La Casa Blanca anunció que iniciará investigaciones contra grupos y personas de izquierda, a quienes acusa de incitar violencia tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. Donald Trump, junto con sus asesores más cercanos, prometió usar al Departamento de Justicia y al de Seguridad Interna para “desmantelar” estas redes, e incluso mencionó como objetivos a fundaciones como Open Society y Ford.

Aunque el atacante de Kirk no pertenece a movimientos progresistas, la administración republicana ha impulsado una narrativa que responsabiliza a la izquierda radical. Expertos advierten que se trata de un retorno al macartismo y a la represión de los años 50 y 60, cuando se criminalizó a voces críticas y académicas vinculadas a derechos civiles.

Universidades, medios y organizaciones filantrópicas ya denuncian intimidación y listas negras. El riesgo es que, bajo la bandera de la seguridad, se erosione la libertad de expresión y se asiente un precedente de persecución política en Estados Unidos.

La Cámara de Diputados aprobó con 438 votos una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor que obliga a proveedores a permitir la cancelación inmediata de suscripciones y membresías con cobros recurrentes. La propuesta fue presentada por Ricardo Monreal y avalada en fast track, tras dispensarse los trámites legislativos.

El coordinador de Morena justificó la urgencia al relatar que él mismo fue víctima de un servicio que no pudo cancelar, lo que lo llevó a caer en buró de crédito. La iniciativa ahora pasará al Senado para su discusión y eventual aprobación.

La reforma establece que los proveedores deberán informar de manera clara si un servicio implica cobros automáticos, además de notificar con cinco días de anticipación cualquier renovación. También se prohíben penalizaciones por cancelación y se exige contar con mecanismos accesibles y eficaces para poner fin al servicio.

El abogado zacatecano Juan Francisco Rodríguez Smith Mac Donald negó haber tramitado amparos a favor de Gonzalo y Andrés Manuel López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía de Zacatecas por usurpación de identidad y falsificación de documentos. El litigante aseguró que su nombre fue usado sin autorización, como ya ocurrió hace tres años en un recurso vinculado a Rafael Caro Quintero.

Rodríguez Smith, de 34 años, explicó que apenas inició su carrera profesional hace dos años y que nunca ha tenido relación con los casos en los que se le involucra. Señaló que le preocupa ser usado como “conejillo de indias” en estrategias jurídicas irregulares y recordó que en el expediente incluso aparece un nombre distinto al suyo, lo que confirma la falsificación.

El abogado cuestionó cómo fue posible que un amparo sin firma electrónica fuese autorizado por un juzgado federal, cuando la normatividad exige el uso de la Firel. “Si no denuncio, lo harán otra vez”, dijo. El caso expone la vulnerabilidad del sistema judicial frente al uso indebido de identidades en trámites sensibles y reaviva las tensiones políticas en torno a los hijos del exmandatario.

El senador Adán Augusto López Hernández rechazó este miércoles sentir preocupación por las declaraciones que pueda rendir Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad en Tabasco durante su gestión como gobernador y recientemente detenido en Paraguay. “¿Y si Bermúdez canta? Pues sabe cantar, ¿no?”, respondió con ironía ante los cuestionamientos de la prensa.

López Hernández afirmó que nunca recibió reportes ni advertencias sobre presuntas actividades ilícitas de Bermúdez, a quien se le vincula con la organización criminal La Barredora. El legislador por Morena aseguró que está en plena disposición de aclarar cualquier señalamiento y descartó dejar su escaño en el Senado por este caso.

Mientras tanto, el Ministerio Público de Paraguay confirmó la expulsión de Bermúdez, alias “El Abuelo”, hacia México, tras desistirse la solicitud formal de extradición. La decisión permitió que un juez paraguayo dejara sin efecto el proceso judicial. El episodio, que liga de nuevo la política con el crimen organizado, abre preguntas incómodas sobre los controles institucionales y la cercanía de funcionarios con redes criminales.

La enfermedad de Chagas, causada por el parásito Trypanosoma cruzi y transmitida por chinches conocidas como vinchucas, dejó de ser un problema ajeno a América Latina y se reconoce ahora como endémica en Estados Unidos. Un informe de los CDC advierte que la falta de vigilancia y diagnóstico temprano ha permitido que se propague silenciosamente en varios estados del sur y, con el cambio climático, incluso más al norte.

Aunque los síntomas iniciales son leves, hasta un 30 % de los infectados desarrolla complicaciones graves como insuficiencia cardíaca o accidentes cerebrovasculares. Se estima que unas 280 mil personas en EE.UU. viven con la enfermedad, muchas sin saberlo. Casos en humanos ya han sido registrados en ocho estados, mientras que mamíferos silvestres y domésticos infectados se reportan en al menos 17.

Expertos subrayan que declarar al Chagas endémico sería un “cambio de juego”, al abrir la puerta a campañas de prevención, pruebas masivas y políticas públicas como las aplicadas en Chile, Bolivia o Argentina. Sin embargo, en EE.UU. los programas para controlar chinches son casi inexistentes. La urgencia es clara: sin acción coordinada, el costo humano y sanitario seguirá creciendo.

Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha consolidado su posición como el principal proveedor de cocaína hacia Estados Unidos, reveló The Wall Street Journal. El ascenso se debe a una alianza estratégica con “Los Chapitos”, quienes le permitieron usar sus rutas y túneles fronterizos a cambio de armas, dinero y sicarios.

El diario señala que Oseguera, de 59 años, se mantiene oculto en la Sierra Madre Occidental, protegido por un grupo armado con lanzacohetes RPG-7 capaces de perforar tanques. Además del narcotráfico, el CJNG obtiene enormes ganancias del robo y contrabando de combustible en México, actividad dirigida por Iván Cazarín Molina, apodado “El Tanque”.

La división interna del Cártel de Sinaloa entre “Chapitos” y “Mayitos” facilitó el avance del CJNG, que ahora controla gran parte de la cocaína proveniente de Sudamérica. El retrato de Oseguera como “nuevo rey” refleja la mutación del mapa criminal mexicano y el impacto directo en la seguridad regional y binacional.

Desde el 15 de septiembre comenzó el registro digital de la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundarias públicas de nuevo ingreso y para quienes cursan primero o segundo y aún no la reciben. El trámite es gratuito y se realiza en becaritacetina.gob.mx con la Llave MX, que debe crear o usar la madre, el padre o tutor. El apoyo asciende a 1,900 pesos bimestrales y contempla 700 pesos extra en hogares con más de dos hijos en secundaria.

Para inscribirse, se validan CURP y datos de contacto, se suben identificación oficial y comprobante de domicilio, y luego se registra al estudiante con su CURP y la CCT de la escuela. El sistema precarga información y solicita nivel, turno, grado y parentesco; al final se genera un comprobante de registro.

Aunque el proceso es simple, exige conectividad, documentos digitalizados y seguimiento puntual. Conviene evitar gestores, revisar diariamente el calendario de septiembre y conservar el comprobante para futuras verificaciones.

A partir del 1 de octubre entrará en vigor la disposición oficial que obliga a todos los usuarios de banca electrónica a establecer un Monto Transaccional del Usuario (MTU), es decir, el límite máximo de dinero que podrá transferirse mediante operaciones SPEI, CoDi o Dimo. La medida busca reforzar la seguridad y prevenir delitos financieros como el lavado de dinero.

El monto será definido por cada cliente, de acuerdo con sus necesidades. Sin embargo, en caso de no hacerlo, el sistema fijará de manera automática un máximo de 12 mil 360 pesos por transacción. Autoridades precisaron que el límite dependerá del tipo de cuenta, el historial transaccional y el perfil del usuario, lo que implica que cuentas básicas tendrán un tope menor en comparación con cuentas corporativas.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México señalaron que este mecanismo permitirá mayor control en el sistema financiero. No obstante, especialistas advierten que el cambio puede representar un reto para quienes acostumbran transferencias de mayor monto, obligando a usuarios y empresas a redefinir su planeación financiera. La discusión sobre si el MTU será una barrera o una garantía de seguridad apenas comienza.

México, Estados Unidos y Canadá iniciaron el proceso de consultas previo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), programada para julio de 2026. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció que los sectores involucrados en el país tendrán 60 días para enviar comentarios y propuestas a través de un mecanismo digital publicado en el Diario Oficial de la Federación.

En paralelo, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos informó que además de recabar opiniones, celebrará una audiencia en noviembre para definir los capítulos a revisar. Canadá, por su parte, acompaña el inicio de este proceso con la visita oficial de su primer ministro, Mark Carney, quien se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum para discutir comercio, energía y seguridad como ejes de integración regional.

El TMEC, vigente desde 2020, representa el 29% del PIB mundial y ha permitido a México un crecimiento sostenido de exportaciones, con aumentos de hasta 38% hacia Estados Unidos y 32% hacia Canadá. Sin embargo, la revisión abre interrogantes: ¿logrará México defender los beneficios alcanzados y, al mismo tiempo, negociar nuevas condiciones en un escenario global marcado por el proteccionismo y la competencia de otros bloques económicos?”

Durante la ceremonia previa al desfile militar por el 215 aniversario de la Independencia, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, afirmó que la institución dio un “golpe de timón” contra la corrupción y la impunidad. Reconoció que altos mandos navales estuvieron involucrados en el robo y tráfico de combustible, pero subrayó que “hubiera sido imperdonable callarlo”, al recalcar que la Marina actuó con honestidad y transparencia.

Ante la presidenta Claudia Sheinbaum, representantes del gabinete y delegaciones extranjeras, Morales aseguró que cualquier desafío será enfrentado con honor, lealtad y deber. Sin mencionar directamente a los implicados en la red de huachicol fiscal, sostuvo que la decisión de exponer los hechos fue un ejercicio de congruencia y compromiso con el pueblo, al reiterar que “la verdad nos fortalece y la justicia nos determina”.

El almirante destacó que con la Cuarta Transformación no hay marcha atrás en el combate a la corrupción y que la Marina seguirá siendo una de las instituciones más confiables del país. Sin embargo, el reto pendiente es profundo: más allá de los discursos, el verdadero desafío será evitar que estos esquemas ilícitos vuelvan a enquistarse en estructuras de poder, lo que pondría a prueba la credibilidad del Estado mexicano.