de proteger la autonomía judicial ante posibles conflictos de interés; en un contexto político cargado, el papel de los ministros exige un escrutinio riguroso, sobre todo cuando se trata de decisiones que impactan directamente a actores económicos con poder y visibilidad mediática.

La Sala Superior del TEPJF confirmó que Samuel García vulneró los principios de imparcialidad y equidad al difundir un video que favorecía al excandidato presidencial Jorge Álvarez Máynez. La publicación se consideró uso indebido de recursos públicos.

El Tribunal descartó que haya caducado la facultad para sancionar, como alegaron los implicados. Además, validó que la Sala Regional actuó con exhaustividad al valorar el contexto electoral del video difundido por el Gobernador de Nuevo León en redes sociales.

Se resolvió dar vista al Congreso local, conforme a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo que podría derivar en nuevas medidas legislativas. Samuel García acumula ya más de 20 expedientes por intromisiones en procesos electorales.

Tras las protestas que impidieron su conferencia matutina presencial, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el diálogo con la CNTE continúa abierto, aunque reconoció que el presupuesto no alcanza para atender todas sus peticiones. La reunión prevista para el viernes sigue sin horario confirmado.

Sheinbaum subrayó que las Secretarías de Gobernación y Educación mantienen contacto directo con el magisterio disidente y criticó que se cierren las puertas de Palacio Nacional cuando las mesas de diálogo están activas. Aclaró que no todo debe resolverse directamente con ella, pues para eso está su Gabinete.

La mandataria reiteró su negativa a reprimir las protestas, afirmando que la salida debe ser pacífica y a través del diálogo. Afirmó que la mayoría del magisterio continúa dando clases, y que sólo un grupo minoritario mantiene los bloqueos en la capital.

Durante la renovación de la Red Nacional de Alcaldes de Pueblos Mágicos, se denunció la desaparición de fondos y programas federales destinados al desarrollo turístico local. Autoridades municipales señalaron la urgencia de reactivar el financiamiento tras la eliminación de 38 fondos y 110 fideicomisos.

Sergio Arredondo, secretario general de la Conferencia Nacional de Municipios, propuso crear un fondo semilla de mil millones de pesos para fortalecer capacidades técnicas y recuperar recursos, mientras que la Sectur defendió su estrategia “Destinos que trascienden y raíces que inspiran”.

Aunque se reconocen los esfuerzos desde el Ejecutivo, la falta de voluntad legislativa para etiquetar recursos concretos limita la viabilidad de este patrimonio turístico. La omisión presupuestal no sólo vulnera a los municipios, sino que pone en riesgo proyectos que articulan identidad, economía y comunidad en las regiones más representativas del país.

Durante un encuentro en San Lázaro, embajadores de países árabes compartieron experiencias sobre políticas públicas para el uso ético de la inteligencia artificial. Kuwait, Marruecos y Egipto coincidieron en que la tecnología debe estar al servicio del desarrollo sostenible y la equidad social.

Se destacó la creación de autoridades nacionales y guías éticas para normar su implementación, así como el impulso a infraestructuras digitales y programas educativos. México fue reconocido por su crecimiento en empresas que integran IA en sus operaciones.

Aunque se celebran estos avances, el desafío central sigue siendo la gobernanza. Sin regulaciones claras y mecanismos inclusivos, la inteligencia artificial puede profundizar desigualdades. Urge que el debate ético no quede en discursos diplomáticos, sino se traduzca en políticas concretas que garanticen acceso, seguridad y justicia tecnológica para todos.

El asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos de Clara Brugada, provocó una dura respuesta del PAN en el Senado. Ricardo Anaya calificó el hecho como un posible crimen de Estado y exigió una investigación clara, profunda y sin opacidad.

Los senadores también solicitarán una reunión con el secretario Omar García Harfuch para conocer el estado de la estrategia de seguridad federal. El PAN recordó que su respaldo no fue un cheque en blanco y exigió explicaciones por los recientes hechos violentos en varios estados del país.

La reacción evidencia una creciente desconfianza hacia el control de la violencia en la capital y la eficacia del gabinete de seguridad. Cuando el crimen toca el núcleo del poder local, no bastan discursos: se necesitan resultados, verdad pública y responsables ante la ciudadanía.

La Secretaría de Marina confirmó que un piloto de puerto del gobierno de Nueva York maniobraba el Buque Escuela Cuauhtémoc al momento del accidente ocurrido el 17 de mayo, en el que murieron dos cadetes mexicanos. El almirante Raymundo Morales explicó que, conforme a normas internacionales, la embarcación debía ser guiada por un especialista local.

El buque, con 180 personas a bordo, se preparaba para zarpar hacia Islandia cuando impactó en el área del puente de Brooklyn. Según la Marina, el piloto tuvo apenas 90 segundos para reaccionar. La investigación está a cargo de autoridades estadounidenses, quienes podrían tardar al menos 30 días en presentar un informe preliminar.

Aunque la Secretaría de Marina descartó especulaciones sobre fallas humanas, subrayó que la distancia entre el muelle y el puente era corta y redujo el margen de maniobra. Los cuerpos de los cadetes América Yamilet y Adal Jair fueron repatriados y homenajeados en la Escuela Naval de Veracruz, mientras que dos tripulantes siguen hospitalizados en Nueva York.

Luego del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos de Clara Brugada, la Jefa de Gobierno lamentó el crimen y aseguró que su administración mantendrá una “lucha implacable” contra la inseguridad. El ataque, cometido por un solo sicario en Calzada de Tlalpan, conmocionó a la clase política capitalina.

Durante un mensaje de seis minutos, Brugada expresó su pesar por la pérdida de dos figuras clave en su trayectoria política. Agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y prometió que las investigaciones seguirán con el mismo rigor que cualquier otro caso. La Fiscalía ya abrió una carpeta para esclarecer los hechos.

Si bien el llamado a la justicia es firme, el mensaje dejó preguntas abiertas: ¿cómo garantizar seguridad en la propia estructura de gobierno? El asesinato de funcionarios en funciones evidencia una crisis persistente que ni los discursos ni los abrazos solidarios alcanzan a resolver.