La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que no se ofrecerán más detalles sobre el asesinato de dos integrantes del equipo de Clara Brugada hasta que existan avances sustanciales en la investigación. La decisión fue tomada junto con la FGR, la Fiscalía capitalina y la Policía de la Ciudad de México.

El secretario Omar García Harfuch afirmó que se trata de un caso delicado y justificó la reserva de información como una estrategia para proteger el proceso. A tres semanas del crimen, no hay detenidos ni se conocen líneas claras de investigación.

El hermetismo contrasta con la gravedad del hecho: un ataque directo contra operadores políticos en plena capital del país. El silencio institucional, lejos de fortalecer la confianza, deja expuesto al gobierno ante sospechas de opacidad y falta de control frente a hechos violentos con implicaciones políticas.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó que los detenidos implicados en el asesinato de elementos de la Guardia Nacional en Michoacán son de origen colombiano. Tres de ellos cuentan con entrenamiento militar y todos ingresaron legalmente al país a través del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Detalló que se trata de exmilitares reclutados por el crimen organizado. El Cártel Jalisco Nueva Generación ha incorporado con mayor frecuencia a colombianos entre sus filas, aunque también se han documentado casos vinculados al Cártel de Sinaloa.

El caso ha encendido alertas sobre el creciente uso de perfiles extranjeros con formación táctica por parte de grupos delictivos. Esta tendencia refuerza la necesidad de reforzar controles migratorios, cooperación internacional y monitoreo de perfiles con historial militar para prevenir futuras infiltraciones en estructuras criminales locales.

Durante la presentación del informe de seguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó una disminución del 25.8% en el promedio diario de homicidios dolosos, al pasar de 86 a 64 crímenes entre mayo de 2024 y mayo de 2025. Además, destacó que siete estados concentran el 51.6% de los asesinatos, encabezados por Guanajuato y Baja California.

Omar García Harfuch informó la detención de 23,417 personas por delitos de alto impacto, el aseguramiento de más de 12 mil armas y casi mil laboratorios clandestinos, junto con 172 toneladas de drogas. En paralelo, el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz” permitió recuperar más de mil 500 armas y 81 mil cartuchos.
Ahora, si bien la Secretaría de Seguridad afirmó que estas cifras reflejan avances en la estrategia federal, nadie puede negar que todavía existe el reto de erradicar la violencia estructural en varias regiones, es importante recordar que esta baja en cifras no resuelve por sí sola las causas profundas del crimen ni sus raíces sociales.

Desde el domingo, habitantes de Puerto las Ollas, en Coyuca de Catalán, Guerrero, denuncian ataques de presuntos integrantes de La Familia Michoacana. Las agresiones incluyen incendios de viviendas, disparos y el derribo de torres de comunicación, lo que ha dejado incomunicadas a varias comunidades de la Sierra Madre del Sur. Al menos un niño habría resultado herido, y otros habitantes permanecen refugiados o desaparecidos.

Vecinos relatan que las familias están huyendo por caminos rurales, mientras otras permanecen encerradas por miedo. Hasta el momento, afirman que ni autoridades locales ni federales han intervenido, a pesar de las múltiples solicitudes de ayuda. La situación se agrava con la escasez de alimentos y el aislamiento.

En un contexto de abandono institucional, los pobladores temen que la violencia se prolongue. La omisión de las autoridades pone en riesgo a cientos de personas y plantea preguntas serias sobre la capacidad del Estado para proteger a sus comunidades rurales.

El canciller Juan Ramón de la Fuente informó que 42 mexicanos fueron detenidos en Los Ángeles durante redadas realizadas en una tienda Home Depot y una fábrica textil. Cuatro de ellos ya han sido deportados, mientras el resto permanece bajo atención consular.

De la Fuente señaló que la mayoría de los detenidos son trabajadores y que dos contaban previamente con órdenes de remoción, mientras otros dos aceptaron la deportación voluntaria. Las redadas coinciden con los disturbios recientes registrados en esa ciudad.

México enfrenta nuevamente los efectos de la política migratoria estadounidense bajo el gobierno de Donald Trump, en un contexto de creciente presión para los migrantes. El caso vuelve a exponer los límites de la diplomacia mexicana para proteger a su diáspora frente a las acciones unilaterales de Washington.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó su asistencia a la próxima cumbre del G7 en Canadá, donde participará como invitada especial tras la invitación del primer ministro canadiense, Mark Carney. México no es miembro del bloque, pero buscará presencia en las discusiones multilaterales.

Sheinbaum viajará en avión comercial, señalando las limitaciones de conectividad aérea para llegar a Kananaskis, sede del encuentro. Aunque no lo ha confirmado, dejó abierta la posibilidad de sostener un encuentro bilateral con Donald Trump durante su estancia.

La asistencia de Sheinbaum al G7 busca proyectar a México en foros de alto nivel, pero también evidencia la compleja inserción del país en la dinámica de las grandes potencias. La visita ocurre en un contexto donde los equilibrios geopolíticos, particularmente con Estados Unidos y el bloque occidental, serán determinantes para su política exterior.

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, acusó directamente a elementos de seguridad de Guatemala de estar coludidos con delincuentes. Lo hizo tras un incidente violento registrado en territorio guatemalteco, compartiendo una fotografía en redes como única “prueba”.

Sin presentar evidencia contundente, Ramírez lanzó una grave acusación que tensa aún más la ya frágil relación fronteriza. En lugar de coordinar una respuesta diplomática o de seguridad regional, optó por el escándalo mediático.

La frontera sur es un polvorín de impunidad y crimen organizado, pero el gobernador prefiere culpar a terceros antes que rendir cuentas por la falta de control en su propio territorio. ¿Es esta una advertencia legítima o una maniobra para desviar responsabilidades? Mientras tanto, las comunidades fronterizas siguen atrapadas entre el abandono y la violencia.

Ante cuestionamientos sobre la posibilidad de que Felipe Calderón hubiera encubierto a Genaro García Luna, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que corresponde al expresidente ofrecer una explicación sobre el tema. Sin embargo, no indicó que su gobierno iniciaría una investigación formal sobre la supuesta responsabilidad política de Calderón.

Aunque la mandataria enfatizó que busca justicia y no revancha, hasta ahora no se han anunciado medidas concretas para examinar el papel del expresidente en relación con García Luna, quien fuera su secretario de Seguridad y que enfrenta acusaciones graves por vínculos con el narcotráfico.

Sheinbaum reiteró que la evaluación sobre estos asuntos corresponde también a la opinión pública, sin precisar futuras acciones institucionales o legales. Hasta el momento, ninguna autoridad ha anunciado investigaciones específicas dirigidas hacia Felipe Calderón respecto a estos señalamientos.

El primer año de operación del Tren Maya ha evidenciado una grave ineficiencia financiera: por cada peso que generó en ingresos, necesitó 108 pesos del erario. Según la Cuenta Pública 2024, la paraestatal militar requirió 29 mil 912 millones de pesos para operar, pero apenas recaudó 276 millones. Ni siquiera alcanzó para cubrir los salarios de sus mil 700 empleados.

El director del proyecto, David Lozano Águila, reconoció que el transporte de pasajeros no bastará para hacerlo rentable, y que el equilibrio financiero dependerá de un esquema de carga aún inexistente. A pesar del subsidio federal millonario, los gastos siguen creciendo: para 2025 se proyectan 827 millones en salarios y otros 680 millones en operación. La información detallada sobre costos sigue clasificada como reservada.

Fonatur transfirió oficialmente los activos del proyecto, valuados en 470 mil millones de pesos, a una paraestatal militar y al INAH. Pero el costo real de construcción aún es desconocido. En lugar de ser un modelo de eficiencia pública, el Tren Maya representa un ejemplo de opacidad y derroche disfrazado de infraestructura estratégica.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene su plantón en el Zócalo tras no lograr consenso sobre el fin de la huelga, que ya suma 22 días. Oaxaca propuso levantarlo, pero el resto de delegaciones pidieron más tiempo para buscar unidad.

Mientras tanto, persisten los roces internos y los choques con el gobierno. La toma de las oficinas del SNTE y los altercados afuera de Gobernación tensaron aún más el conflicto, que gira en torno a la exigencia de derogar la reforma del ISSSTE de 2007 y regresar al sistema de pensiones solidarias.

El Ejecutivo insiste en no ceder ante la demanda central por falta de presupuesto, ofreciendo en su lugar aumentos salariales y apoyos parciales a los retiros. La CNTE, dividida y debilitada en su movilización, enfrenta ahora el dilema de sostener la presión o asumir un desgaste político mayor.