Gerardo Fernández Noroña acusó a la oposición de evadir el debate sobre la reforma constitucional conocida como “la Barredora”, que busca desaparecer órganos autónomos como el INAI y el INE. Señaló que no han querido discutir porque “no tienen manera de justificar su cobardía” y aseguró que Morena impulsará esta transformación sin freno.

El diputado sostuvo que dichos organismos no sirven al pueblo y que deben ser eliminados para dar paso al segundo piso de la Cuarta Transformación. Ante la falta de acuerdos, advirtió que la mayoría oficialista avanzará sin modificaciones, confiando en que los votos y la legitimidad electoral alcanzan para imponer los cambios.

Lo preocupante no es solo la intención de reformar, sino el tono con que se pretende hacerlo. Si el Parlamento se vuelve un simple trámite, la democracia corre el riesgo de ser arrasada junto con las instituciones que hoy se buscan desaparecer.

En un gesto que tensó aún más el clima legislativo, Ricardo Monreal defendió públicamente al priista Alejandro Moreno, cuestionando el intento de desafuero promovido por la Fiscalía de Campeche. Aunque dijo no coincidir con su estilo político, sostuvo que no existen bases jurídicas sólidas y que ningún actor debe ser juzgado por “venganzas” desde el poder.

El señalamiento llega mientras el Congreso discute si Moreno debe perder el fuero por presunto enriquecimiento ilícito. Desde Morena, el respaldo de Monreal generó sorpresa, pues marca distancia con los sectores duros del oficialismo y reaviva suspicacias sobre alianzas ocultas. Aun así, el senador insistió en defender el debido proceso.

Al amparo del discurso jurídico, se desliza una estrategia política más amplia: proteger a los aliados útiles, incluso si ya no lo parecen. Mientras tanto, la justicia queda atrapada entre cálculos partidistas y pactos de conveniencia que debilitan la credibilidad institucional.

Claudia Sheinbaum aseguró que la salida de Iberdrola fue una decisión empresarial tomada con el gobierno de López Obrador, sin intervención de su equipo de transición. Rechazó que se tratara de una imposición estatal y reiteró que su administración seguirá con el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad.

La venta de 13 plantas por más de 6 mil millones de dólares puso bajo control público buena parte de la generación eléctrica que antes operaba la empresa española. Aunque Sheinbaum calificó la operación como un acuerdo legítimo, distintos analistas la han leído como una nacionalización indirecta del sector energético privado.

El discurso oficial busca transmitir confianza, pero los hechos muestran otra cara: incertidumbre jurídica, presión política y reglas cambiantes. Más que un retiro voluntario, la salida de Iberdrola parece la consecuencia lógica de un entorno donde el margen empresarial se ha ido reduciendo cada vez más.

Legisladores de oposición exigieron al gobierno federal concretar un acuerdo con Estados Unidos ante la inminente imposición de aranceles al acero y al aluminio. Señalaron que es urgente evitar afectaciones a exportadores mexicanos, ya que aún no hay claridad sobre los alcances del entendimiento técnico alcanzado en julio entre ambos países. Pidieron mayor transparencia y definiciones inmediatas.

Desde el PAN y el PRI, acusaron opacidad en las negociaciones y falta de resultados concretos. Además, advirtieron que una mala estrategia podría repercutir en empleos, cadenas productivas y competitividad. Aunque la Secretaría de Economía aseguró que se mantiene el diálogo bilateral, no se ha dado a conocer una postura oficial sobre cómo se protegerán los intereses nacionales.

El riesgo de nuevos aranceles exhibe una fragilidad en la relación comercial con EE. UU. que el gobierno minimiza. ¿Se está priorizando el discurso diplomático por encima de la protección efectiva al sector industrial?

El gobierno de Claudia Sheinbaum logró un superávit primario de 286 mil millones de pesos en el primer semestre del año, superando por mucho los resultados del sexenio de AMLO. Sin embargo, este ahorro se dio en parte gracias a un recorte de 55% al gasto en salud, en comparación con el mismo periodo de 2023.

Mientras en educación el gasto creció 4%, en salud se aplicó un ajuste drástico que afectó sobre todo al IMSS y al programa IMSS-Bienestar. También se redujeron los fondos para la Secretaría de Salud y el ISSSTE, lo cual ha generado preocupación entre especialistas.

Aunque la disciplina fiscal busca enviar buenas señales a los mercados, el costo social es evidente. ¿De qué sirve ahorrar si se debilitan los servicios públicos esenciales? El reto para Sheinbaum será demostrar que el “orden” no significa abandono.

Desde este 1 de agosto, la Secretaría del Bienestar abrió inscripciones para cinco programas sociales. Cuatro son de alcance federal y uno estatal: Pensión Mujeres Bienestar, Apoyo a Madres Solteras, Vivienda para el Bienestar, Jóvenes Construyendo el Futuro y las Becas Edomex para estudiantes de escuelas privadas. Las fechas de registro varían según el programa, pero algunos ya están activos.

En cuanto a los montos, se otorgan apoyos bimestrales de hasta 3 mil pesos para adultas mayores, becas de hasta el 100% para colegiaturas, viviendas con opción a compra y empleos con ingreso mensual de 8,480 pesos para jóvenes. Algunas inscripciones se realizan por convocatoria, otras mediante visitas domiciliarias.

Estos programas ofrecen alivios necesarios, pero también reflejan una política social centrada en la asistencia y no en la transformación. Mientras no se garantice acceso universal a educación, empleo y vivienda, la desigualdad seguirá reproduciéndose.

Marcelo Ebrard confirmó que en 2019 el gobierno de Donald Trump amenazó a México con imponer aranceles del 25% como medida de presión para frenar la migración. Aunque la sanción nunca se aplicó, el anuncio generó tensión económica y diplomática, obligando a México a desplegar a la Guardia Nacional en su frontera sur como parte del acuerdo para evitar las tarifas.

Según Ebrard, Trump trató a México como “caso especial” y no pretendía afectar la relación bilateral. Afirmó que la presión fue más táctica que real y que el vínculo con Jared Kushner facilitó una salida diplomática. El exfuncionario presentó el episodio como una muestra de negociación eficaz y contención del conflicto.

Sin embargo, el relato también exhibe una fragilidad estructural: bastó una amenaza para redirigir decisiones soberanas. Si la política exterior depende de evitar el enojo de Washington, ¿cuánta autonomía real tiene México ante futuras presiones?

México reduce brecha económica al registrar un índice de Gini de 0.402, el más bajo desde que se tiene registro, de acuerdo con la última encuesta del INEGI. La caída refleja una menor desigualdad en el ingreso entre hogares, impulsada por transferencias sociales, alzas al salario mínimo y programas de apoyo económico.

Los mayores avances se observaron en los hogares de menores ingresos, que crecieron a mayor ritmo que los más ricos. Aun así, el 10% más adinerado mantiene el control del 30% del ingreso total, lo que indica que persisten concentraciones importantes de riqueza.

Este descenso histórico en desigualdad es alentador, pero no debe confundirse con equidad estructural. Mientras los indicadores mejoran, millones siguen enfrentando barreras de acceso a salud, educación y trabajo digno. La verdadera igualdad requiere transformar condiciones de origen, no solo resultados estadísticos.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, expresó su respaldo a la reforma electoral que Claudia Sheinbaum anunció como prioritaria. Aunque el contenido final aún no se conoce, Monreal argumenta que su bancada actua con “unidad y responsabilidad” para sacar adelante el proyecto en el Congreso.

La iniciativa contempla la reducción de legisladores plurinominales, ajustes al financiamiento público de los partidos y posibles cambios en la integración del INE. El morenista aseguró que la propuesta será revisada con apertura, pero bajo el compromiso de respaldar a la presidenta electa en sus reformas.

El respaldo automático de la bancada oficialista deja abierta la pregunta sobre el papel real del Congreso en este sexenio. Más que deliberación democrática, se vislumbra una maquinaria legislativa lista para obedecer, no para debatir.

La mayoría de Morena en la Comisión Permanente del Congreso volvió a rechazar este martes un punto de acuerdo propuesto por la oposición para debatir la operación “Barredora”. La estrategia, implementada por fuerzas federales en Chiapas y otros estados, ha sido señalada por posibles violaciones a derechos humanos y detenciones arbitrarias.

Legisladores del PAN y PRI buscaban llamar a comparecer a autoridades de seguridad y exigir informes públicos sobre los resultados de esta operación, que ha sido poco transparente. Sin embargo, la bancada oficialista bloqueó la propuesta por tercera ocasión consecutiva, argumentando razones de procedimiento legislativo.

El bloqueo al debate impide la rendición de cuentas sobre un operativo que ha generado temor entre comunidades rurales. Si el Congreso no puede discutir el uso de la fuerza, ¿quién exigirá límites y transparencia en nombre de la ciudadanía?