La presidenta Claudia Sheinbaum desmintió el presunto hackeo a la plataforma trabajaen.gob.mx, señalando que no hubo exposición de datos personales ni afectación a la infraestructura digital del Gobierno Federal. Calificó la noticia como una “fake news” difundida sin pruebas por actores interesados en generar alarma.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum aseguró que los sistemas están protegidos y que no se ha detectado ninguna brecha en los registros oficiales. Afirmó que ya se investigan los rumores, pero descartó cualquier riesgo para los aspirantes o trabajadores del Estado mexicano.

Aunque la presidenta minimiza el tema, los señalamientos de ciberseguridad deberían tomarse con mayor seriedad. La confianza en los portales públicos exige más que desmentidos: requiere protocolos, transparencia y auditorías independientes que respalden lo que se afirma desde el micrófono presidencial.

Ante la posibilidad de que Estados Unidos imponga sanciones a Hugo López-Gatell y Zoé Robledo por contratar médicos cubanos, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la medida como una decisión legítima del Gobierno mexicano. Aseguró que se tomó para garantizar atención médica a la población más vulnerable.

La advertencia de Washington incluiría la suspensión de visas a funcionarios involucrados. Sin embargo, Sheinbaum reiteró que su administración prioriza el derecho a la salud y que los médicos cubanos fueron una solución emergente ante el déficit en zonas marginadas del país.

Aunque la postura presidencial resalta la soberanía sanitaria, el tema podría escalar en la agenda bilateral. En lugar de polarizar, sería prudente abrir espacios de diálogo técnico y diplomático que no comprometan ni la cooperación internacional ni el bienestar de las comunidades mexicanas.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que Morena, junto al PT y PVEM, ganó 16 de los municipios más grandes de Durango. Según los datos preliminares del PREP, esto representa el control del 33% de la población, el doble de lo alcanzado en 2022.

En Veracruz, Morena gobernará 112 municipios, elevando su cobertura poblacional al 65%. Aunque el cómputo distrital aún no concluye, Sheinbaum subrayó que los resultados reflejan un respaldo amplio a la coalición que la llevó al poder en 2024.

Sin embargo, más allá del triunfalismo, los datos invitan a analizar la calidad democrática del proceso. La participación ciudadana y las condiciones de equidad siguen siendo factores clave para validar estos logros más allá de los porcentajes y el control territorial.

El abogado de origen mixteco mixteco y exfuncionario del INPI, Hugo Aguilar Ortiz se perfila como presidente de la Suprema Corte. Con más de 4.8 millones de votos, fue el candidato más respaldado en la inédita elección popular del Poder Judicial, según el 86% del cómputo distrital.

Aguilar es originario de Tlaxiaco, Oaxaca, y trabajó en derechos indígenas en la ONU-DH y el gobierno federal. Su elección marca un giro simbólico: sería el primer indígena al frente del máximo tribunal. Su presidencia iniciará en septiembre y durará dos años, antes de rotar entre los 11 nuevos ministros.

Si bien su perfil representa una narrativa de inclusión, el proceso que lo llevó a la Corte sigue en entredicho. La participación fue baja, los votos nulos crecieron y la independencia judicial está en debate. ¿Puede haber justicia legítima si el método de selección ya divide a la sociedad?

Con el avance de los cómputos distritales, cinco aspirantes ya destacan como los más votados para integrar el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, órgano que sustituirá al Consejo de la Judicatura y castigará a jueces, ministros y magistrados corruptos o faltos de ética.

Celia Maya, Eva de Gyves, Bernardo Bátiz, Indira García y Rufino León lideran las preferencias, según el último corte del INE. Este tribunal tendrá funciones clave en el nuevo modelo de justicia promovido desde la reforma constitucional al Poder Judicial.

Aunque el objetivo es garantizar profesionalismo e independencia, la conformación por voto directo y el perfil político de varios aspirantes abren un debate profundo: ¿es posible asegurar imparcialidad cuando el proceso que los eligió ya fue tachado de opaco y politizado?

La jornada electoral de este domingo en Veracruz estará marcada por la violencia política. Durante el proceso han sido asesinados al menos cuatro aspirantes a cargos municipales y dos funcionarios, según organizaciones como Data Cívica, también se han reportado secuestros, atentados y ataques armados contra autoridades.

Veracruz elegirá mil 54 cargos locales y también participará en la elección judicial nacional. Aunque Morena y sus aliados mantienen mayoría en la entidad, la violencia ha permeado principalmente en los municipios, donde el crimen organizado busca influencia directa sobre gobiernos locales.

El clima de inseguridad expone la fragilidad del sistema democrático en regiones donde el poder se disputa con armas y no con votos; en un contexto así, la ciudadanía enfrenta no sólo la presión de elegir, sino también el temor de hacerlo en libertad.

El INAH reportó que, de 2018 a la fecha, México ha recuperado 16 mil 244 bienes arqueológicos y etnográficos. Estados Unidos encabeza la lista de países que han repatriado piezas, seguido por España, Italia y naciones de Europa y América Latina.

Diego Prieto, director del Instituto, destacó que tan solo en ocho meses del actual gobierno se lograron rescatar 2 mil 82 piezas, superando en ese periodo los resultados de administraciones pasadas. Entre los hallazgos figura una pieza Olmeca en Los Ángeles.

Además, el titular del INAH abordó el tema del Penacho de Moctezuma y los restos de Porfirio Díaz; señaló que no se busca generar tensiones diplomáticas con Austria o Francia, sino avanzar en soluciones respetuosas y académicas para el patrimonio nacional. En contraste, fue más tajante con el caso de Porfirio Díaz, al afirmar que “los restos del autoritarismo no deben volver”.

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó reunirse directamente con la CNTE, pese a las protestas que paralizan el Zócalo desde el 15 de mayo. Señaló que las negociaciones continuarán a través de SEP, ISSSTE, Hacienda y Segob, pero sin presencia presidencial en la mesa.

Sheinbaum cuestionó la presión ejercida por el magisterio disidente, aunque reiteró su disposición al diálogo institucional, así como admitió que algunas demandas no son viables por falta de recursos, y pidió esperar la consulta interna de la Coordinadora antes de definir acciones.

Sin embargo, la negativa a recibirlos evidencia una distancia política con el sector docente que fue clave para el proyecto de izquierda; la posibilidad de boicot a la elección judicial y el estancamiento de las negociaciones podrían escalar el conflicto si el gobierno no ofrece soluciones reales y directas.

Durante un foro para observadores internacionales, Guadalupe Taddei (INE) y Mónica Soto (TEPJF) exhortaron a participar en la elección judicial del 1 de junio, así como reiteraron que el voto es libre, informado y esencial para sostener la democracia, incluso si la ciudadanía lleva anotaciones para recordar sus decisiones.

Taddei reconoció los retos logísticos del proceso, tras suspensiones judiciales y un recorte presupuestal, pero afirmó que el INE ya capacitó más de 316 mil observadores. También defendió la legalidad del proceso y la validez del acompañamiento ciudadano en la cadena de custodia.

Por su parte, Soto denunció los intentos por frenar la elección desde el Poder Judicial. Aclaró que abstenerse es legal, pero llamar a no votar socava los principios democráticos; en medio de cuestionamientos, la postura oficial insiste en blindar el proceso desde lo institucional, aunque la legitimidad política sigue siendo el gran desafío.

La directora nacional de Jufed, Juana Fuentes Velázquez, sostuvo una reunión con la OEA ( Organización de los Estados Americanos ) para advertir sobre irregularidades en la elección judicial. Entre ellas, denunció la entrega masiva de “acordeones” con nombres de candidaturas afines a Morena, lo que consideró una cooptación del voto.

Según la jueza, esta estrategia busca imponer perfiles cercanos al oficialismo y desmantelar al único poder que aún actúa como contrapeso del Ejecutivo. Además, anunció que llevarán la documentación del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Aunque el gobierno insiste en presentar esta reforma como un ejercicio democrático, los señalamientos internacionales sugieren lo contrario; lo que se vota no es una justicia cercana a la gente, sino una estructura partidista disfrazada de legalidad.