Tras una protesta frente al Senado, trabajadores del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sostuvieron una reunión con los legisladores José Antonio Álvarez Lima y Enrique Inzunza, presidentes de las comisiones dictaminadoras, para discutir la defensa de sus derechos laborales ante la eventual extinción del organismo.

En un comunicado, los empleados informaron que el diálogo permitió “avances significativos” y que sus propuestas fueron escuchadas. Los senadores aseguraron que llevarán los planteamientos al Pleno y que existe disposición para incluir una reserva que garantice sus derechos laborales en la próxima discusión legislativa.

Aunque el encuentro abre una vía institucional para atender sus exigencias, el riesgo de que la desaparición del IFT deje sin garantías a cientos de trabajadores persiste. En medio de una reforma apresurada, el caso exhibe la falta de claridad sobre cómo proteger la experiencia técnica sin politizar la función reguladora de los órganos autónomos.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, podría comparecer la próxima semana ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Según Ricardo Monreal, el encuentro permitiría revisar avances en la Estrategia Nacional de Seguridad y responder dudas sobre reformas en materia de investigación.

Durante su última visita a San Lázaro en noviembre de 2024, Harfuch se comprometió a sostener encuentros periódicos con legisladores, los cuales no se concretaron. Ahora, los diputados buscan retomar el diálogo frente a los recientes episodios de violencia y el debate sobre nuevas facultades para la SSPC.

Si bien la disposición al diálogo es necesaria, la falta de seguimiento a acuerdos previos y la creciente tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo evidencian una débil coordinación institucional. La comparecencia podría ser una oportunidad para rendir cuentas, pero también para redefinir los límites de la seguridad sin comprometer derechos fundamentales.

A días de la elección judicial, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó al INE y al TEPJF a intervenir ante denuncias por presuntos “acordeones” para inducir el voto a favor de candidatos afines a Morena. Subrayó que el proceso debe garantizarse con libertad y secrecía.

Durante su conferencia, Sheinbaum aseguró que quien realmente garantiza la democracia “es el pueblo”. Sin embargo, justificó la difusión de listas de todos los sectores, incluso aquellas que provendrían “de la derecha”, minimizando la gravedad de la intervención partidista.

Aunque Sheinbaum invocó la legalidad electoral, el uso de propaganda encubierta expone riesgos de cooptación del voto. Que sea el propio Ejecutivo quien llama a votar “libremente” mientras simpatizantes promueven listas prellenadas, abre la puerta a dudas sobre la autenticidad del proceso.

La presidenta Claudia Sheinbaum canceló su reunión con la CNTE este 23 de mayo, tras el bloqueo al Palacio Nacional y la agresión a reporteros. Aunque aseguró que ya existía una mesa acordada, cuestionó la necesidad de paralizar vialidades y afectar a la ciudadanía.

Al mismo tiempo, maestros de la CNTE instalaron plantones frente a las Terminales 1 y 2 del AICM. La protesta provocó demoras, suspensión temporal de vuelos y tensión entre usuarios, quienes fueron obligados a caminar con equipaje ante el cierre de accesos.

Si bien la CNTE insiste en que las afectaciones son responsabilidad del gobierno, la falta de diálogo agrava el conflicto. La confrontación entre exigencias legítimas y el uso de la vía pública como medida de presión plantea un reto mayúsculo: cómo hacer valer derechos laborales sin desbordar los límites del derecho ciudadano a la movilidad y a la seguridad.

Claudia Sheinbaum celebró la sentencia dictada en Florida contra Genaro García Luna y su esposa, al considerarla una prueba del esquema de desvío de recursos públicos operado durante los gobiernos de Calderón y Peña Nieto. Señaló que el exsecretario de Seguridad Pública usó su cargo para beneficiar a empresas vinculadas a su familia mediante sobrecostos.

La presidenta criticó que, a pesar de esta evidencia, tribunales en México no reconozcan el desfalco, al permitir que la esposa del exfuncionario acceda a cuentas congeladas. Recalcó que los más de 48 mil millones de pesos que deben restituirse al Estado equivalen al presupuesto anual de programas sociales como Mujeres Bienestar.

El caso reafirma el rezago judicial en México frente a delitos de cuello blanco. La impunidad institucionalizada en gobiernos anteriores debe ser discutida públicamente si se aspira a restaurar la confianza en la justicia y el uso del dinero público.

Petróleos Mexicanos (Pemex) alista una reestructura administrativa que implicaría la eliminación de 3 mil plazas de personal de confianza, con el objetivo de generar un ahorro estimado en 10 mil 494 millones de pesos. La propuesta plantea eliminar áreas duplicadas y reducir el gasto en nómina, viáticos y tiempos extras.

El plan, fechado en abril, contempla la cancelación de direcciones, subdirecciones y gerencias, pero también la creación de nuevas áreas estratégicas para optimizar funciones. Además, se consideran transferencias presupuestales entre áreas y la supresión de plazas sindicalizadas vacantes como parte del ajuste.

Aunque fuentes internas aseguran que no habrá despidos masivos, el rediseño responde a una necesidad urgente de eficiencia operativa y control de gasto. Sin embargo, en un contexto de alta deuda y productividad cuestionada, el impacto real dependerá de su implementación y del equilibrio entre austeridad y operación efectiva.

Marcelo Ebrard anunció el arranque de licitaciones para 14 nuevos Polos de Desarrollo Económico del Plan México. Estos espacios contarán con incentivos fiscales y respaldo de autoridades federales, estatales y municipales para atraer inversión nacional e internacional.

Los sectores prioritarios incluyen la industria automotriz, farmacéutica, textil, energética, aeroespacial y agroindustrial, entre otros. Las sedes abarcan desde Seybaplaya, Campeche, hasta Chetumal, Quintana Roo, con presencia en 14 estados estratégicos del país.

Si bien el anuncio fortalece el discurso de reindustrialización, persiste el reto de asegurar que estas zonas generen empleos sostenibles, desarrollo equitativo y beneficios locales reales. Sin transparencia en licitaciones ni evaluación del impacto territorial, el riesgo de repetir errores de zonas industriales pasadas sigue latente.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que sostuvo su séptima conversación telefónica con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, para abordar nuevamente los aranceles impuestos a productos mexicanos. El diálogo, según indicó, se centró en buscar caminos para reducir estas medidas comerciales.

A lo largo de los últimos meses, ambos mandatarios han intercambiado mensajes con el objetivo de preservar la relación bilateral y disminuir las afectaciones económicas que impactan a exportadores y consumidores. Sin embargo, los avances se han mantenido reservados y sin acuerdos firmes.

Si bien Sheinbaum aseguró que “seguimos negociando”, el contexto de tensiones proteccionistas en EE.UU. y la falta de certidumbre regulatoria en México hacen incierto el desenlace; el reto será lograr un acuerdo justo que proteja a la industria nacional sin ceder soberanía o comprometer empleos en sectores clave.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que no existen avances en la negociación con la CNTE, luego de que el magisterio disidente bloqueara los accesos a Palacio Nacional. Señaló que, pese al intento de impedir la mañanera, esta se llevó a cabo de forma virtual.

Además, Sheinbaum condenó la agresión cometida por manifestantes contra un youtuber que asiste regularmente a sus conferencias, calificando el acto como inaceptable y ajeno a los principios de una protesta legítima. Subrayó que corresponde a la CNTE deslindarse de esas acciones.

Aunque el diálogo permanece abierto, la falta de resultados concretos refleja un desgaste que pone en duda la voluntad política para atender demandas históricas del sector. El gobierno insiste en mostrarse dispuesto a escuchar, pero sin medidas claras ni soluciones efectivas, las protestas seguirán marcando la relación entre el magisterio y el Estado.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el gobierno mexicano no fue notificado por Estados Unidos sobre la deportación de Jesús Muñoz Gutiérrez a Sudán del Sur. Según la mandataria, no se activó ningún protocolo de repatriación, a pesar de tratarse de un ciudadano mexicano acusado de homicidio en EE.UU.

Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense argumentó que “ningún país quería aceptarlos por sus crímenes monstruosos”, por lo que recurrieron a un tercer país dispuesto a recibirlo. Ante esto, México anunció que buscará a Muñoz Gutiérrez para saber si desea ser repatriado, en cuyo caso Estados Unidos deberá facilitar su regreso.

Este episodio no solo tensa la relación diplomática, sino que deja preguntas sobre la legalidad y la ética de los procesos migratorios con antecedentes penales. Cuando el Estado mexicano no es parte activa en decisiones que afectan a sus ciudadanos, se debilita la noción misma de soberanía y protección consular.